Hacienda prepara una ley para reorganizar los altos cargos de la Administración

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prepara una reordenación de las altas escalas del funcionariado que se traducirá en un recorte de altos cargos de la administración pública. Se trata del Estatuto del Directivo de la Función Pública que el Ejecutivo pretende aprobar en 2013 para que entre en vigor a finales del próximo año y con el que pretende, además, “profesionalizar” el cuadro de directivos públicos.  

Según han confirmado a Vozpópuli fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas, la nueva norma del Gobierno pretende por una parte “delimitar el personal directivo” y por otra fijar un procedimiento reglado en la llamada “provisión de puestos” para que sean criterios objetivos los que determinen la selección de altos cargos en lugar de nombramientos a dedo.

Con ese doble objetivo en mente, el Gobierno tiene previsto comenzar una ronda de contactos con los sindicatos de la función pública y con los partidos políticos de la oposición para pactar un sistema que pueda sostenerse en próximas legislaturas.

Las tres claves del nuevo estatuto del directivo

El nuevo texto parte, en primer lugar, de la idea de “delimitar el personal directivo”. En la actualidad, más de 20.700 funcionarios del conocido como Tipo A ocupan puestos en las administraciones públicas. La cifra engloba cargos de responsabilidad y altos cargos que reciben complementos salariales por ello, según los datos del Registro Central de Personal.

En segundo lugar, la nueva norma pretende fijar un procedimiento en la llamada provisión de puestos, es decir, un sistema que permita establecer criterios objetivos para ciertos nombramientos del personal que, hasta ahora, había sido designados a dedo como personal de confianza. “Se pretende profesionalizar la alta función pública”, afirman fuentes de Hacienda.

Por último, se evaluará el rendimiento de los altos cargos, tal y como adelantó el pasado mes de julio. Para fijar los parámetros de rendimiento que se exigirán, Administraciones Públicas trabaja ya sobre una base de datos de cuatro años de antigüedad. En el último lustro, Hacienda ha medido el rendimiento de 2.000 funcionarios en diferentes ministerios en una experiencia piloto con la que pretende crear una serie de parámetros de medición de la eficiencia y productividad de los empleados públicos, según revelan fuentes del Ministerio de Hacienda. El ministerio de Cristóbal Montoro ha evaluado a trabajadores en su propio departamento así como en los ministerios de Empleo, Industria, Economía, Interior, Defensa, Justicia, Agricultura y Presidencia.

El sistema de evaluación fue puesto en marcha por el anterior gobierno socialista tras la reforma de la función pública aprobada por Jordi Sevilla y ha continuado bajo la supervisión del nuevo ministro. Esa información de 40 direcciones generales ha sido remitida a la Subdirección General de costes de personal y pensiones públicas que deberá plantear ahora una redistribución de efectivos, propuestas de traslados y la posibilidad de ligar los complementos variables de las retribuciones de los funcionarios.

El Gobierno iniciará una ronda de contactos con sindicatos y partidos

El Ejecutivo pretende pactar el nuevo sistema de designación. Para ello, pretende iniciar una ronda de contactos con los sindicatos de la función pública y con los partidos de la oposición. Según el calendario que maneja el Gobierno, el nuevo texto debe estar redactado a lo largo de 2013 y entrar en vigor a finales del próximo año. 

SINDICATOS Y OPOSICIÓN, DE ACUERDO CON EL ESPÍRITU GENERAL  

Pese a que la reforma es profunda, la falta de oposición frontal puede acelerar sus trámites. A preguntas de Vozpópuli, tanto los sindicatos como el Partido Socialista han mostrado su acuerdo a un intento de modernización de los criterios por los que se rige la Administración Pública.

El ex ministro socialista que intentó esa modernización en 2007, Jordi Sevilla, asegura que los empleados públicos deben tener asegurado “el trabajo pero no necesariamente el puesto de trabajo“ y critica un sistema en el que “el único criterio para premiar a los funcionarios más efectivos se basa sólo en la antigüedad”. Según recuerda el ex ministro, la legislación que él introdujo en 2007 ya contemplaba esa intención pero topó entonces con el problema de fijar baremos objetivos para medir la productividad. Ese problema puede estar resuelto ya con la medición de datos que desde 2007 ha acumulado Hacienda. Jordi Sevilla concluye que “el impacto neto no se debe medir por el ahorro sino por la mejora en el rendimiento”.

También los sindicatos son “partidarios del desarrollo de la productividad”, asegura en nombre de la sección de función pública de CC.OO., Jesús Vicente, que reconoce que ahora se producen pagos hasta cierto punto “arbitrarios”. Sin embargo, los sindicatos piden criterios objetivos para esa medición y una negociación que no se ha producido todavía.