Tribunales Malestar en el TC por las presiones para acelerar la sentencia de la prisión permanente

Los magistrados consideran que no deben interferir en el debate político por lo que reclaman a los partidos que no exijan mayor celeridad a sus decisiones 

Imagen de la sede del Tribunal Constitucional
Imagen de la sede del Tribunal Constitucional Efe

Las presiones políticas para que el Tribunal Constitucional decida lo antes posible sobre la legalidad o no de la prisión permanente revisable no han gustado a los magistrados del órgano de garantías, que han mostrado su malestar por lo que denominan "injerencias políticas y mediáticas", según explican a Vozpópuli fuentes del órgano judicial.

El Pleno del Congreso dio el pasado jueves un paso más para derogar la prisión permanente revisable tras rechazar en un tenso y agrio debate las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y PP, duramente acusados por la oposición de utilizar el dolor de las víctimas, delante de los propios familiares de varios asesinados.

Precisamente, tanto el PP como Ciudadanos reclamaron al PSOE que "reflexione" y "recapacite" y que antes de derogar la prisión permanente revisable espere a que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso que los propios socialistas plantearon en julio de 2015.

Julio de 2015

El Pleno del Constitucional admitió a trámite en julio de 2015 el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario Socialista y otros de la oposición contra los artículos de la Ley Orgánica, 1/2015, de 30 de marzo, por la que modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que regulan la figura de la prisión permanente revisable.

En este sentido, fuentes del Tribunal Constitucional han asegurado a este diario que las órdenes del día de las dos próximas sesiones del Constitucional no incluyen la prisión permanente revisable, cuyo ponente es por turno el magistrado progresista, Fernando Valdés.

Las sentencias del Tribunal Constitucional suelen tardar varios años en sustanciarse, como por ejemplo fue el caso de decisión del Estatuto de Cataluña de 2006, que fue hecha pública el 28 de junio de 2010, cuatro años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular el 31 de julio de 2006.

Complejidad de los casos

Los magistrados justifican ante este diario la tardanza de sus decisiones habida cuenta de que los asuntos tienen una elevada complejidad, y una gran trascendencia, lo que les convence para dirimir las cuestiones sin ningún tipo de celeridad.

Además, explican también a Vozpópuli que en los últimos años el Pleno del Constitucional se ha visto obligados a acelerar sus decisiones ante el desafío secesionista catalán, una cuestión que ha arrinconado en muchas ocasiones otras de las cuestiones que tienen que dirimir los magistrados del Tribunal Constitucional.

Otras fuentes, relatan que, además, el Constitucional no debería solapar con sus decisiones los debates políticos del Congreso de los Diputados, que esta misma semana ha protagonizado un agrio debate.

Por eso, los magistrados apuestan por esperar a que el debate se 'enfríe', por lo que los miembros del Tribunal Constitucional tendrán mayor libertad para decidir acerca de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable.



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