Publicado: 21/05/2014 04:00
La lucha contra el fraude que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy ya no goza de la misma intensidad que a comienzos de la legislatura en lo que se refiere a los grandes contribuyentes, el club selecto de los que cotizan más de 100 millones de euros. Otro dato significativo conocido este martes viene a confirmar que el Ejecutivo popular, ya sea directa o indirectamente, no está logrando aquí los resultados del primer tramo de su mandato.
La secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, desveló en el Congreso de los Diputados que el Ministerio de Hacienda abrió 1.838 expedientes sancionadores a grandes empresas en 2013 por una cuantía global de 656 millones de euros. Se trata sólo de la mitad (el 46%) de las cantidades recaudadas -tras las correspondientes sentencias del Tribunal Supremo- en el ejercicio de 2012, cuando la suma total ascendió a 1.412 millones de euros.
A partir de estos expedientes incoados, Hacienda ha contabilizado, a través de su Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC), ingresos por importe de 463 millones de euros, frente a los 1.412 millones de 2012, a los 1.035 millones de 2011 y a los 765 millones de 2010.
Desde el departamento de Cristóbal Montoro achacan este retroceso a que durante los ejercicios 2011 y 2012 se generaron unos ingresos "extraordinariamente altos" como consecuencia de un elevado volumen de sentencias favorables a la Administración. Ello se debió al plan de ejecución de sentencias que el Gobierno del PP heredó de la gestión de la exministra socialista Elena Salgado y que se agotó en 2012. Hacienda, al ponerse al día en el ejercicio 2013, ha experimentado dicho desfase.
El PSOE advierte al Ejecutivo de que el 72% del fraude fiscal no se produce por los pequeños contribuyentes, sino por el grupo selecto de los que cotizan más de 100 millones de euros
En su intervención en la Comisión parlamentaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Navarro precisó que este grupo concreto lo componen "aquéllos que están adscritos a la delegación central de grandes contribuyentes, que extiende su competencia sobre todo el territorio nacional con independencia del domicilio fiscal que tengan estos obligados tributarios y también con independencia de los lugares donde ellos ejerzan sus actividades económicas". Asimismo, matizó que estos expedientes no incluyen los de delito contra la Hacienda pública.
Navarro dio así respuesta a las interpelaciones que le formuló la diputada socialista Leire Iglesias. Esta portavoz recordó que los inspectores de Hacienda "hablan de un fraude aproximado o equivalente en nuestro país al 25% del producto interior bruto y que el 72% de ese fraude no se produce por parte de los pequeños contribuyentes, a los que el Ministerio de Hacienda ha anunciado importantes controles, sino por parte de grandes contribuyentes". Sobre este último colectivo, la parlamentaria socialista criticó que el departamento de Montoro no adquiera nunca compromisos de una mayor fiscalización.
La 'purga' en el equipo directivo
Además, Iglesias denunció que "desde que el señor Montoro volvió al Ministerio de Hacienda no dejan de producirse oscurantismos y escándalos en la gestión de sanciones de la Oficina de Grandes Contribuyentes". A ello añadió que "en los periodos de declaración que estamos viviendo hasta la fecha los ciudadanos no parece que estemos exentos de nuestras obligaciones tributarias".
La Delegación Central de Grandes Contribuyentes ha sido objeto de fuerte polémica a raíz de la treintena de despidos que ha habido en su cúpula. El propio Montoro negó el pasado diciembre que existiera una caza de brujas en la Agencia Tributaria, pero señaló que el "relevo" en el equipo directivo les había permitido saber que esta unidad "estaba llena de socialistas". El titular de Hacienda también descartó que estos movimientos tuvieran relación con el caso Cemex o el caso Nóos.
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