POLÉMICA INVERSIÓN

El camión antidisturbios en el que Interior gastó 350.000 euros suma ya 16 meses sin 'estrenarse'

El vehículo fue encargado por el equipo de Jorge Fernández Díaz tras las manifestaciones frente al Congreso de finales de 2013. Entregado por las empresas fabricantes el 12 de diciembre de 2014, desde entonces nunca ha sido utilizado. Este jueves acumulaba polvo en las instalaciones que la Policía tiene en el madrileño barrio de Moratalaz.

Jorge Fernández Díaz, en un reciente acto público.
Jorge Fernández Díaz, en un reciente acto público. EFE

De necesario para "proteger el libre ejercicio de derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana" a llevar cerca de año y medio acumulando polvo en las distintas instalaciones policiales por las que ha peregrinado. El camión policial con cañón para lanzar agua a presión a los alborotadores que protagonicen disturbios que el Ministerio del Interior encargó tras varias manifestaciones frente al Congreso de los Diputados suma ya 16 meses sin estrenarse. En todo este tiempo, este vehículo que costó al erario cerca de 350.000 euros sólo ha circulado para realizar pruebas y adiestrar a los agentes que deben manejarlo, pero en ninguna ocasión ha sido puesto en acción dado la imposibilidad de utilizarlo en las escasas situaciones en los que se han registrado incidentes en el transcurso de movilizaciones callejeras. Una costosa adquisición muy criticada desde el seno de la propia Policía donde diversas fuentes consultadas insisten a este diario que "el dinero que se ha gastado en él se podía haber destinado a solucionar otras carencias como la falta de chalecos antibala". Este jueves, el camión acumulaba polvo en las instalaciones que la Policía tiene en el madrileño barrio de Moratalaz (ver imágenes más abajo).

Desde que el camión 'botijo' fue entregado el 12 de diciembre de 2014, sólo en una ocasión ha estado a punto de utilizarse. Sin embargo se descartó porque los disturbios se desarrollaron en calles estrechas

La polémica sobre el camión 'botijo', como es conocido coloquialmente entre los agentes, arrancó en el mismo momento en el que se conocieron los planes del departamento de Jorge Fernández Díaz de hacerse con uno de ellos. Era diciembre de 2013. Entonces, entre los propios policías surgieron voces que recordaban que se llevaba más de veinte años sin usar los cinco vehículos de similares características con los que contaba el parque móvil del Cuerpo Nacional de Policía y que llevaban todo ese tiempo arrumbados en los almacenes. Además, la licitación para adquirir el polémico vehículo fue publicada por el Ministerio al poco de conocerse la primera versión de la criticada Ley de Seguridad Ciudadana. Interior justificó entonces su compra en el pliego de condiciones por la conveniencia de dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) de "medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible". El documento calificaba este tipo de vehículos como "ideal para acometer el control de masas". El concurso preveía un gasto de hasta 500.000 euros.

Finalmente, el camión fue encargado enmayo de 2014 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la empresa española Quatripole Ingeniería SL, especializada en la fabricación de material de Defensa, y a Beit Alpha Teconologies Ltd, una compañía israelí que en su página web presume, precisamente, de fabricar este tipo de ingenios antidisturbios para cuerpos policiales de una treintena de países. El importe final del mismo fue de 348.480 euros, IVA incluido, sensiblemente inferior al que Interior estaba dispuesto a pagar. El 12 de diciembre de 2014, el vehículo fue entregado a la Dirección General de la Policía que, ese mismo día, dio de alta el seguro del mismo. Cinco días más tarde, el camión llegaba a la Jefatura de las UIP listo para ser utilizado. Entre las características del "camión transformado y carrozado" destaca su capacidad para almacenar 7.000 litros y lanzarla a través de un cañón a una presión de entre 10 y 16 bares, más que suficiente para derribar a la persona sobre la que impacte. El vehículo tiene también un segundo depósito de entre 30 y 60 litros para añadir "colorantes" con los que teñir el agua y así manchar la ropa de aquellos manifestantes más violentos y así 'marcarlos' para proceder a su arresto.

Tras las pruebas y el adiestramiento de los agentes para su uso, el camión estuvo a punto de ser utilizado pocos meses después de su adquisición. En concreto, el 21 de marzo de 2015, coincidiendo con la segunda convocatoria de las llamadas Marchas de la Dignidad que iban a confluir ese día en Madrid. Aquella jornada se llenó su depósito de agua y se alertó a un subgrupo de las UIP para que estuviera listo para escoltarlo ante la posibilidad de que fuera necesario utilizarlo. Sin embargo, aunque se produjeron incidentes (hubo 17 detenidos), no fue finalmente movilizado. El principal motivo fue que los altercados se registraron en calles estrechas del centro de la capital donde, según destacan a Vozpópuli fuentes policiales, "el camión 'botijo' es más un estorbo que un instrumento útil".

Siempre según estas fuentes, el mismo sólo es eficaz "en grandes espacios" o para "estacionarlo frente a un edificio al que se dirijan los manifestantes, como ocurrió en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2012 y abril de 2103". Los datos estadísticos oficiales parecen dar la razón a los que critican su adquisición. En una comparecencia parlamentaria en abril de 2014 para informar, precisamente, sobre los graves incidentes que un mes antes habían causado heridas a 67 agentes heridos, el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, reconocía que, de las miles de manifestaciones y concentraciones que se celebran al año en nuestro país, no llegaba a una veintena las que registraban incidentes que obligaran a usar material antidisturbios. 

y 200.000€ en botes de humos y lacrimógenos

La Dirección General de la Policía anunciaba el pasado lunes el inicio del proceso de licitación para adquirir 5.250 "artificios fumígenos" y otros 3.000 "lacrimógenos" con destino a sus unidades antidisturbios. El importe previsto para su compra es de 199.650 euros, IVA incluido, según se recoge en el pliego del concurso al que ha tenido acceso este diario. En el mismo se destaca también, dentro del apartado de "necesidad e idoneidad", que con este material el Ministerio pretende "dotar a las distintas unidades del Cuerpo Nacional de Policía de elementos disuasorios para el mantenimiento del orden público o como apoyo en dispositivos policiales de alto riesgo social". La función de los primeros, conocidos popularmente como botes de humo, es "crear concentraciones de humo que dificulten o impidan la observación de los despliegues y evoluciones de las unidades policiales". Los segundos, que causan picor de ojos y garganta además de sensación de ahogo, se reservan para casos en los que "los concentrados agredan violentamente a la fuerza interviniente".

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