Publicado: 15/12/2012 04:00
El Ayuntamiento de Madrid rebajó ayer el alcance de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por culpa de una memoria económica repleta de errores que no ha salido precisamente barata. El informe que la consultora Ernst&Young entregó al área de Las Artes, dirigida por el edil Fernando Villalonga, para despedir a 75 empleados de Madrid Arte y Cultura S.A. (Macsa, el 25% de toda la plantilla) costó 17.000 euros a las arcas municipales. Un gasto importante que no ha servido para mucho, ya que el Ayuntamiento se ha visto obligado a rebajar los despidos hasta 61. Y bajando: según ha podido saber Vozpópuli por fuentes sindicales, la dirección está dispuesta a negociar más puntos del ERE.
Aparte del informe de Ernst&Young, cuyos errores han sido revelados por fuentes sindicales y municipales, el Ayuntamiento también encargó al prestigioso bufete Sagardoy Abogados la redacción del ERE a cambio de 20.500 euros. Una cantidad que también puede perderse de ser ciertas las irregularidades contenidas en la memoria. El dispendio vertido en ambos despachos ha sido muy criticado por los trabajadores afectados, que creen que se podrían reducir o anular los despidos en vez de contratar a costosos servicios externos. También piensan que se podría haber aprovechado a alguno de los 79 abogados a sueldo de Cibeles.
Macsa mantiene a 22 directivos y hace funciones que no le corresponden, como la limpieza del Palacio de Cibeles.
El de Macsa es un ERE muy controvertido. Primero, porque los despidos en esta sociedad que gestiona centros culturales de la capital vienen motivados por un tajo en su presupuesto, que pasa de 36 a 25 millones aproximadamente. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque Macsa hace funciones que no le corresponden como la limpieza, vigilancia y mantenimiento del Palacio de Cibeles, donde se celebran los plenos municipales. Esta actividad le supone a Macsa un sobrecoste de cuatro millones de euros. Además, la empresa ha solicitado la gestión del Centro Cultural Conde Duque, un centro donde la empresa, sin estar a cargo de dicha gestión, mantiene un alto cargo.
Los sindicatos han remitido al equipo de Villalonga una batería de propuestas para evitar los despidos, como la reprogramación completa de actividades, lejos de la línea que se sigue actualmente, o la reducción de gasto en muchas partidas inservibles. Las centrales también han propuesto cambios en la organización del trabajo y una mejora de los ingresos. Sin embargo, los delegados temen la privatización de Macsa.
También se contrataron los servicios de Sagardoy para lanzar el malogrado ERE a cambio de 20.500 euros.
El otro elemento de descontento que rodea a la aprobación del ERE es la propia gestión. La cúpula directiva la componen unas 22 personas que se embolsan más de un millón de euros en total, de acuerdo con los últimos presupuestos. En verano, cuando el runrún de los despidos cada vez era más fuerte, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de contratar a dos directivas. Por si fuera poco, el número de asesores ha pasado de 12 a 16, lo que acarrea un aumento de 200.000 euros. Finalmente, la polvareda que arrastró la contratación del nuevo programador de Artes Escénicas, Natalio Grueso, está lejos de remitir: tras saberse que gastó 182.616 euros bebiendo cafés en el restaurante de la asturiana Fundación Niemeyer, donde trabajaba antes de desembarcar en la capital, también ha trascendido que aparte de su salario (80.000 euros anuales) recibe una ayuda de 1.400 euros para sufragarse la vivienda en Madrid.
Así, una empresa con funciones que no le corresponden, un número considerable de altos cargos e informes onerosos que no valen para nada se mezclan con un ERE que aún está por redactar. Bienvenidos al Madrid de Ana Botella.
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