España Manuel Chaves ante la comisión de los cursos de formación: "Es posible que no todo estuviera bien"

El expresidente de la Junta de Andalucía ha negado que se produjera "ningún tipo de fraude" en la Administración y atribuye un posible acto ilícito a los empresarios. 

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha admitido este lunes que es "posible" que no todo estuviera "bien" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero ha insistido en que no cree que hubiera "ninguna ilegalidad" ni "ningún tipo de fraude" en el seno de la Administración andaluza. En este sentido, ha asegurado que si alguien ha cometido un acto ilícito ha sido el empresario. 

Chaves ha defendido ante la comisión Parlamento andaluz que investiga el presunto fraude en los cursos de formación desde el año 2002 su gestión: "Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena; seguramente, no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración; esa es mi opinión".

"El ilícito penal lo habrá cometido el empresario que no haya cumplido con la ley. Si alguien cobra una pensión que no le corresponde, o una prestación por desempleo que no se ajusta, comete un ilícito penal pero la culpa es de quien cobra lo que no debe, no del funcionario o la administración que tiene delante de sí toda la documentación necesaria" ha rematado Chaves.

Preguntado por el portavoz del grupo socialista, Chaves se ha mostrado tajante ante la posibilidad de que hubiera autorizado o dado orden a algún funcionario para que se saltara la normativa: "si se hubiera dado alguna irregularidad o hubiera tenido conocimiento de ello no lo habría permitido. Nunca he tolerado ninguna ilegalidad, ni la he mantenido, ni la he impulsado". 

"La actuación de los organismos fue razonable pero se pudieron cometer errores"

El expresidente se ha manifestado "defensor de las políticas públicas y de la gestión pública de la política" pero ha planteado que en ese momento era necesario reforzar las políticas públicas de empleo y era necesario una red de empresas con estructuras formativas "que era de lo que carecíamos en 2002 y 2003", ha indicado. Chaves ha reiterado que se acudió a empresas privadas para impartir los cursos porque "si hubiéramos acudido exclusivamente a un régimen de contratación pública no habríamos podido dar respuesta a las necesidades formativas que tenía Andalucía en aquel momento" por lo que defiende que "la actuación de los organismos fue razonable pero con dificultades por la puesta en marcha de una nueva política, por lo que se pudieron cometer errores".

Chaves, que fue presidente de la Junta entre los años 1990 y 2009, ha señalado que es "posible" que se pudieran haber cometido actos ilícitos, pero "sería por parte del empresario, no de ningún directivo de la Administración", y ha reiterado que la ejecución fue "positiva, razonable, útil y eficaz". 

Para los cursos de formación se destinaron más de 3.100 millones de euros de fondos públicos, pero las empresas no podían obtener ningún beneficio "está prohibido por la ley pero hay un 20% de gastos que puede certificar el empresario privado en relación con el mantenimiento de infraestructura, salarios, gastos de electricidad..."

"Nunca hubo alerta de irregularidad en las ayudas"

Durante las dos horas y media que ha durado su comparecencia, el expresidente ha recalcado que en los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz "nunca" se produjo "alerta o aviso" dentro de la administración sobre ningún tipo de "deficiencia o irregularidad" en la gestión de las ayudas a la formación.  "Todos los años tenía una reunión con los consejeros de la Cámara de cuentas, y en ninguna de esas reuniones se habló de irregularidades en relación a la formación profesional" ha indicado al diputado del grupo popular, Miguel Ángel Torrico.

Preguntado por el informe que elaboró con recomendaciones la Cámara de Cuentas en 2004, Chaves ha indicado que "eran recomendaciones para mejorar la gestión" por lo que no había obligación de implementarlas.

El expresidente mantuvo una tensa ronda de preguntas con el portavoz popular de la comisión, a quien le espetó que él tiene "responsabilidad política sobre las decisiones que ha tomado la Administración para bueno y para lo malo. Si me quiere hacer responsable político lo puedo entender, ahora, si quiere hacerme responsable político de lo que han hecho el consejero, el interventor o el funcionario, no tengo esa responsabilidad porque tienen toda la autonomía". Chaves también se negó a valorar un auto judicial: "lo que afirme un consejero es su responsabilidad, sobre un auto de un juzgado no me voy a pronunciar aquí". 

Exceptuaciones, tema "inflado"

Preguntado por las exceptuaciones en la justificación de algunas ayudas, ha indicado que desconoce el número exacto porque "era exclusiva competencia del consejero", de forma que "no pasaban por el Consejo de Gobierno". Chaves ha destacado que "las exceptuaciones no son un perdón, no exoneran de la justificación del pago, estamos inflando un tema que no se lo merece" porque nadie puede "librarse" de justificar el pago de la subvención.

De la misma forma, ha defendido que, "respetando el criterio" de quien pueda pensar otra cosa, "nunca", a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz firmó "ninguna decisión ilegal". Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley, ha incidido.

"Las deficiencias que han podido producirse no han sido de la administración, han sido en todo caso contra ella".

Tras la comparecencia de Chaves ha comenzado su  declaración ante la comisión su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, quien ha comenzado manifestando que tiene el convencimiento de que "la administración andaluza ha actuado de acuerdo con la legalidad y que las deficiencias que han podido producirse no han sido de la administración, sino en todo caso contra ella". 

El expresidente de la junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán

Griñán, que presidió la Junta de andalucía entre 2009 y 2013, ha defendido que esas ayudas se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista".

Tras explicar porqué decidió transferir las competencias sobre los cursos de formación de la conserjería de Trabajo a Educación, Griñán ha señalado que pudieron producirse deficiencias por una "falta de recursos humanos y técnicos" que dificultaron "el control y seguimiento de los documentos".

Griñán ha destacado que el Interventor General de la Junta señaló que "no hubo menoscabo de fondos públicos".

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