OPERACIÓN FÉNIX

Cuatro empresas apuntan a Luxemburgo como epicentro de la trama 'exterior' de Conde

GI Beteiligung SA, BTC Uno SRL, Zender International SA y Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA han transferidos fondos en los últimos años a las sociedades que el ex banquero y su familia tienen en España. Todas ellas aparecen mencionadas en el último auto del juez Pedraz.

Conde abandona su domicilio custodiado por la Guardia Civil tras su detención.
Conde abandona su domicilio custodiado por la Guardia Civil tras su detención. EFE

Luxemburgo, el pequeño país europeo con poco más de medio millón de habitantes, parece haber jugado un gran papel en la trama societaria que durante 17 años ha permitido a Mario Conde repatriar más de 13 millones de euros a España. Así se desprende del auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, por el que se enviaba este miércoles a prisión al banquero. Al menos cuatro empresas radicadas en este Estado figuran en dicho documento judicial por haber realizado transferencias a mercantiles del financiero en España. Una de ellas, GI Beteiligung SA, fue utilizada por el clan para simular en 2002 la supuesta venta ficticia de la mansión que la familia tiene en Pollença (Islas Baleares) y evitar así que la Justicia la embargara.

GI Beteiligung SA tiene como representante en España al abogado de Conde. El juez cree que el ex banquero se ha valido de esta empresa desde 2002

Esta sociedad es, de hecho, la más mencionada por los investigadores en sus informes ya que ha jugado un papel fundamental en la estructura presuntamente creada por Mario Conde para ocultar su fortuna y el dinero que saqueó de Banesto. De hecho, las pesquisas apuntan que el ex banquero vienen utilizando la misma desde, "al menos, 2002, para canalizar los ilícitos beneficios que obtuvo de las apropiaciones indebidas por las que fue condenado", en referencia a los casos 'Banesto' y 'Agencia Trust'. De hecho, los vínculos descubiertos del financiero van más allá de esa compra. Así, la cuenta que GI Beteiligung SA tiene en una sucursal de La Caixa en Pollença, la localidad donde se encuentra Can Poleta, la finca mallorquina de la familia, tiene como personas autorizadas, entre otros, a Carlos Castaño Dorante, guardés de dicha propiedad.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también destacan que la propia sociedad luxemburguesa se ha hecho cargo de todos los gastos de la misma desde 2011, pese a que los Conde no han pagado el supuesto alquiler desde 2007. De hecho, desde la cuenta en La Caixa de dicha mercantil se han abonado gastos personales del clan, como el recibo de teléfono o la cuota del clan náutico. Además, el escrito judicial resalta que el representante legal de la compañía en España no es otro que el abogado Francisco Javier de la Vega Jiménez, detenido en la 'Operación Fénix' y encarcelado junto al ex banquero por su papel en la trama. Los estados financieros depositados por la compañía ante las autoridades económicas del Gran Ducado revelan que la misma registra pérdidas y que recibió entre 2002 y 2009 tres inyecciones de dinero de origen desconocido por un valor superior a los 1,4 millones de euros.

Rayos X y un cheque

GI Beteiligung SA aparece también como propietaria del 25% de las acciones de la empresa italiana GMM, especializada en la fabricación de equipos de Rayos X para uso médico. En esta compañía trasalpina figura como ejecutiva Alejandra Conde Arroyo, hija del ex banquero y considerada por los investigadores como la mano derecha de su padre en todo el entramado societario. El análisis de las cuentas del clan también ha destapado que desde depósitos bancarios en la compañía italiana de la que es accionista la sociedad luxemburguesa se transfirieron a aquellas más de medio millón de euros entre 2008 y 2015.

La venta bajo sospecha de la mansión de Pollença fue pagada con un cheque de 600.000 euros de Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA

La mercantil luxemburguesa aparece también estrechamente relacionada con otra de las sociedades radicadas en el pequeño país europeo ahora bajo sospecha. En concreto, con Dexia Banque Internationale A Luxembourg SA. De hecho, esta última era en 2002 la propietaria formal del 99,92% de las acciones de la primera. Su nombre ha aparecido en las investigaciones después de constatar que GI Beteiligung SA hizo en 2002 la supuesta compra ficticia de la finca mallorquina del clan por 600.000 euros (un precio muy por debajo de su valor real, que se sitúa en torno a los 9 millones de euros) precisamente mediante un cheque con cargo a una cuenta bancaria de Dexia.

Transferencias bajo sospecha

También con un único movimiento económico aparece relacionada la tercer empresa luxemburguesa citada por el juez Pedraz en su auto. Se trata de BTC Uno SARL. En concreto, con el ingreso de 632.338 euros registrado el 26 de diciembre de 2006 en una cuenta personal de Mario Conde abierta en La Caixa. Según el escrito del magistrado, dicha "transferencia urgente" procedía de Antibióticos SAU, una empresa denominada actualmente Antibióticos del Leon SL y cuyo "accionista único" es, precisamente, dicha empresa del Gran Ducado. Los investigadores destacan que dichos fondos fueron "inmediatamente" enviados a un depósito de otra de las sociedades del clan, Lassalceda SA, administrada por Francisco de Asís Cuesta, hombre de la máxima confianza del banquero y también detenido dentro de la 'Operación Fénix'.

Una de las sociedades luxemburguesa tiene una filial en España dedicada a comercializar bebidas que hizo pequeñas transferencias al clan Conde

Finalmente, Luxemburgo es también la sede de Zender International SA, una compañía que figura como matriz de la española Zender Serviberica SL. Ésta última, cuyo objeto social es la comercialización de bebidas al por menor y tiene sede en un polígono industrial de Leganés (Madrid), aparece vinculada al abogado de Conde, Francisco Javier de la Vega. Los investigadores han puesto el foco sobre ella después de detectar que la filial española de la misma se transfirieron 25.027 euros entre septiembre de 2004 y abril de 2008 a una cuenta de Black Royal Oak, una de las tres piezas claves de la estructura societaria del ex banquero y su familia en España. Movimiento éste y el de las otras tres empresas que justifican que el juez Pedraz haya enviado una comisión rogatoria a las autoridades del Gran Ducado para reclamar información.

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