Publicado: 25/03/2013 04:00
El ministro Cristóbal Montoro ha trasladado a los consejeros de las 17 comunidades autónomas que la costumbre de guardar en los cajones pagos pendientes se ha acabado. El Gobierno vigilará a rajatabla que el pago a proveedores se haga en un máximo de 30 días, pues considera que esta es una palanca imprescindible para la creación de empleo.
Hacienda ha advertido a las comunidades que vigilará a rajatabla la obligación de pagar a los proveedores en 30 días
Cantabria ha sido la única comunidad autónoma que hasta el momento ha establecido un registro central de facturas y en el Ejecutivo se opina que éste debe ser el modelo que aplique el resto de las regiones para impedir que los pagos se acumulen en la madeja burocrática de las diferentes consejerías, perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. El modus operandi tradicional es muy sencillo y, al mismo tiempo, muy costoso: el ejemplo de un hospital que envía su factura a la consejería de sanidad de la comunidad autónoma donde está ubicado y hasta conseguir el ingreso de su importe tiene que esperar a que después pase por la consejería de Hacienda y se autorice su cobro. Este protocolo está provocando que la contabilidad de buena parte de las comunidades registre realmente las obligaciones de pago pendientes al final del ejercicio, con la dificultad que ello supone para la Hacienda central conocer a cuánto asciende en cada ejercicio el número de facturas pendientes en las distintas administraciones. La semana entrante, Hacienda e Industria presentarán en sociedad el convenio que facilitará el uso de la facturación electrónica en ministerios, comunidades y ayuntamientos, un sistema que permitirá también el control y la agilización de todos los pagos.
El Gobierno cántabro ha solucionado el problema creando un registro central de facturas, que es el que controla desde el inicio del proceso todos los compromisos de pago con los proveedores, reflejando en tiempo real la deuda pendiente. El ministro de Hacienda trasladó el pasado jueves a los consejeros autonómicos que va a ser muy estricto en la vigilancia del abono de las facturas para que se haga en un máximo de 30 días, de acuerdo con la trasposición de la directiva europea orientada a reducir la morosidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas. Esta directiva armoniza por primera vez los vencimientos en las administraciones públicas. Si no respeta el pago en 30 días, los acreedores podrán cobrar intereses de demora.
En breve, la Intervención General del Estado publicará las tripas de las cuentas autonómicas en tiempo real
Las comunidades de Castilla y León y Extremadura son las que han exteriorizado las mayores reservas para poder cumplir con estos plazos debido a sus dificultades de liquidez. Sin embargo, es algo que para el Gobierno no vale como pretexto ya que ni siquiera han dado el paso de desfilar por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), siguiendo también el rechazo que han expresado al mismo Madrid, Galicia, La Rioja, Navarra y el País Vasco. El Gobierno extremeño ha llegado a reconocer que si no está en el FLA es por la penalización política que dar este paso comporta, ya que se ha concebido como un mecanismo de rescate y no como un instrumento para acceder a la liquidez en los mercados. La creciente apertura de éstos y la recuperación, todavía incipiente, de la confianza, hace improbable que las comunidades que no han llamado al Fondo terminen por acudir al mismo, en contra del deseo de Hacienda. Montoro dejó caer el jueves en el Consejo de Política Fiscal que la mejora en el comportamiento de los mercados ha alejado el fantasma del rescate para España.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas se acerca ya a los 885.000 millones de euros, lo que equivale al 84,1% del PIB, el nivel más alto de la serie histórica. En este montante se reflejan las facturas que había guardadas en los cajones y que el Gobierno ha obligado a aflorar. El hecho de que con este alto endeudamiento España esté recuperando la confianza de los mercados, donde ya ha obtenido en lo que va de año más del 30% de su financiación, ha empujado al Gobierno a promover esta ofensiva de mayor transparencia, en un momento en el que la crisis de Chipre ha vuelto a remover viejos fantasmas en la zona euro.
La facturación electrónica se impondrá en las tres administraciones para agilizar todos los pagos a las pequeñas y medianas empresas
La semana que viene, el Ejecutivo dará otro paso importante para ganarse esta confianza. La Intervención General del Estado publicará por primera vez las cuentas mensuales de las comunidades en términos de contabilidad nacional, según la metodología que rige en Bruselas. Se trata de un ‘streptease’ sin precedentes que implica a las tres administraciones, aunque en el caso de los ayuntamientos se proporcionarán datos trimestrales. “Esto es algo que no se hace en la mayoría de los países europeos y que refleja el alto compromiso de España con la transparencia contable que exigen los mercados”, aseguran fuentes gubernamentales.
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