Un documento de la Policía revela que una brigada 'pata negra' revisa en "secreto" casos judicializados

"Secretas" y bajo "absoluta reserva". Así calificaba un documento interno de la Policía "las actuaciones o investigaciones" de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), un grupo policial creado esta Legislatura por el Ministerio del Interior para, sobre el papel, buscar "nuevas líneas de investigación" en operaciones en curso o ya cerradas. Sin embargo, las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto el departamento que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz han reactivado los recelos sobre las actividades de este grupo en el seno del propio Cuerpo Nacional de Policía, donde algunos consideran que fue creada "para 'fiscalizar' sin control judicial cualquier caso en marcha". Desde Interior, sin embargo, se defiende su existencia como un instrumento más para reactivar pesquisas atascadas o, simplemente, archivadas cuando aún no han prescrito. Vozpópuli ha tenido acceso al documento que en 2015, casi tres años después de la creación de este grupo policial, fijaba la "naturaleza" y "funciones" de la BARC. En el mismo, no se hace ninguna mención a la necesidad de una autorización de un juez para que este grupo de agentes 'pata negra' participe en una investigación aunque esté ya judicializada.

La BARC provoca recelos en el seno de la Policía, donde algunos consideran que fue creada "para 'fiscalizar' sin control judicial cualquier caso en marcha"

Dicho "protocolo de actuación" fue elaborado el 19 de mayo del año pasado y distribuido a las diferentes unidades de la Comisaría General de Policía Judicial días después para recordar a sus integrantes la obligación de colaborar con la nueva brigada. En poco más de dos folios de extensión, el documento determinaba en cinco apartados -"naturaleza y dependencia", "funciones y objetivos generales", "instrucciones", "colaboraciones" y "marco normativo"- el ámbito de actuación de la misma. Así, detallaba que la BARC estaría integrada en la Unidad de Asuntos Internos, el grupo que persigue la comisión de delitos cometidos por policías. También determinaba que el grupo actuaría "como unidad de inteligencia operativa especializada en la revisión o análisis de las actuaciones o investigaciones de las distintas unidades policiales". Todo ello, recalcaba la nota interna policial, bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del director General Operativo (DAO), que entonces era el comisario Eugenio Pino, jubilado desde finales de junio y salpicado por la llamada 'guerra de comisarios'.

El documento añadía que la Brigada actuaría "con imparcialidad y absoluta reserva", y que sus actuaciones e investigaciones "se catalogarán como secretas" como todas las que realiza la Unidad de Asuntos Internos de la que depende desde su creación. En concreto, detallaba que su actividad se centraría tanto en investigaciones en curso o "activas" como en aquellas ya concluidas, que denomina "pasivas". En el primer caso, el protocolo especificaba que podría intervenir "por orden superior o a requerimiento" de los agentes de la unidad que estuvieran trabajando sobre dicha investigación. Según explicaba la nota interno, la actuación de la BARC en este caso se centraría "en el apoyo, la colaboración y la coordinación" con estos últimos. Sin embargo, en las denominadas "pasivas", su actuación también podría ser "por propia iniciativa". En este caso se destacaba que dicha actuación se produciría "como última ratio de investigación de casos sin resolver o policialmente concluidos".

"Sin comunicaciones a órganos intermediarios"

Entre los objetivos "generales" de dicha actuación, el protocolo especificaba tres. En primer lugar, la "mejora de la eficacia policial". En segundo, el "retorno de conocimiento al sistema de formación del Cuerpo Nacional de Policía". Y en último lugar, la "búsqueda de nuevas líneas de investigación", en este caso con la aclaración de que esto sería así "cuando la naturaleza y las circunstancias del asunto revisado lo permitan". Para ello, el director Adjunto Operativo determinaba una serie de "directrices" para "garantizar la coordinación orgánica y operativa con las diferentes unidades". Así, en primer lugar fijaba la "obligación de colaboración" de los grupos policiales a los que se dirigiera la nueva brigada. Para ello, establecía que dicha comunicación se realizase por "conducto directo" una vez establecido el primer contacto "a través de la Unidad de Asuntos Internos". Las comunicaciones entre la BARC y la "unidad afectada" por la actuación de la primera serían tras ese primer contacto "sin comunicaciones a órganos intermediarios".

El protocolo sobre la brigada elaborado por Interior obliga al resto de unidades policiales a facilitarle toda la información que reclame

Además, el protocolo destacaba que los grupos deberían atender "todas las cuestiones planteadas" por los integrantes de la brigada, a la que deberían aportan "la documentación necesaria". Además, ésta se remitiría siguiendo de modo estricto la "cadena de custodia en todo momento" y "levantando acta de su entrega". El documento también determinaba que "las actuaciones en curso de análisis por las BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades" y, en el caso de que surgieran "nuevo indicios o noticias que pudieran afectar" al caso que estaba revisando la brigada, "los investigadores lo comunicarán inmediatamente de manera que quede constancia de ello y se estará a lo dispuesto por el DAO [director adjunto Operativo] a efectos de coordinación y desarrollo de esas nuevas diligencias de investigación". Además, el nuevo grupo podría "requerir [...] colaboraciones de miembros del CNP adscritos a otras plantillas". Por último, destaca que "el seguimiento y control de los resultados" de su actividad sería competencia exclusiva del 'número 2' de la Policía.

La existencia de dicha brigada fue recibida en su momento de modo dispar en el seno de la Policía. Algo que aún ocurre. Así, algunos agentes lo vinculan con la instauración en el Cuerpo Nacional de Policía de un control de calidad basado en normas ISO. Para éstos, el objetivo final del BARC no es otro que 'desatascar' casos cerrados o que, pese a seguir abiertos, no avanzan. Sin embargo, desde otros ámbitos de la institución se consideraba su creación como el intento de los máximos responsables de Interior de "meter la nariz en cualquier investigación abierta aunque esté bajo control judicial". Es, precisamente, el hecho de que en ningún momento del protocolo se hiciere mención precisamente a la necesidad de una autorización judicial para que la BARC participe en una investigación lo que levanta más recelos, sobre todo porque, como destacan estas mismas fuentes, "ya existen otros grupos dentro de Policía Judicial para revisar casos cerrados o realizar labores de inteligencia con los que abrir nuevas líneas de investigación". 

La otra 'unidad' bajo sospecha

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) no es el único grupo policial creado desde la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa que ha provocado recelos entre los propios agentes. También en 2012, el Ministerio del Interior creó la denominada Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, dependiente también del 'número 2' de la Policía y cuyas funciones oficiales se reducen a un genérico "captación, recepción, tratamiento y análisis de la información". Es, precisamente, la vaguedad en la definición de sus actividades lo que ha levantado sospechas desde el principio sobre el verdadero objetivo de sus pesquisas. De hecho, diversas fuentes policiales señalan a integrantes del mismo como los autores de los polémicos informes apócrifos que detallaban supuestas corruptelas de políticos que han circulado por determinadas redacciones.