Junts pel Sí y la CUP pactan iniciar el proceso hacia la República catalana

Junts pel Sí –donde se integra el presidente en funciones de la Generalitat Artur Mas- y los radicales antisistema de la CUP han formalizado en la nueva cámara autonómica catalana por escrito un documento por el que declaran "de forma solemne el inicio de creación del estado catalán". Las dos formaciones han pasado de las palabras y de sus intenciones separatistas a los hechos con el registro de un documento, que le otorga valor jurídico, que declara el inicio de su hoja de ruta independentista y pone en jaque al Estado por la ilegalidad del escrito.

Fuentes de Junts pel Sí han confirmado a Vozpópuli que la intención de esta formación como de los antisistema de la CUP –ambas formaciones suman la mayoría absoluta de 72 escaños- es que este documento se vote como primera moción en el parlament antes del debate de investidura del próximo 9 de noviembre y en el que la reelección de Artur Mas está todavía en el aire por el rechazo de la CUP.

El documento se ha registrado en el Parlament como una propuesta de resolución en la que se insta a la Cámara a "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república". Los dos grupos separatistas -que suman esta nueva alianza a la designación de Carme Forcadell como presidenta del Parlament- quieren que el texto se vote en un pleno previo al del debate de investidura del próximo presidente catalán.

La propuesta destaca que "el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Constitucional", a quien se considera "deslegitimado"

Iniciar un "proceso constituyente"

El documento llama a iniciar un "proceso constituyente" para preparar las bases de la futura Constitución catalana y ambas formaciones "consideran pertinente iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública". La propuesta destaca que "el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", a quien se considera "deslegitimado", con lo que se inicia un proceso jurídico de desconexión con las leyes españolas que previsiblemente provocará la reacción del Gobierno central en funciones impugnando tal propuesta de resolución.

El texto procura evitar el empleo explícito del término "desobediencia" que defendía la CUP, pero sí deja claro que el Parlament, como "depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente", y el "proceso de desconexión democrática" de España "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC", a quien JxS y la CUP consideran "deslegitimado y sin competencia".

Tal y como adelantó Vozpópuli el pasado mes de septiembre, las dos formaciones pretenden en su propuesta, que consta de nueve puntos, instar al futuro Govern de la Generalitat a "cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados" del Parlament con el objetivo de "blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español". Asimismo, declara "la voluntad de iniciar una negociación con las instituciones españolas para llevar a cabo la desconexión de Cataluña y lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional".

Ciudadanos califica la propuesta de "golpe a la democracia"

La líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha calificado la propuesta de resolución de los grupos soberanistas de "golpe a la democracia" y ha aprovechado para hacer campaña cara a las elecciones generales del 20-D. "La solución (a la cuestión catalana) pasa por trabajar juntos y dentro de unos meses tendremos la oportunidad de cammbiar de paradigma", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha anunciado que su partido hará "una oposición frontal a la propuesta y a sus consecuencias" y ha calificado la iniciativa del "peor error político y el más grave" desde la instauración de las instituciones de autogobierno en Cataluña desde la recuperación de la democracia española.