OPERACIÓN FÉNIX

La pista 'mallorquina' que sacó a la luz la oscura trama financiera de Mario Conde

Las maniobras en la sombra del exbanquero para conservar su finca en la localidad balear de Pollença ya pusieron en 2012 a la Fiscalía Anticorrupción en alerta sobre sus maniobras societarias. Ahora, buena parte de la investigación que ha acabado con él en prisión arranca precisamente de su mansión mallorquina al borde del mar.

Conde abandona la Comandancia de Madrid el pasado miércoles camino de la Audiencia Nacional.
Conde abandona la Comandancia de Madrid el pasado miércoles camino de la Audiencia Nacional.

Durante años fue su refugio. Al borde del mar, muy cerca de un campo de golf y "rodeada de olivos milenarios", Mario Conde y, sobre todo, su fallecida mujer, Lourdes Arroyo, se aferraban a Can Poleta, su finca en Pollença (Islas Baleares), como uno de sus bienes más preciados. Tanto que cuando estalló el escándalo Banesto y, posteriormente, el exbanquero fue condenado a 20 años de prisión por el saqueo de la entidad, el financiero y su familia presuntamente construyeron una compleja trama de compraventas, alquileres ficticios y sociedades 'pantalla' para poder seguir disfrutándo de sus vistas de la Sierra de la Tramontana sin que la Justicia pudiera embargarla. Y lo consiguieron durante más de 20 años, hasta que la 'Operación Fénix' de la Guardia Civil convirtió aquella mansión insular valorada en más de 9 millones de euros en una de los primeros hilos de los que tirar para desmantelar el entramado societario que permitía a un Conde que se declaraba insolvente seguir viviendo a cuerpo de rey. Una empresa holandesa, dos cuentas corrientes en Caixabank y un guardés puesto a blanquear dinero son los principales ingredientes de la pista mallorquina.

Ya en 2012, informes de Anticorrupción y de la UDEF alertaban de las maniobras del ex banquero para conservar la finca

El auto dictado el pasado miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, destaca la importancia de esa propiedad en las investigaciones y, más en concreto, de la sociedad luxemburguesa GI Beiteiligung SA que la adquirió el 9 de abril de 2002. Ese dia, esta empresa considerada por el magistrado como una pieza más del entramado societario bajo el control de Conde "para canalizar los ilícitos beneficios que obtuvo de las apropiaciones indebidas" en Banesto pagó 600.000 euros, una cifra rídicula dado el valor real del inmueble, a quien figuraba como su anterior propietario, la mercantil Apolo Inversiones y Servicios SL. Una mercantil, esta última,que el juez considera "controlada" por el ex banquero y su amigo Arturo Romaní gracias al estrecho colaborador de ambos, Francisco de Asís Cuesta Moreno, detenido también el pasado lunes por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).

Dicha cantidad de dinero fue abonada con un cheque de una segunda sociedad del pequeño país europeo, Dexia Banque Internationale a Luxembourg SA, que en aquel momento figuraba como propietaria formal del 99,92% de las acciones de GI Beteiligung. Ésta, a su vez, tenía como representante en España a Francisco Javier de la Vega Jiménez, el abogado detenido en la 'Operación Fénix' y el único de los arrestados junto a Conde que ha acabado en prisión como el ex banquero. Sin embargo, aquella "supuesta enajenación", como la califica el propio juez Pedraz en su escrito, no impidió que éste y su familia siguieran disfrutando de la finca y, para ello, Lourdes Arroyo firmó un contrato de arrendamiento "con la presunta intención de enmascarar la ficción de esa 'venta". El precio pactado como renta fue de 72.000 euros anuales que, según ha constatado la Agencia Tributaria, se abonó desde 2003 hasta 2007, el año de fallecimiento de la mujer de Conde. Desde entonces, la familia siguió acudiendo a la casa pero sin abonar ninguna cantidad por el alquiler.

La alerta de 2012

Las sospechas sobre la titularidad real de esta vivienda de lujo no eran, sin embargo, nuevas. En 2012, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya pusieron con sus informes en alerta a la Audiencia Nacional sobre los supuestos tejemanejes de Conde para evitar pagar los 12 millones de euros que adeudaba de los 26 millones que le impuso de responsabilidad civil la sentencia del 'caso Banesto'. De hecho, el octubre de aquel año y en enero de 2013, la Justicia dictó sendos autos de embargo preventivo y de prohibición de disponer de Can Poleta, que fueron recurridos por la empresa 'pantalla' de Luxemburgo que figuraba entonces, y aún hoy, como propietaria de la finca. El representante de la sociedad en esas gestiones judiciales no fue otro que el ahora encarcelado Francisco Javier de la Vega.

Dos cuentas abiertas en la misma sucursal de Caixabank en Pollença han aportado nuevos datos sobre las irregularidades en torno a la mansión

La pista mallorquina guió a los investigadores hacia dos cuentas, ambas en la misma sucursal de La Caixa en la localidad de Pollença. En la primera, abierta el 15 de abril de 2003, figura como titular GI Beteilingnung SA y en ella aparecen "con firma reconocida" Pierre Henri Antoine Schill y Carlos Castaño Dorantes. Este último no es otro que el guardés de la propia finca, al que la familia Conde pagaba un sueldo mensual de 910 euros. En este depósito es en el que entre abril de 2003 y julio de 2007, Lourdes Arroyo hacia ingresos en efectivo trimestrales de 18.000 euros en concepto de alquiler. En total, abonó 342.000 euros. Buena parte de ese dinero era posteriormente transferido a Fiduciares Glacis SARL, "auditor de las cuentas" de la sociedad luxemburguesa. En su auto, el juez Pedraz destaca que una vez falleció la mujer de Conde, dichos ingresos y transferencias cesaron, pese a lo cual la familia siguió ocupando la vivienda e, incluso, a partir de 2011 "los gastos domésticos" fueron cubiertos por la propia GI Beteiligung.

Inyecciones económicas

Para poder hacer frente a estos últimos, la mercantil bajo sospecha recibió en 2008 y 2009 dos importante inyecciones económicas en sus cuentas bancarias en Luxemburgo que, en parte, luego reenvió a la de la sucursal de La Caixa en Pollença. La primera, de 646.000 euros, se contabilizó como "inmobiliario financiero". La segunda fue de 200.000 euros. Ya antes, en 2002, había recibido otra de 600.778 euros que los investigadores deducen que le sirvió para simular el compra de Can Poleta a la empresa Apolo Inversiones y Servicios SL, la primera propietaria. Todos esos movimientos fueron detectados por la Policia ya en 2012 gracias a la información que la propia compañía había depositado ante las autoridades mercantiles del Ducado. Los últimos avances en la investigación los han vuelto a poner en valor.

Pese a que la finca la sigue disfrutando la familia Conde, todos los gastos los paga la sociedad luxemburguesa. También las cuotas del club náutico

La segunda cuenta en La Caixa de Pollença fue abierta el 12 de marzo de 2004 con Alejandra Conde Arroyo, hija del exbanquero, como titular. Como autorizado en la misma aparece, de nuevo, el guardés de la finca, Carlos Castaño. Entre el 12 de marzo de 2004 y el 27 de noviembre de 2014, la misma se nutrió de ingresos en efectivo que fluctuaban entre los 200 y los 10.000 euros y que eran realizados por la propia Alejandra, señalada por el juez como una de las piezas claves del entramado societario, su madre, y tres empleados de la familia. Se trataba en concreto del guardés, del chófer del ex banquero, Félix Leonardo Loza Ruiz; y de otro trabajador de la familia, Félix Castells Sonier.

Según destaca el auto de prisión dictado por el juez Pedraz, "esta cuenta sirvió para cargar los gastos de Can Poleta hasta mayo de 2011", entre ellos el magro salario que recibían Carlos Castaño y su mujer, Catalina Cerdá, por cuidar de la finca. A partir de esa fecha, fue la depósito bancario de la empresa luxemburguesa la que corrió con todas las facturas, desde los originados por las nóminas del servicio doméstico a los recibos del teléfono e, incluso, "los abonos del club náutico", recalca el magistrado que lo considera un dato relevante de la 'pista marllorquina' que ha permitido ahora sacar a la luz el entramado financiero del exbanquero y su familia.

EL FANTASMA 'OLIVER' Y LAS CÁSCARAS DE ALMENDRAS

Pese a no ser formalmente el propietario de la finca desde mediados de los años 90, Mario Conde siempre ha hablado en público de Can Poleta como de su casa. Así, cuando fue invitado por el alcalde del cercano municipio balear de Caimari a dar el pregón de las fiestas locales el 11 de julio de 2009, el exbanquero justificó su fuerte vinculación con las islas precisamente en esta mansión. En su discurso, el ahora preso de la cárcel de Soto del Real recordó que aquella propiedad fue comprada en primer lugar por su "familia política", en referencia a su suego, y que en 1982 se la quedó él. "Para mi y mi mujer. Era una preciosa tafona, rodeada de olivos milenarios", rememoró. Nada dijo entonces de que la hubiera vendido y hubiera pasado a ser simplemento su supuesto inquilino. De hecho, llegó a referirse a ella en aquel pregón como una de sus "posesiones".

Lo que sí hizo fue contar anécdotas sobre la misma. "La casa tenía calefacción de esas que se alimentan con cáscaras de almendra", aseguró y señaló que era él quien se encargaba de ir a comprar los sacos del ecológico combustible para alimentar el fuego. "Y claro, me ensuciaba, pero eso no me importaba. Al reves, me gustaba", dijo. También relató que el nombre de la finca, Can Poleta, provenía de que en sus orígenes fue supuestamente la casa de un napolitano y que, además, tenía un fantasma. Inglés, para más señas. Aseguró que se llamaba Oliver y que asustaba a "los encargados de mi seguridad" cuando era presidente de Banesto. Mario Conde se presentó aquel día ante los vecinos de la localidad balear como un defensor a ultranza de Mallorca y su naturaleza, cuyas tierras, aseguró, "las han maltratado fruto de la avaricia".

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