España

Arias Cañete participó en la inmobiliaria Bami mientras contraía deuda con Hacienda

El comisario europeo de Energía y Clima no vendió hasta septiembre de 2014 sus acciones en esta compañía, que entró en concurso de acreedores a mediados de 2013. Esta sociedad, de cuyo Consejo de Administración fue miembro antes de ser ministro de Agricultura, figura en la lista de grandes morosos por deber 1,5 millones de euros al fisco.

El comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete.
El comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete. EFE

La publicación de la lista de grandes morosos de Hacienda también salpica al actual comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, por la relación que tuvo con Bami Newco SA, la inmobiliaria patrimonialista que el empresario jerezano Joaquín Rivero constituyó en 2007 después salir de Metrovacesa y que terminó en concurso de acreedores a mediados de 2013. Ahora mismo se encuentra en fase de liquidación y acumula una deuda con el fisco de 1.560.691,56 euros, tal y como figura en la relación que ha dado a conocer la Agencia Tributaria.

Se da la circunstancia de que Arias Cañete mantuvo su participación en Bami Newco SA después de que la inmobiliaria fuese declarada en concurso de acreedores, situación que conlleva impagos al fisco. Según afirman fuentes del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), "la mayoría de las personas y empresas a las que se les reclama este dinero contrajeron la deuda al no generar ingresos suficientes y no poder tampoco responder con su patrimonio".

Las mismas fuentes subrayan que el 42% de la deuda (8.834 millones de los 15.600 del total de la lista) corresponde a sociedades en concurso de acreedores o en liquidación, circunstancia que hace muy difícil su cobro. Además, apuntan que sólo un 4% de la deuda que se reclama por vía ejecutiva se recupera efectivamente, ya que esas compañías insolventes o abocadas a la liquidación no pueden pagar.

En su caso, Bami Newco SA fue declarada en concurso de acreedores en junio de 2013 por el juzgado de instrucción número 2 de Madrid con una deuda financiera de 627 millones de euros. Según sus cuentas de 2011, esta sociedad estaba participada en un 49% por la inmobiliaria francesa Gecina, que llegó a presidir Joaquín Rivero, en un 34,7% por Inmopark 92 Alicante, controlada también por el empresario jerezano, en un 10% por la inmobiliaria cordobesa Prasa y en un 6% por otros pequeños accionistas.

Durante el tiempo en que ocupó asiento en el Consejo de Ministros, Cañete no vendió su participación en Bami 

En la declaración de bienes que presentó en el Congreso de los Diputados a finales de 2011, Arias Cañete dijo poseer un título de Bami Newco (15 euros), 25 de Mapfre (30,09 euros), 4.209 de Banco Santander (23.115 euros) y 16.640 de BBVA (48.926 euros). Tras ello fue nombrado ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno Rajoy, cargo que ostentó hasta abril de 2014, cuando pasó a encabezar la lista del PP al Parlamento europeo con el deseo de ser designado luego comisario. Durante este tiempo en que ocupó asiento en el Consejo de Ministros no vendió su participación en Bami Newco SA, ni siquiera después de que la inmobiliaria entrara en concurso de acreedores a mediados de 2013.

En concreto, no fue hasta septiembre de 2014, a escasos días de que Arias Cañete se sometiera al examen de la Eurocámara para convertirse en comisario de Energía y Clima, cuando se supo que acababa de vender dos acciones (ya no tenía solo un título) de Bami Newco. La transacción tuvo lugar el 18 de septiembre, según el informe que manejó el equipo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, revelado en exclusiva por Vozpópuli.

Arias Cañete no dio cuenta de que todavía poseía estas dos acciones de Bami Newco en la documentación que presentó al adquirir el acta de eurodiputado el 10 de junio de 2014. En la declaración de intereses económicos que llegó a manos del equipo de Juncker apareció también la venta, el mismo día 18 de septiembre, del 2,5% de las acciones que tenía en Petrolífera Ducar (85.349 títulos) por 188.246 euros y el 2,5% de Petrologis Canarias (23.585 títulos) por 248.974 euros. Sus participaciones en Mapfre, Banco Santander y BBVA las conservó, a diferencia de las dos de Bami Newco, de las que se deshizo en pleno revuelo por un posible conflicto de intereses.

La cuestionada reforma de la Ley de Costas 

El Observatorio Corporativo Europeo (CEO), una institución que se encarga de vigilar la transparencia de los lobbies que operan en Bruselas, así como las incompatibilidades de cargos europeos, publicó en su día que "a lo largo de su carrera Arias Cañete ha participado en numerosas polémicas y a menudo ha sido acusado de mezclar intereses empresariales con los cargos públicos". Este análisis, que recogía "algunos ejemplos de la línea borrosa" entre la empresa privada y las responsabilidades públicas de Arias Cañete, también aludía a Bami Newco y citaba un informe de Greenpeace donde los ecologistas denunciaban un conflicto de intereses en relación a la Ley de Costas presentada por el Gobierno del PP en julio de 2012 y aprobada en 2013.

Greenpeace advertía de que Cañete fue consejero de la promotora Bami Newco junto a destacados empresarios del ladrillo como Joaquín Rivero o el socio de éste, Bautista Soler. También aludía a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue igualmente miembro del Consejo de Administración de dicha inmobiliaria. Los ecologistas enfatizaban que a finales de 2011, antes de volver a la cartera de Agricultura que ya ocupó con José María Aznar,  Arias Cañete renunció a su puesto como consejero en Bami "pero se reservó una acción". "La carrera de Cañete no está ligada a la protección del medio ambiente sino a unos intereses muy distintos", añadían.

La Ley de Costas de Cañete es considerada por los ecologistas como una especie de amnistía para las construcciones ilegales en tanto que el nuevo reglamento reduce la zona de protección de 100 a 20 metros y permite una mayor concentración de chiringuitos. Para Greenpeace, la reforma pretende que "terrenos públicos pasen a manos privadas".

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