El Gobierno se vuelca en facilitar al juez pruebas que envíen a Bárcenas a prisión

Dentro del Gobierno se vive un clima de auténtica crisis política que convive con la sensación de que no se ha sabido reaccionar a tiempo al ‘caso Bárcenas’. La mayoría de los ministros se enteraron por los teletipos de la filtración que salió a mediados de enero de la Audiencia Nacional sobre el hallazgo de los 22 millones de euros del ex tesorero del PP en una cuenta suiza. Desde entonces, han contemplado la evolución del escándalo –informaciones sobre supuestos sobresueldos y contabilidad del partido – con la sorpresa de que al PP no solo le pillara también desprevenido, sino de que haya ido reaccionando a golpe de improvisación, una circunstancia que ha terminado por dañar su autoridad y la del propio Gabinete.

La mayoría de los ministros se enteraron por los teletipos de la filtración de la Audiencia Nacional sobre el montante de las cuentas suizas de Bárcenas

Una vez que han empezado a ordenarse las piezas, que se ha constatado la actitud amenazante de Bárcenas y la forma en que ha podido manipular el estado contable del PP, se ha decidido pasar a la ofensiva con todas las consecuencias, comenzando con lo que se tiene más a mano, la amnistía fiscal, el instrumento a través del cual el ex tesorero ha querido conciliar con Hacienda parte de su patrimonio, a costa de lastimar los argumentos con los que el Gobierno ha defendido las ventajas de ensanchar la base impositiva en más de 40.000 millones de euros.

El primer asalto lo ha ganado la Agencia Tributaria cerrando la puerta que Bárcenas se había abierto a través de una empresa pantalla, Tesedul, para regularizar casi 11 millones de euros. A petición de la Audiencia Nacional, Hacienda ha elaborado un informe en el que se argumenta la negativa a brindar al ex tesorero esta ventaja y se apunta también al posible origen ilícito del dinero. La declaración tributaria especial y la complementaria en las que Bárcenas ha querido refugiarse contienen serias lagunas legales, pues además de emplear una sociedad pantalla para el engaño, no coincide su fecha de constitución, año 2008, con la obtención de los fondos que ha querido regularizar.

Los contribuyentes que han regularizado a través de sociedades pantalla tendrán que dar marcha atrás y serán investigados

Fuentes conocedoras de los expedientes revelan que con los datos en poder de la Abogacía del Estado y los que maneja la Agencia Tributaria, hay tres razones que pueden llevar al juez a ordenar el ingreso en prisión de Bárcenas, un paso que se considera de justicia y que, además, puede contribuir a lavar la mala imagen del Gobierno: en primer lugar, el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la sospecha de que el ex tesorero sigue guardando el grueso de su fortuna en paraísos fiscales. En segundo lugar, la conducta dolosa, ya que el protagonista del escándalo no solo ha querido ocultar a Hacienda la titularidad de los fondos, sino que ha jugado sucio también en los datos que pudieran contribuir a la prescripción del delito fiscal. Y, por último, la suma del presunto fraude. La ley establece que si supera los 120.000 euros puede ser castigado con penas de hasta cuatro años prisión, más la correspondiente multa, y que si se comprueba que el engaño excede de los 600.000 euros, como es el caso, y se canaliza a través de redes criminales, tramas empresariales o testaferros, como también parece ser el caso, entonces el castigo puede dispararse hasta los seis años de cárcel. El endurecimiento del Código Penal para recoger estas últimas prácticas fue aprobado por el Gobierno a mediados del año pasado.

Un presunto delito fiscal como el que ha podido cometer Bárcenas está castigado hasta con seis años de cárcel

Bárcenas ha dado a entender hasta ahora que los 22 millones que llegó a tener en Suiza, la mayoría de ellos invertidos en una cartera de valores, provienen de la gestión patrimonial de terceros. De hecho, el juez Pablo Ruz preguntó este martes a la Agencia Tributaria si personajes de la trama Gürtel como Francisco Correa, Pablo Crespo, Guillermo Ortega o Alberto López Viejo, entre otros veinte, han llamado también a la puerta de la amnistía fiscal.

Las mismas fuentes recuerdan que ahora le corresponde a la Audiencia Nacional investigar el origen del dinero, pues si se confirmara que procede del cobro de comisiones dentro de la trama Gürtel, se reforzaría el criterio de Hacienda de que no cabe la regularización ya que serían fondos obtenidos de forma ilegal.