Las medidas anticorrupción anunciadas por Rajoy no verán la luz, como mínimo, hasta el año que viene

El presidente del Gobierno se presentó en el debate sobre el estado de la nación con un ambicioso paquete de medidas anticorrupción que, en el mejor de los casos, no verán la luz hasta el año que viene, como poco. El ímpetu inicial necesitará de un largo proceso parlamentario por tratarse de reformas de calado o de elaboración de nuevas leyes orgánicas mientras que el diálogo entre los distintos partidos para alcanzar un pacto global se ha trasladado de vicepresidencia al Grupo Parlamentario Popular que, de momento, consiguió consenso en torno a una resolución aprobada en el Congreso aunque con la abstención de los socialistas.

Las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no verán la forma de anteproyectos hasta después de las vacaciones de verano y lo harán para ser remitidas de forma consecutiva al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, lo que alargará el proceso un mínimo de dos meses más. A partir de ese momento iniciarán su proceso parlamentario comno proyecto de Ley. En definitiva, ambas reformas no serán una realidad hasta el próximo año, de modo que el endurecimiento de penas por corrupción, la agilización procesal para estos casos y el aumento en el plazo de prescripción de dichos delitos, habrán de esperar. Rajoy explicó que la agilización procesal perseguía un doble objetivo: que no se convierta en una forma de impunidad para el delincuente “o una condena pública para quien no lo es ni lo ha sido nunca”.

Otras iniciativas legislativas también requerirán de un proceso largo que hace descartar medidas a corto plazo. El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha dos leyes orgánicas, una para el control de la actividad económico-financiera de los partidos que pasaría por la fiscalización de la actuación de los tesoreros de los partidos, obligados a colaborar con el Tribunal de Cuentas y a comparecer anualmente ante el Parlamento para explicar su gestión; y otra para regular el ejercicio de las funciones políticas, esto es, un Estatuto del Cargo Público que determine las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que puede haber derecho a compensación tras el cese.

Todo ello va acompañado de una oferta de pacto anticorrupción que los populares quieren firmar con el resto de las fuerzas políticas, muy especialmente con el PSOE, que se resiste a un acercamiento hasta que el PP no aclare todo lo relativo al 'caso Bárcenas'. Así se puso de manifiesto durante la negociación y votación de las propuestas de resolución que siguieron al debate sobre el estado de la nación. Los populares consensuó una propuesta que llevó al firma de CiU, UPyD, Coalición Canaria y UPN, apoyada también por el PNV, frente a la abstención del PSOE, ERC e Izquierda Plural.

El texto popular era un resumen de la intervención de Rajoy en el pleno y de muchas de las aportaciones que había hecho el Grupo Socialista, como la creación de una comisión independiente destinada a hacer propuestas de regeneración democrática con asistencia del Centro de Estudios Políticos e Institucionales que ya está preparando un informe al respecto. 

La interlocución para alcanzar un pacto anticorrupción se ha trasladado de vicepresidencia al Congreso de los Diputados. Si bien fue Soraya Sáenz de Santamaría la que dio los primeros pasos y se puso en contacto con Elena Valenciano del PSOE o con Josep Antoni Duran Lleida de CiU, son ahora el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, dos de las personas de más confianza de Santamaría, quienes se encargan de encauzar esa cuestión.