Los municipios de más de 20.000 habitantes podrán delegar competencias a las Diputaciones

El nuevo anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al que ha tenido acceso Vozpópuli, permite a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes delegar de forma voluntaria competencias a las diputaciones provinciales. Para ello será necesario el respaldo de una mayoría simple de los diputados provinciales y un informe de la comunidad autónoma donde se ubica dicho municipio. Esta circunstancia no estaba contemplaba en el primer borrador del anteproyecto, del mes de julio pasado, que cosechó duras críticas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como del PP y del PSOE.

Es por ello que Hacienda y Administraciones Públicas ha redactado otro texto en el que "desafeína" algunas de sus propuestas iniciales, sobre todo las que tienen que ver con el nuevo papel de las Diputaciones Provinciales que, lejos de desaparecer, podrán reforzar su papel aunque a través de un proceso complejo que atempere las críticas recibidas. Para empezar, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no desaparecerán y tampoco verán arrebatadas sus competencias de forma automática en caso de no cumplir unos estándares de calidad. Para que eso ocurra, según el nuevo texto, deberá inclumplir además otros requisitos y se necesitará el apoyo de las dos terceras partes de los diputados provinciales además de una autorización de la Comunidad autónoma para prosperar dicha delegación, según recoge el artículo 26 de la Ley, mecanismo añadido ahora.

En concreto, la nueva redacción de ese artículo queda de la siguiente manera: "En los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, las Diputaciones, o los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán la titularidad de las competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población o la sostenibilidad financiera no cumpla con los estándares de calidad (...) o sea ineficiente en atención a las economías a escala".

Sentadas estas bases, añade otro párrafo novedoso que establece una serie de cautelas antes inexistentes, de modo que para que se produzca la delegación el acuerdo debe ser adoptado "por las dos terceras partes de los diputados provinciales o sus equivalentes y requerirá de la autorización de la Comunidad Autónoma". Eso para los municipios obligados a delegar la prestación de servicios esenciales. Para los que lo quieran hacer de forma voluntaria "bastará la mayoría simple de los diputados o equivalentes y el informe de la comunidad autónoma". La misma regla será de aplicación para la incorporación voluntaria de las ciudades de más de 20.000 habitantes.

Gobierno y PP intentan desbloquear una reforma atascada que cuestiona la voluntad de abordar el compometido cambio de las administraciones

Pero, además, Administraciones Públicas se pliega a uno de los requerimientos más importantes de la FEMP, esto es, que ningún ayuntamiento pueda quedar desposeído de todas sus competencias, por lo que introduce un nuevo apartado en el que se explicitan cuáles son las que la Diputación puede ejercer, quedando limitadas a siete: Resíduos sólidos urbanos, abastecimiento de agua potable, infraestrutura viaria, asistencia social primaria, proteccion civil y extinción de incendios, transporte de viajeros e instalaciones culturales y deportivas. De este modo, los municipios aún "intervenidos", seguirán controlando ubanismo, patrimonio, rahabilitación, medio ambinte, Policía Local, tráfico, ferias, lonjas y mercados y cementerios.

También es reseñable que los servicios municipales de los ayuntamientos con ahorro neto negativo o que incumplan la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera serán sometidos en el plazo de un año a una evaluación. En caso de ser negativa, se orderá la supresión de aquellas prestaciones facultativas y, si se trata de servicios obligatorios, se podrán privatizar. Si, además, afecta a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes "será causa determinante para que las Diputaciones, Cabildos o consejos Insulares asuman su titularidad y gestión".

Precisamente hoy el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se reunirá por la mañana con el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al objeto de desbloquear una reforma que se querría haber abordado antes del verano y que no fue posible por las críticas al texto inicial elaborado por la secretaria de Estado de Administraciones Públicas al frente de la cual se sienta Antonio Beteta. Simultáneamente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha convocado una reunión en Génova con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el vicesecretario de política autonómica y local, Javier Arenas; los consejeros de Presidencia de las Comunidades gobernadas por el PP y portavoces en la oposición para comenzar a avanzar en la reforma de la Administración autonómica.