España

La Audiencia reabre el caso de los discos duros destruidos en los ordenadores de Bárcenas

El tribunal ha tomado la decisión una vez estimados los recursos de IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes y UPyD. El procedimiento desapareció después de que fuera archivado en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de recursos.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas
El extesorero del PP, Luis Bárcenas EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias previas en las que se investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido PopularLuis Bárcenas. El procedimiento desapareció después de que fuera archivado en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de recursos.

El tribunal considera que la decisión de sobreseer la causa se adoptó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación. El juzgado 32 asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos, según Europa Press.

El archivo en Plaza de Castilla se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos

Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños, debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de delito de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos. "La decisión inicial de sobreseimiento provisional se adoptó, incluso, antes de admitir a trámite la personación de las acusaciones, recalca el tribunal en el auto de reapertura de las diligencias", critican además los jueces.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid dice ahora que no comparte los argumentos esgrimidos por la instructora y asegura que aunque los ordenadores sean propiedad del PP éstos son "sólo el continente" y que el partido tiene por qué ser dueño de los ficheros electrónicos almacenados salvo que así lo disponga una regulación pactada con sus empleados. 

Un archivo prematuro

Por otro lado, la Sala denuncia "la insólita y azarosa tramitación procesal de los recursos de apelación analizados, pues fueron presentados en noviembre de 2013 (UPyD) y enero de 2014 (IU y otros), pero fueron recibidos en esta Audiencia Provincial para su resolución más de un año y tres meses después, en los últimos días del mes de marzo de 2015, dado que las actuaciones originales han permanecido extraviadas durante más de un año sin que nadie lo advirtiera (lo que ha dado lugar a su reconstrucción parcial con auxilio de las partes)".

La Audiencia de Madrid denuncia, además, "la insólita y azarosa tramitación procesal" de esta causa donde "las actuaciones originales han permanecido extraviadas durante más de un año sin que nadie lo advirtiera"

En el auto, el tribunal también recuerda que el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional considera que existen indicios de que el PP se sirvió "desde 1990 y hasta, al menos, el año 2008" de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal" y que disponía de una contabilidad paralela a la oficial "a moco de cajas B".

IU, ALA, Ecologistas en Acción, Federación los Verdes y UPyD presentó la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.

La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.

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