Publicado: 16/06/2019 05:15
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona ha condenado a la Generalitat por "vulnerar derechos fundamentales" de una agente de Mossos d’Esquadra que se quedó embarazada.
La policía, que prefiere mantener el anonimato para preservar su intimidad, era la segunda vez que iba a tener un hijo. Era noviembre de 2016, y tras dos meses de vuelta a su puesto de trabajo, tuvo que volver a pedirse la baja porque se enfrentaba a un embarazo de riesgo. No volvería a incorporarse hasta casi un año después, en octubre del 2017.
El sargento subjefe de la comisaría de Cambrils, donde estaba destinada, aprovechó este periodo de tiempo para realizar cambios en los turnos de los agentes. A ella la cambiaron de grupo y de horario. Pasó del Q5 al Q3, lo que provocaba que “debiese” hasta 87 horas acumuladas a la Administración.
La principal prueba para condenar a la Generalitat ha sido un informe redactado por el Departamento de Interior cuando las quejas de la agente llegaron a activar el protocolo de resolución de conflictos. La Consejería señalaba en el escrito como “éticamente reprobable” que solicitase volver a su horario normal después de tener a su primer hijo para, pocos meses más tarde, “permanecer en situación de baja durante prácticamente un año” al tener a su segundo crío.
La Justicia reconoce a la policía “las mismas condiciones, puesto de trabajo, funciones e integración en grupos equivalentes” al volver a su lugar de ocupación. La agente se vio sobrepasada por toda la presión que vivió por la situación, por lo que decidió recurrir al sindicato USPAC, ganador de las últimas elecciones en la policía autonómica, para que gestionasen la situación, quienes destacan la labor de su delegada en el Campo de Tarragona, que se ha encargado de la damnificada todo este tiempo.
Apartada de sus compañeros
“La aislaron de sus compañeros, la dejaron sola, no se le informaba de las reuniones ni se le permitía realizar sus labores de mando”, explican desde el sindicato. Durante todo el periplo administrativo a la mujer se le ha propuesto trasladarse a la comisaría de Reus, algo a lo que ha accedido finalmente para poder escapar del ambiente que se había generado al enfrentarse a sus superiores.
La consejería de Interior “pretendía que la víctima de discriminación por razón de sexo fuese quien abandonase su puesto de trabajo”, denuncian desde USPAC, que alerta de la “discriminación de la mujer” en el Cuerpo, pide que se investigue la actuación de los mandos y ha creado una sección específica de “defensa de las mossos”.
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