España

Las tres empresas clave que el clan Conde utilizaba en España para blanquear el dinero de Banesto

Se trata de las compañías Barnacla S.A, Black Royal Oak y la aceitera Oleificio Español SA. Todas ellas tienen domicilio fiscal en nuestro país; las dos primeras en Madrid y la aceitera en Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz las sitúan como el epicentro de la trama corrupta en España.

Mario Conde tras su detención por la Guardia Civil.
Mario Conde tras su detención por la Guardia Civil. EFE.

El entramado financiero que el expresidente de Banesto, Mario Conde, y su red de testaferros pusieron en marcha para presuntamente blanquear el dinero sustraído de dicha entidad bancaria lo integraban más de cuarenta de empresas distribuidas por las Islas Vírgenes, Reino Unido, Suiza, Italia, Emiratos Árabes, Curaçao, Luxemburgo, Países Bajos y España.

Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de la investigación, algunas de esas sociedades eran utilizadas con un fin puramente instrumental, es decir, empresas pantalla cuyo único objetivo era 'lavar' el dinero sustraído de Banesto a través de ellas. Sin embargo, a través de otro grupo de mercantiles, Conde y sus más estrechos colaboradores movían los fondos no sólo para supuestamente blanquearlos sino también para multiplicarlos.

Se trata de las mercantiles Barnacla S.A, Black Royal Oak y la aceitera Oleificio Español SA, todas con domicilio fiscal en nuestro país

En toda esa maraña de empresas, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz sitúan a tres de ellas como el epicentro de la trama en España: se trata de las compañías Barnacla S.A, Black Royal Oak y la aceitera Oleificio Español SA. Todas ellas tienen domicilio fiscal en nuestro país; las dos primeras en Madrid y la aceitera en la capital andaluza.

En el caso de la sociedad Barnacla S.A, los hijos de Conde, Alejandra y Mario Conde Arroyo, detenidos el pasado lunes en el marco de la operación Fénix, son propietarios al 50 por ciento de la mimas, dependiendo de esta empresa, a su vez, la mercantil Hogar y Cosmética Española.

Por su parte, Black Royal Oak es una mercantil cuyos administradores solidarios son los vástagos del exbanquero mientras que figura como administrador único su yerno Fernando Guash, que fue puesto en libertad por la Guardia Civil tras pasar detenido más de 24 horas en esta causa de corrupción.

Los Conde pasan a disposición judicial

Por último, los investigadores dan un papel prioritario en el entramado societario a la empresa aceitera Oleificio Español S.A, con domicilio fiscal en Sevilla, y cuya administradora única es una de los presuntos testaferros de Conde, la investigada María Cristina Álvarez Fernández.

Esas empresas a su vez estaban relacionadas con otras sociedades que investiga la Audiencia Nacional aunque forman el núcleo más importante de mercantiles utilizadas por Mario Conde y sus hijos para introducir en España el dinero de Banesto una vez que salió de prisión en el año 2008.

El ex banquero gallego y sus hijos pasarán a disposición judicial en las próximas horas acusados de fraude fiscal, organización criminal y blanqueo

El 'modus operandi' empleado por el clan Conde y sus colaboradores consistía en repatriar el dinero a España a través de diversas operaciones financieras como préstamos entre sociedades, ampliaciones de capital de las mercantiles asentadas en España, facturaciones por trabajos inexistentes o simples ingresos en efectivo. Así consiguieron introducir en nuestro país más de 13 millones de euros desde el año 1999, cuando el ex banquero aún se encontraba en prisión cumpliendo condena por el 'caso Banesto'.

Previsiblemente, Conde, sus hijos y sus testaferros pasarán en las próximas horas a disposición de la Audiencia Nacional tras haber sido interrogados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La fiscal Anticorrupción Elena Lorente deberá decidir si solicita medidas cautelares para los detenidos una vez que hayan comparecido ante el juez Pedraz. En la 'operación Fénix' se investigan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

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