Publicado: 29/04/2016 12:50
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto donde ha impuesto medidas cautelares a ocho de los nueve investigados a los que ha tomado declaración entre el martes y el jueves de esta semana en la causa por la que envió a prisión al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, conocida como operación Nelson. El magistrado les impone –para el noveno la Fiscalía no pidió ningún tipo de medida- comparecencias en el juzgado el día 1 de cada mes o cuantas veces sean llamados a declarar, la designación de teléfono móvil de contacto permanente, así como la comunicación al juzgado de cualquier cambio de domicilio que se produzca.
Pedraz señala que "se sigue un dominio total y completo de la trama por parte de Luis Pineda que desde hace tiempo ha ido conformando una organización criminal"
El magistrado acusa a la empleada del departamento de publicidad de Ausbanc, María Isabel Medrano, al director de publicaciones de Ausbanc, Luis María Suárez Jordana, a la responsable de servicios jurídicos, María Manuela Mateo, Hermenegildo García, María Teresa Cuadrado, a la directora del gabinete de Presidencia, Rosa Isabel Aparicio, al administrador Ramón Perfecto Rodríguez y al abogado de Ausbanc Sevilla José Marin Rodríguez de los delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa y administración desleal, mientras que al abogado de Manos Limpias, José María de León, sólo le acusa de los tres primeros delitos.
La resolución judicial de Pedraz señala que de lo investigado hasta la fecha "se sigue un dominio total y completo de la trama por parte de Luis Pineda que desde hace tiempo ha ido conformando una organización criminal, utilizando a diversas personas como testaferros y en concreto a los citados investigados (…) los cuales (cada uno en su puesto) habrían contribuido a la consecución de los importantes ilícitos beneficios económicos”.
"Una hostia al BBVA"
El auto describe con detalle las actividades de cada uno de los investigados en la trama delictiva y el papel que se le atribuye en la misma, basada en campañas de publicidad, noticias negativas y acuerdos con entidades para evitar demandas. En este sentido, la resolución hace referencia a la actuación de la organización en el denominado 'caso Sevilla, en el que Luis Pineda le comenta a Rosa Isabel Aparicio varios puntos de su agenda, entre ellas "preparar preguntas de Braulio en Sevilla" ante su declaración en el caso de los ERE, que serán facilitadas al presidente de Unicaja, y varias llamadas posteriores en las que siguiendo indicaciones de Pineda colabora en la remisión del escrito de solicitud del archivo de la causa contra aquel.
El matrimonio Pineda pagó hasta un sofá con una sociedad del grupo Ausbanc, según relata el juez
En el caso de Luis María Suárez Jordana, señala que como director de Publicaciones de Ausbanc se encarga de publicar noticias a favor o en contra de determinadas entidades según decida Luis Pineda, con conocimiento de que tal actuación se debe a si se trata de entidades "colaboradoras" o no. Así se desprende de una llamada en la que Pineda le ordena publicar en el diario Mercado de Dinero una noticia negativa sobre Air Europa y otra en la que le indica que prepare una noticia "breve pero con una hostia' para Francisco González, presidente del BBVA, (presumiblemente como consecuencia de perder una demanda contra el BBVA)".
El auto también relata cómo el 17 de marzo pasado Luis María Suarez Jordana "tiene conocimiento por parte de alguien de Unicaja, que la Audiencia Nacional y la UDEF lo están investigando”, lo que motivó que éste comenzara a hacer gestiones para averiguar los motivos de tales pesquisas.
En el caso de la esposa de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado, el juez detalla operaciones realizadas a través de sociedad vinculadas a Ausbanc para supuestamente desviar fondos a favor del matrimonio. En una de ellas Hacienda ha constatado que la mujer de Pineda recibió 204.845 euros entre 2008 y 2014. A través de otra sociedad se ha constatado que esta investigada recibía 12.000 euros anuales para sus gastos personales. Incluso para la adquisición de un sofá, el matrimonio utilizó una sociedad del grupo.
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