PP y PSOE no quieren más 'casos Rita': dejan sin 'blindaje' a sus cuatro diputados amenazados de imputación

Con la repetición de las elecciones como horizonte más probable para los partidos, PP y PSOE intentan evitar errores del pasado. Entre ellos, el de incluir a sus diputados con problemas judiciales en la Diputación Permanente para que conserven la condición de aforados cuando se disuelvan las cámaras. Los 'populares' lo hicieron en febrero con la senadora Rita Barbera, ya entonces acorralada por la 'Operación Taula'. Sin embargo, este miércoles han decidido no dar este privilegio a sus diputados bajo la lupa de los magistrados. El principal partido de la oposición ha seguido sus pasos. De este modo, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, María José García-Pelayo, ya investigada por el Tribunal Supremo, Óscar Clavell y Pedro Gómez de la Serna, estos tres últimos elegidos por las listas del partido de Mariano Rajoy -aunque el último fue expulsado al Grupo Mixto precisamente por el escándalo de comisiones que se investiga en la Audiencia Nacional-, dejarán de estar protegidos ante los tribunales a las 12 de la noche del próximo 2 de mayo si, finalmente, se convocan elecciones. Ninguno ha sido incluido en el órgano que mantiene el poder legislativo hasta que se elija la nueva Cámara baja.

La 'popular' García Pelayo ya compareció el pasado febrero en el Supremo como imputada por la trama jerezana de la Gürtel. El magistrado que instruye la causa acaba de llamar a declarar a cinco testigos

El caso de 'blindaje' más antiguo de los cuatro es el de García-Pelayo, investigada por el Supremo desde hace meses por su presunta implicación en la llamada trama jerezana del 'caso Gürtel'. De hecho, la que también fuera alcaldesa de Jerez de la Frontera hasta los comicios municipales de mayo del año pasado no pudo ser imputada antes de jurar su cargo como diputada por la provincia de Cádiz porque antes de concurrir a las elecciones ya estaba aforada. Era senadora y, además, cuando se disolvió el parlamento por las elecciones del 20-D su partido la incluyó en la Diputación Permanente de la Cámara Alta por lo que conservó la protección judicial que ahora puede perder. Los hechos por los que se la investiga se remontan a hace doce años. En concreto, a la última semana de enero de 2004, cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, dependiente del consistorio que ella encabezaba, firmó varios contratos con sociedades de la trama Gürtel para el montaje de un pabellón en FITUR de aquel año por un valor de 214.027 euros.

Según destacó el juez José de la Mata en la exposición razonada que elevó al Supremo para que éste asumiera la investigación sobre García-Pelayo, los expedientes de aquellos contratos se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector sino directamente por la exalcaldesa. Para el magistrado "todos estos actos y decisiones (...) transcendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso". "Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue, además, injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas", añadía el magistrado. Finalmente, el alto tribunal aceptó abrir la causa contra la ahora diputada por un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público y la citó a declarar el pasado 22 de febrero. Sus explicaciones ante el magistrado instructor, Antonio del Moral, no debieron ser convincentes ya que éste ha decidido recientemente interrogar como testigos a cinco personas por estos hechos. Entre ellos, tres de los procesados ya por los mismos hechos en la Audiencia Nacional, donde el sumario ya ha sido concluido y la Fiscalía pide siete años de cárcel para ellos.

El ex alcalde de Vall d'Uxó

Tampoco ha sido incluido en la Diputación Permanente su compañero de partido Óscar Clavell, elegido por la provincia de Castellón y que también ocupaba una alcaldía, la de Vall d'Uxó, hasta las elecciones del pasado mes de mayo. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules dictó en febrero el auto de transformación en procedimiento abreviado como paso previo para remitir al Supremo la causa en la que se investiga el pago de 707.000 euros a una empresa contratada para la limpieza viaria de este municipio con el informe en contra de los técnicos municipales. Cuando ocurrieron los hechos, el ahora parlamentario ejercía el papel de primer edil en funciones y la magistrada considera que "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" advirtió a Óscar Clavell de que éste "no se estaba ejecutando correctamente [...] validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas". Por ello, consideró que había incurrido en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.

El pasado 14 de abril, una juez de Vall d'Uxó remitió al Supremo el escrito para que éste certificase la condición de aforado del 'popular' Óscar Clavell, paso previo para remitirle la causa

Tras conocerse la noticia, el diputado por Castellón tardó poco en anunciar públicamente que, pese a todo, sólo dimitiría si se decretaba la apertura de juicio oral. No obstante, también recalcó que no estaba para "crear problemas a nadie ni a nada", por lo que se mostró a "entera disposición" del partido y dispuesto a acatar lo que Génova 13 decidiera al respecto. "Si decide que debo marcharme, renunciaré a todos los cargos", dijo. Hasta ahora no ha hecho falta. Horas después, Rafael Hernando, portavoz 'popular' en el Congreso, se apresuraba en alejar dicha posibilidad: "No es un caso de corrupción, sino una situación de discrepancia en relación con un informe de un ayuntamiento. Es un caso administrativo", aseguró. Sin embargo, el pasado 14 de abril, la juez de Vall d'Uxó remitió al Tribunal Supremo el escrito para que éste certificase la condición de aforado de Clavell y poder remitirle la causa.

Enviado al Grupo Mixto

Muy distinta ha sido la actitud de los 'populares' con el tercer diputado elegido el pasado 20-D en sus listas que tiene problemas con la Justicia. Pedro Gómez de la Serna fue excluido del grupo parlamentario tras salir a la luz el escándalo de las comisiones que presuntamente cobró como asesor de empresas españolas en el extranjero mientras era diputado en la anterior Legislatura. Los pasados 11 y 12 de enero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, el mismo que remitió al Supremo la causa de García-Pelayo, dictaba sendos autos por los que admitía la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y ordenaba el registro de viviendas de siete personas y las sedes de otras tantas empresas, además de incluir referencias a más sujetos y mercantiles supuestamente relacionadas con las actividades del polémico parlamentario y el exembajador en la India y también destacado miembro del PP, Gustavo de Arístegui.

El 8 de abril el juez De la Mata reiteró a Pedro Gómez de la Serna la 'invitación' que le había hecho en enero para que acuda a declarar voluntariamente. El diputado ha hecho oídos sordos hasta ahora

El listado de implicados recogido en aquellos escritos del magistrado lo encabezaba el propio Gómez de la Serna, dada su condición de administrador único y accionista mayoritario de la consultora Scaradovi SL, clave en la trama investigada. En aquellos autos el juez ya destacaba que aún no podía actuar contra el político dada su condición de aforado aunque abría la puerta a que el diputado por Segovia acudiese a declarar de manera voluntaria. Una 'invitación' que reiteró el pasado 8 de abril en un nuevo auto en el que citaba a declarar como investigado a su correligionario Arístegui y aumentaba el número de imputados. Hasta ahora, Gómez de la Serna ha hecho oídos sordos a ambos ofrecimientos. En la causa, que permanece secreta, se investigan, entre otros, dos millonarios pelotazos de 230 y 250 millones para construir una planta desaladora y un tranvía en Argelia en las que presuntamente se pagaron sobornos a altos funcionarios del país norteafricano. El juez De la Mata cree que existió un delito de corrupción entre particulares y "otros conexos".

Apoyo del PSOE

El cuarto diputado salpicado por la corrupción se encuentra en la bancada socialista. Se trata de Antonio Gutiérrez Limones, hasta la pasada Legislatura senador y desde 1995 alcalde de Alcalá de Guadaira. Es precisamente el desempeño de este último cargo público el que ha colocado en problemas judiciales al parlamentario del PSOE. El pasado mes de enero, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de este municipio sevillano, Javier Francisco Alba, inició el trámite para pedir al Tribunal Supremo que investigase al diputado por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. El informe de más de 300 folios de la Guardia Civil en el que apoyaba su decisión el magistrado concluía que la supuesta actuación del político andaluz fue clave para "favorecer, facilitar y fomentar" las irregularidades detectadas en las cuentas de una empresa pública del municipio, Alcalá Comunicación Municipal SA (ACM). Este miércoles, la Fiscalía pedía de nuevo al juzgado que elevase la causa al Alto tribunal dados los "indicios más que poderosos" de la supuesta implicación en los hechos investigado del aforado. 

La Fiscalía ha pedido este miércoles al Supremo que investigue al socialista Gutiérrez Limones dados los "indicios más que poderosos" de su supuesta implicación un caso local de corrupción

El caso que ahora pone contra las cuerdas al parlamentario por Sevilla se inició en junio de 2013 por una denuncia presentada por el PP local relativa a supuestas irregularidades en los gastos de una sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. La denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de dicha empresa hablaba de la supuesta financiación de gastos particulares de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiados. Pese a ello, el PSOE le ha mostrado en todo momento su apoyo tanto en Madrid como en Andalucía. De hecho, el pasado miércoles fue elegido vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un órgano en el que se sientan tanto diputados como senadores de los diferentes estados europeos. Eso sí, los socialistas han decidido no incluirle en la Diputación Permanente que le hubiera asegurado conservar la condición de aforado aunque se disolvieran las cámaras el próximo 2 de mayo.