Interior adjudica un contrato de 2,8 millones a una empresa salpicada por la corrupción

Nueva polémica 'en funciones' en el Ministerio del Interior. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz acaba de adjudicar un millonario contrato de obras a una empresa a la que hace sólo 14 días un juez de Zaragoza ha incluido como responsable civil subdiario en el escrito de apertura de juicio oral del mayor escándalo de corrupción destapado hasta ahora en Aragón, el 'caso Plaza'. Se trata de Mariano López Navarro SAU, una constructora de esta comunidad autónoma que el pasado 18 de marzo se hizo con el concurso para reformar parte del polígono que la Guardia Civil tiene en el Paraje Arroñiz, de Logroño, para entrenar a sus unidades especiales. El importe del mismo, 2,8 millones de euros, una cantidad pequeña si se compara con los 140,6 millones de euros por los que tendrá que responder en la vista que se celebrará en los próximos meses por las supuestas irregularidades detectadas en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza y por las que compartirá banquillo con Acciona, la otra empresa que formaba la UTE que emprendió aquellos trabajados ahora bajo sospecha, y otras once empresas presuntamente implicadas.

La constructora aragonesa competía con otras 56 empresas, entre ellas Acciona, que también se sentará en el banquillo del 'caso Plaza' como responsable civil subsidiaria

Según detalla la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, Mariano López Navarro SAU se llevó el contrato formando una UTE con Urbanizaciones y Medio Ambiente SLU, una antigua filial suya, gracias a una oferta de 2.802.113,11 euros, IVA incluido. Su oferta fue la mejor valorada de las 57 que se presentaron para realizar las "obras de ejecución del área urbana-fase 1 en el campo de prácticas del Polígono de Experiencia de las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil, en el Paraje Añorriz, Polígono 35, en Logroño (La Rioja)". El importe de la adjudicación fue sensiblemente inferior al que cuando se hizo pública la licitación, en octubre pasado, el Ministerio del Interior puso como referencia y que superaba los 5,3 millones de euros. Una cantidad que, de hecho, todas las mercantiles aspirantes a hacerse con el contrato redujeron de manera significativa.

Entre ellas, además de empresas regionales poco conocidas, figuraban algunas de las grandes como Ferrovial Agroman SA, FCC Construcciones, Dragados SA, Obrascon Huarte Lain y Acciona Infraestructuras, precisamente otra empresa que se sentará en el banquillo de los acusados como responsable civil subsidiario por el 'caso Plaza'. Curiosamente, la oferta económica de Mariano López Navarro SAU no fue la más baja. De hecho, al menos otras dos ofrecieron presupuestos por debajo de la cifra por la que finalmente se hizo la adjudicación. El motivo recogido para ello ha sido que la propuesta de la UTE integrada por la constructora aragonesa obtuvo "la mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos reflejados en el punto número 12 y 13 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares".

"Lucro personal"

Los cinco meses que ha durado este proceso de licitación desde que se iniciara el pasado 8 de octubre ha coincidido con la fase final de la instrucción del sumario del 'caso Plaza', cuyas primeras detenciones se produjeron en agosto de 2013, hace casi tres años. En el mismo se investigaba el desvío de 150 millones de euros de dinero público en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza "mediante el ficticio aumento de las obras y trabajos a realizar [...], la elevación simulada de los precios pactados y la certificación de las obras no ejecutadas" por parte de la UTE que formaban Mariano López Navarro y Acciona a un 30 y 70% respectivamente, según recogía el duro escrito que la Fiscalía Anticorrupción presentó a finales del pasado mes de enero. En el mismo se detallaba que todo ello se tradujo en "un beneficio y lucro personal tanto de los acusados [25 personas] como de las respectivas sociedades en perjuicio de la sociedad pública Plaza SA y, por tanto, del erario público".

Anticorrupción señalaba en enero en su escrito de acusación que el fraude del 'caso Plaza' se tradujo en "un beneficio y lucro personal" tanto de los 25 acusados como de las empresas

Por ello, Anticorrupción solicitaba en aquel escrito y en uno de aclaración que presentó días después de que Acciona y Mariano López Navarro se sentaran en el banquillo de los acusados como responsables civiles subsidiarios de las irregularidades de las que acusaba a seis responsables de la UTE y por los que reclamaba una indemnización al Estado de 140,6 millones de euros. En el mismo, solicitaba para los acusados penas que sumaban un total de 190 años de cárcel por una decena de delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Entre los acusados se encuentran el gerente de la plataforma logística, José Ricardo García Becerril, además de su esposa y dos de sus hijas; dos altos ejecutivos de Acciona; José María Jordán y Miguel Ángel Bretón; un viceconsejero del Gobierno del socialista Marcelino Iglesias, Carlos Escó; y el expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.

SEGUNDA ADJUDICACIÓN POLÉMICA 'EN FUNCIONES'

El contrato para realizar las obras de las instalaciones de la Guardia Civil en La Rioja no es el único con polémica que ha adjudicado el Ministerio del Interior en estos meses que lleva 'en funciones'. El pasado mes de enero encargó a Indra Sistemas SA los trabajos para el desarrollo del programa informático que debe recoger todos los datos de los viajeros de líneas aéreas con salida o llegada en nuestro país (conocido por sus siglas en inglés PNR) y cuyo objetivo es detectar a tiempo la presencia entre ellos de terroristas y otros delincuentes peligrosos. Por este trabajo, la compañía tecnológica se embolsará cerca de 1,39 millones de euros. Según los documentos de adjudicación a los que tuvo acceso Vozpópuli, la oferta de la empresa que ahora dirige Fernando Abril-Martorell era la peor económicamente de las tres presentadas (400.000 euros más cara que las otras dos), pese a lo cual el departamento de Jorge Fernández-Díaz valoró mucho mejor otros aspectos de su oferta hasta concederle la mayor puntuación y el concurso. La decisión se producía, además, semanas después de que la compañía impugnara sin éxito la decisión del Ministerio de dejarla por primera vez sin el contrato para el recuento de votos en unas elecciones generales, las del pasado 20 de diciembre.