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España

El CGPJ se autoexculpa de haber cometido irregularidades “análogas” a las de Dívar con sus viajes

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo.

Transparencia a cuenta gotas. El primer pleno del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) sin la presencia física del que aún es formalmente su presidente, Carlos Dívar, aprobó este jueves una propuesta de actualización del plan “control, gestión y transparencia” de su presupuesto con el que pretende poner punto final a la “polémica” y a las “sombras de sospechas” provocadas por los 32 viajes de su dimitido máximo. Sin embargo, en la reunión, los veinte vocales aprobaron un informe elaborado por el secretario general de la institución en el que se analizaban las liquidaciones de los gastos de desplazamiento de fin de semana de sus integrantes en el que se llegaba a la conclusión de que “no hay nada análogo” a las irregularidades detectadas en los viajes de Dívar y que supusieron un gasto de 28.000 euros al presupuesto del Consejo.

El CGPJ ha anunciado el recorte en un 20% de los gastos de “protocolo y representación”

Pese al anuncio de “transparencia”, el CGPJ no facilitó información sobre el contenido de dicho informe a la prensa y su portavoz, Gabriela Bravo, se remitió a los escuetos datos facilitados por el vocal Ramón Camp el pasado viernes a un grupo de periodistas en el que se relacionaban los presupuestos de la institución para el presente año, sin especificar quién realizaba los gastos. Bravo se limitó a reiterar que "se puede afirmar categóricamente que no hay viajes de vocales en fines de semana a cargo del Consejo a lugares distintos a los de su residencia familiar", aunque advirtió de que estaban a la espera de "una revisión más exhaustiva del conjunto de la documentación" y auguró que en la misma sólo se podría detectar algún "supuesto excepcional".

Bravo destacó que los 20 vocales de la institución habían acordado por unanimidad rendir cuentas “presentes, pasadas o futuras” ante las Cortes generales y el Tribunal de Cuentas, pero sólo cuando estas instituciones se lo exijan. La iniciativa de cuatro integrantes de la institución de tomar la iniciativa en este sentido y pedir oficialmente al Congreso y al Senado su comparecencia fue rechazada con sólo cinco votos a favor, mientras los otros quince integrantes del órgano de gobierno de los jueces se abstuvieron.

El pleno sirvió también, como destacó Bravo, para aprobar nuevos criterios de austeridad a la institución. Así, el CGPJ se ha comprometido a no disponer de, al menos, el 5% de su presupuesto, cercano éste a los 70 millones de euros. Además, anunció el recorte en un 20% de los gastos de “protocolo y representación”. Otras medidas, conocidas a lo largo de la semana, como evitar desplazamientos diarios de los consejeros que no viven en Madrid a sus lugares de residencia, o utilizar las “tarifas más económicas” en sus viajes en AVE o avión, también fueron respaldadas. Además, los vocales que pidan ser acompañados por personal del Consejo en sus desplazamientos oficiales deberán justificarlo y sólo se autorizará cuando sea “imprescindible”.

La portavoz del Consejo defendió, no obstante, la necesidad de que los vocales sigan realizando viajes tanto por España como de carácter internacional porque su trabajo, insistió, “no siempre se puede hacer en la sede” de la institución. Sobre los que se realicen al extranjero, Gabriela Bravo recalcó que serían fiscalizados por la comisión permanente del propio CGPJ para que sólo se autoricen aquellos que “contribuyan al prestigio de la justicia española en el marco internacional”.

Lo que no abordó el pleno, sin embargo, fue la cuestión de mantener o no el coche oficial para los vocales. En este sentido, Bravo sólo recordó que desde esta semana el Ministerio del Interior había retirado a todos los integrantes, salvo el presidente de la institución, los equipos de escolta. Tampoco se pusieron sobre la mesa nombres de posibles candidatos a sustituir a Dívar cuando el cese de éste se publique, casi con toda probabilidad, el próximo sábado en el BOE. “No ha sido el momento oportuno”, lo justificó la portavoz del órgano de Gobierno de los jueces.

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