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España

Ruz apunta a Cospedal en la trama que financió con una 'mordida' su campaña de 2007

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal

El juez Pablo Ruz vuelve a a hacer temblar Génova 13. Sólo 24 horas después de imputar a Ángel Acebes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto en el que relata los indicios recabados en el último año sobre el supuesto pago con una 'mordida' de 200.000 euros de parte de la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal, actual 'número 2' de los 'populares'. En el escrito, muy medido en sus palabras dada la condición de aforados de algunos de los personajes que han aparecido en el transcurso de las investigaciones, el magistrado da un respaldo implícito a las declaraciones que en julio de 2013 hizo Luis Bárcenas en las que aseguraba que los dirigentes regionales de su partido en Castilla-La Mancha amañaron presuntamente la adjudicación de un contrato para la limpieza de basuras de la ciudad de Toledo a cambio de la supuesta entrega de una cantidad de dinero por parte de Sacyr-Vallehermoso, matriz de la empresa que ganó el concurso. En el texto, Ruz anuncia la "eventual remisión de parte de la instrucción" al Tribunal Superior de Justicia esta comunidad autonóma ante la posible participación de "persona o personas aforadas", además de citar expresamente en una ocasión a la actual secretaria general del PP al recordar la declaración del extesorero en la que destapó la supuesta irregularidad.

El documento policial señala la presunta participación en la trama de al menos cinco cargos del PP, además del propio Bárcenas

El auto, en el que se cita como imputado al exalcalde 'popular' de Toledo, José Manuel Molina, es el resultado de la reciente remisión por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de un informe en el que analiza toda la documentación y declaraciones existentes en el sumario relacionadas con esta línea de investigación. Con ellas, los agentes aseguran haber procedido "a la reconstrucción de la operación de adjudicación investigada". Siempre según el auto, el documento policial señala la presunta participación en la trama de al menos cinco cargos del PP, además del propio Bárcenas y la mención a María Dolores de Cospedal, y de once directivos y empleados de Sacyr y su filial. En concreto, los agentes destacan el papel jugado por José Ángel Cañas, gerente regional del partido ya imputado en la causa, y que fue quien firmó el recibí que el extesorero ahora encarcelado le presentó tras entregarle supuestamente los 200.000 euros. El segundo es Vicente Tirado, secretario general de la formación en Castilla-La Mancha y actual presiente de las Cortes regionales. El que fuera máximo responsable de las finanzas de Génova 13 lo situó como supuesto destinatario del dinero y presente en las reuniones que se mantuvieron con representantes de la constructora.

Un segundo imputado mencionado es Lamberto García Pineda, tesorero regional y concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, por su participación directa en el proceso de adjudicación del contrato investigado, y a José Manuel Molina García, alcalde 'popular' de Toledo cuando se realizó el contrato y al que ahora el magistrado quiere oír acompañado de abogado por su presunta implicación en los hechos. Por último, menciona a Sebastián González, actual diputado por Ávila en el Congreso y que en aquel momento era "responsable de organización nacional del PP". Es al mencionar a este quinto integrante de la formación cuando el juez Pablo Ruz nombra a la actual 'número 2' de Mariano Rajoy en el partido. En concreto, asegura que, "siempre de acuerdo con la versión del señor Bárcenas", González fue "la persona que presuntamente le habría trasladado [al extesorero] el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de 'plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo".

Un nuevo imputado y ocho testigos 

Por todo ello, Ruz decide citar como imputado para el próximo 24 de noviembre al anterior primer edil de la capital castellano manchega, José Manuel Molina, actualmente apartado de la política. Para ese día también ha convocado, aunque en condición de testigos, al diputado del PP Sebastián González, al actual alcalde de Toledo, el socialista y también senador Emiliano García-Page (a ambos les da la posibilidad de prestar declaración en sus despacho dada su condición de aforados), y a Francisco Javier Sánchez Rubio, quien fuera el viceinterventor municipal y autor de un informe de fiscalización sobre el contrato bajo sospecha que se ha incorporado al sumario. El magistrado también quiere oír el testimonio de cinco empleados de Sufi SA, la filial de Sacyr que ganó el concurso, además de que el PP le remita "los estatutos o normas de regimen interno, o normativa reguladora de la organización, de la formación regional de Castilla-La Mancha vigentes en 2006 y 2007".

El auto dedica también un amplio espacio a apuntar la posible implicación en la trama de personas aforadas

El auto dedica también un amplio espacio a apuntar la posible implicación en la trama de personas aforadas "a tenor del resultado de las diligencias practicadas hasta la fecha presente", por lo que insiste en la necesidad de "agotar la investigación" para delimitar claramente "el grado de participación" de éstos antes de remitir la causa "a favor del órgano que se estimare en su caso competente, en principio la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Suprerior de Justicia de Castilla-La Mancha". De los dirigentes mencionados expresamente por Ruz en su escrito, sólo una hipotética investigación sobre Vicente Tirado, en su condición de presidente de la cámara autonómica, y María Dolores de Cospedal, como máximo responsable del Ejecutivo regional, sería competencia precisamente de este órgano judicial.

La número 2 del PP declaró como testigo ante el juez Ruz por esta operación en agosto de 2013. Entonces, Cospedal rechazó haber recibido ninguna mordida de Sacyr para su campaña electoral de 2007, aunque no pudo profundizar en sus explicaciones ya que el propio magistrado le pidió que no aportase más datos en esa línea ante la posibilidad de que de sus palabras se derivasen consecuencias para personas aforadas y, por tanto, fuera de ámbito de competencia. La secretaria general del partido negó cualquier relación con el polémico apunte de los 'papeles de Bárcenas' y calificó "toda esta historia" de "rotundamente falsa". Para ella, el hecho de que hubiera un documento firmado por el gerente de su partido "no prueba de ninguna manera una comisión previa". La dirigente 'popular' no escatimó en descalificativos a la versión aportada por el extesorero de la formación, que tildó de "disparatada y mentirosa".

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