El comisario del 'caso Nicolay' acusa al 'número 2' de la Policía de encubrir actuaciones "ilícitas e irregulares"

Las conclusiones finales de un informe de más de quinientas páginas remitido a finales del pasado mes de mayo al titular del juzgado de instrucción nº 2 de Madrid, que investiga la grabación ilegal de una reunión entre el propio Marcelino Martín-Blas cuando era jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, varios agentes de su unidad y dos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), acusan al comisario José Manuel Villarejo de estar detrás de la misma y de su posterior difusión a varios medios de comunicación para ‘torpedear’ la investigación sobre las andanzas del conocido como el Pequeño Nicolás.

Martín-Blas sostiene que, pese a ello, Villarejo ha contado con el apoyo del Director Adjunto Operativo (DAO) en sus actividades. “Existe una connivencia entre la Dirección General Operativa y el comisario Villarejo Pérez, con el único interés de proteger a este comisario policial dándole cobertura institucional en sus actuaciones, varias de ellas ilícitas e irregulares”, dice el informe. Una muestra de ello sería la filtración por el DAO a Villarejo de información confidencial de la investigación sobre el Pequeño Nicolás que Martín-Blas ponía en conocimiento de su superior jerárquico. Detalles que “posteriormente el comisario Villarejo utilizaba para su propio beneficio, ya sea para publicarlo en los medios de comunicación o tomar decisiones anticipándose a los investigadores” con la intención última de dificultar la investigación.

El informe sostiene que "existe una connivencia entre la Dirección General Operativa y el comisario Villarejo, con el único interés de proteger a este comisario dándole cobertura institucional" 

El exjefe de Asuntos Internos cita también su cese el 27 de marzo de 2015, días después de remitir al DAO sendos informes del entramado empresarial del comisario Villarejo donde se detallaban los cargos societarios que ocupa y las actividades de las mismas. Días después de la entrega de los citados informes el jefe de gabinete del DAO,  José Ángel Fuentes Gago, elaboró un informe sobre la compatibilidad de las actividades privadas del comisario Villarejo, “que justifica y ajusta a derecho”. “Al comisario Villarejo –dice el informe de Martín-Blas- no se le ha incoado ni siquiera expediente disciplinario para resolver la incompatibilidad de sus actividades con la de funcionario policial en activo, conformándose el DAO tan solo con un informe interno sobre compatibilidad, sin intervenir la unidad de régimen disciplinario de la Policía Nacional”.

Martín-Blas acusa también a Eugenio Pino de dificultad la investigación de la grabación ilegal, “dando instrucciones a sus subordinados de no facilitar cierta información policial necesaria para la investigación o retrasos excesivos de su entrega, denegando recursos de investigación, tanto humanos como materiales”. Asimismo, relata que en dos o tres ocasiones telefoneó al instructor policial de la investigación (un subordinado de Martín-Blas) para interrogarle si estaba investigando al comisario Villarejo y reprocharle su inclusión en las diligencias como sospechoso.

El cese del comisario Barrado

Por último, el informe de conclusiones finales alude también al cese del comisario Jaime Barrado como jefe de la comisaría de Chamartín cuando investigaba la presunta participación del comisario Villarejo en el apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto. De hecho, su cese se produjo al día siguiente de remitir al juzgado el atestado de la práctica de un reconocimiento fotográfico donde la doctora reconocía al citado comisario como autor de su agresión. Dicha actuación, dice el informe, supuso que Barrado fuese expedientado y trasladado forzosamente de comisaría, impidiendo su continuación en la investigación.

Las conclusiones del informe iban acompañadas de una propuesta de actuación en la que solicitaba, entre otras muchas pruebas, la toma de declaración de Eugenio Pino en calidad de imputado y la incautación de sus teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento electrónico. Esta prueba fue rechazada por el fiscal del caso y el juez tan sólo ha aceptado, por el momento, la declaración el lunes 27 como imputado de Villarejo y las comparecencias de Martín-Blas y el director de la Policía, Ignacio Cosidó, como testigos.