Quién es quién en la red de blanqueo de los Conde: la hija, coordinadora; el hijo, víctima

El instructor de la operación Fénix, el juez Santiago Pedraz, detalla a la perfección en el auto donde envía a prisión de forma incondicional al ex presidente de Banesto, Mario Conde, y su abogado y presunto testaferro, Francisco Javier de la Vega y acuerda el arresto domiciliario de la hija del ex banquero, Alejandra Conde Arroyo, qué papel jugaba cada uno de los integrantes de la presunta red de corrupción.

De Mario Conde padre era el líder de la trama diseñada para blanquear capitales sustraídos de la entidad Banesto en los años 90. Justo debajo de él, explica Pedraz, se sitúa su hija Alejandra  "quien coordinaría con éste la operativa desarrollada". Asimismo, su hijo Mario Conde Arroyo "habría sido utilizado por aquel –en referencia al ex banquero- para instrumentar la trama defraudatoria". El magistrado sostiene que si bien la hija se sitúa en "la codirección de la trama", su hermano "sirvió" a los intereses y beneficios de la organización.

Los pesos pesados de la red de corrupción eran Conde, su abogado y su hija Alejandra, según detalla el juez

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional explica que el investigado Francisco de Asís Cuesta, "persona de máxima confianza" de Mario Conde desde su época en la entidad Banesto, "perdió peso" dentro del entramado presuntamente delictivo en los últimos meses pese a que fue administrador único de varias sociedades investigadas.

En contraposición, el abogado titular del despacho De Vega y Asociados, Francisco Javier de la Vega, era una "pieza fundamental en todo el entramado empresarial; participando directa o indirectamente en los negocios jurídicos y económicos relacionados con la familia Conde".

Para los imputados en la operación Fénix, Mario Conde Arroyo, Cristina Fernández Álvarez y Roland Stanek, el juez Santiago Pedraz decretó este miércoles la puesta en libertad con medidas cautelares consistentes en comparecencias semanales, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Todos los investigados en este procedimiento están acusados delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.