Varapalo a Ruz: un juez de Buenos Aires cierra el sumario de las andanzas de Bárcenas en Argentina

Luis Bárcenas ya no tiene quien le investigue... en Argentina. El titular del Juzgado Federal número 8 de Buenos Aires, Marcelo Martínez di Giorgio, ha cerrado el sumario que abrió el pasado mes de noviembre para aclarar las andanzas del extesorero del PP en el país sudamericano. Martínez di Giorgio había iniciado la causa a petición de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (la Fiscalía Anticorrupción argentina) que consideraba que existió blanqueo de dinero en la transferencia de 3 millones de euros desde las cuentas suizas del político ahora encarcelado a la empresa uruguaya Brixco y, de allí, a la sociedad La Moraleja SA, que explota un latifundio de limones en la provincia de Salta. Ocho meses después, el magistrado bonaerense ha concluido que, de haber delito, éste habría prescrito según las leyes argentinas y que, por tanto, procede dar carpetazo a las pesquisas. Es un nuevo varapalo para la investigación del juez Pablo Ruz sobre la fortuna secreta del extesorero después de que en los últimos meses varios países se hayan negado a bloquear distintas cuentas de imputados y Suiza decidiera hace poco más de un mes suspender provisionalmente el uso en el 'caso Gürtel' de la información remitida en las diferentes comisiones rogatorias.

La Fiscalía argentina pretendía investigar a Bárcenas y otras cinco personas por el supuesto blanqueo de 3 millones de euros transferidos en 2009 desde las cuentas suizas del extesorero

El cierre del sumario argentino no sólo afecta a Bárcenas, sino también a otros dos imputados por Ruz. Se trata del que fuera máximo responsable de las finanzas de AP entre 1982 y 1987, Ángel Sanchis Perales, y su hijo Ángel Sanchis Herrero, propietarios del imperio agrícola de cítricos bajo sospecha. También aparecían como implicados la pintora Isabel Ardanaz de Mackinlay, que ante Ruz destapó la supuesta falsedad de la coartada de compraventa de cuadros de Rosalía Iglesias, esposa del político preso; Santiago Martínez Autin, que figuraba como presidente de Brixco, la mercantil comercializadora de zumo de limones que recibió los 3 millones de euros desde las cuentas helvéticas de Bárcenas al poco de estallar el 'caso Gürtel'; y el abogado bonaerense Edgardo Patricio Bel, señalado como presunto testaferro del extesorero y sobre el que Ruz ya preguntó a la Justicia del país sudamericano el pasado mes de junio como paso previo para pedir su extradición.

La Fiscalía argentina acusaba a todos ellos de haber participado supuestamente en el lavado de este dinero del extesorero en 2009. De hecho, en una nota que hizo pública a finales de octubre, la Procuraduría mostraba sus sospecha de que la familia Sanchis había puesto "a disposición de Luis Bárcenas, extesorero del PP actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera de La Moraleja para canalizar fondos de origen ilícito en inversiones y préstamos por exportación". En aquel escrito, recordaba que los 3 millones fueron a parar en primera instancia a las cuentas que la sociedad uruguaya Brixco SA tenía abiertas en una sucursal del HSBC en Nueva York y que, de allí, el dinero pasó luego a las cuentas de la empresa que explotaba el latifundio de limones "con la finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, enmascarando con ello el origen ilegal de los fondos transferidos". Sin embargo, el juez argentino considera ahora que, dado el tiempo transcurrido desde los hechos (más de cinco años), el posible delito de lavado ha prescrito y ordena sobreseer la causa. La Procaduría ya ha anunciado un recurso, según las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.

El revés suizo

Este frenazo a la investigación en el país sudamericano no es, ni mucho menos, el primer jarro de agua fría que recibe el juez Ruz más allá de nuestras fronteras durante la investigación del destino final del botín atesorado por el extesorero. De hecho, hace poco más de un mes el abogado de uno de los imputados, el broker Iván Yáñez, presunto testaferro del mismo, consiguió que la Justicia helvética suspendiera el permiso que había dado al magistrado español para usar la documentación que le ha ido remitiendo en más de 40 comisiones rogatorias en la investigación de presuntos delitos fiscales cometidos por diversos imputados en el caso Gürtel. Los letrados esgrimieron que las autoridades de Berna no les escucharon en audiencia previa antes de dar el visto bueno al envío de dicha información. Aunque la suspensión es temporal hasta que un Tribunal Penal Federal tome la decisión final, la medida abre una puerta a varios de los principales acusados para eludir parte de los delitos que Ruz les imputa.

Hace un mes, Suiza suspendió temporalmente la autorización para utilizar los datos facilitados en las comisiones rogatorias. Antes, EEUU y Reino Unido se negaron a bloquear diversas cuentas

Además, en los meses anteriores también EEUU y Reino Unido habían rechazado varias peticiones del magistrado español. Así, las autoridades de Washington se negaron a intervenir varias cuentas bajo sospecha. La primera era, precisamente, la abierta en el HSBC de Nueva York a nombre de Brixco. El posterior rastreo judicial de los movimientos de ésta permitió saber que aquel dinero había saltado supuestamente a otro depósito de una segunda empresa uruguaya, Rumagol, y de ahí a una tercera abierta a nombre de la sociedad TQM Capital, propiedad de uno de los hijos de Sanchis. El juez Ruz pidió entonces a las autoridades estadounidenses su bloqueo, pero éstas rechazaron tomar esta medida y se limitaron a facilitar información detallada sobre los movimientos de las mismas.

El magistrado tampoco ha tenido suerte con las autoridades del Reino Unido, a las que Ruz remitió el pasado mes de julio una comisión rogatoria en la que, además de pedirle información, le solicitaba el bloqueo de la cuenta que tenía en una entidad financiera de Londres el presunto testaferro del extesorero, Iván Yáñez, también imputado en la causa. Según fuentes del entorno de éste, un año después de aquella petición del magistrado de la Audiencia Nacional la justicia británica aún no ha inmovilizado los más de 600.000 euros que llegó a tener de saldo.