Un club de esgrima, una orden religiosa, una TV local... entre los investigados en el 'Caso Edu'

La segunda fase de la 'Operación Edu'  de la UDEF contra el fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía sigue deparando sorpresas. Entre ellas, la entidad de algunas de las 177 adjudicatarias bajo sospecha de haberse embolsado 17,5 millones de euros de manera irregular. En el listado de las mismas, al que ha tenido acceso Vozpópuli, no sólo aparecen empresas centradas en la formación de desempleados, sino que también figuran dos consistorios y una diputación, además de autoescuelas, una asociación de mujeres, otra especializada en adopciones, un canal de televisión local, peluquerías, empresas de hostelería, un colegio religioso, una residencia de ancianos gestionada por una hermandad católica, un hotel rural e, incluso, un club de esgrima. También están bajo sospechas mercantiles agropecuarias, de informática, una asociación de empresas aeronáuticas, otra de cría caballar, un laboratorio y numerosos particulares. Algunas figuran como beneficiadas de varias ayudas en la misma provincia e, incluso, una en al menos dos territorios andaluces.

La UDEF investiga irregularidades en la adjudicación de 276.000 euros para la formación de desempledos a la diputación y dos ayuntamientos de Córdoba

Lo más llamativo de esta segunda fase de la 'Operación Edu' es que han aparecido administraciones públicas, algo que no había ocurrido en la primera, cuando se rastreó una adjudiciación en la provincia de Málaga que afectaba a 15 empresas. En concreto, ahora están siendo investigadas las condiciones en que se concedieron ayudas a dos ayuntamientos y una diputación, todos ellos de la provincia de Córdoba. La UDEF sospecha del destino final de la adjudicación de 32.860 euros que recibió el consistorio de Encinas Reales y de otra de 30.000 euros entregados por la Junta al municipio de Santaella, además de 213.709,75 euros que fueron destinados a la diputación provincial. Todo ello comprendido en una resolución para repartir 2,3 millones de euros en subvenciones entre 31 beneficiados que fue acordada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en enero de 2011.

Esta adjudicación de Córdoba es, de hecho, la más numerosa en cuanto a número de receptores y contiene también otras casos curiosos. Así, figura un medio local de televisión, Vive 7 Televisión, que recibió 35.831,25 euros, y la Federación Provincial de Asociaciones de Minúsvalidos Físicos de Córdoba, que se benefició de 56.525 euros de la adjudicación ahora investigada. Incluso figura una empresa, Black Diamond Consulting SL, que recibió dos subvenciones. Una de 139.460 euros y la segunda de 68.060 euros. También aparecen una empresa de gestión de geriátricos y la orden religiosa de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno por la residencia de ancianos que gestionan en Córdoba, así como la Asociación Mami Wata, dedicada a gestionar adopciones internacionales.

Empresas 'repetidas'

En Almeria también se investigan casos llamativos. De hecho, en esta provincia la UDEF ha centrado las pesquisas en cuatro empresas que se repiten en dos de las tres adjudicaciones bajo sospecha. Se trata de las empresas Inmecamar SL, Aplinfo Almería SL, el Centro de Estudios Andarax SL y Ormar Infomatic SL, cada una de las cuales recibió un par de subvenciones entre enero de 2010 y el mismo mes de 2011. Además, la Policía analiza la presencia de dos sociedades que se repiten en varias adjudicaciones que presentan supuestas irregularidades y con vinculaciones que los agentes califican de sospechosas con otras mercantiles investigadas. Se trata de Sicma Andalucía y el Club Esgrima Almería. En esta provincia figura también Granaforma SL, una sociedad que aparece también en las pesquisas que se siguen en Jaén.

En la provincia de Jaén, la Policía ha detectado la entrega de subvenciones a nueve particulares, algunas superiores a los 100.000 euros

Entre las otras 24 adjudicaciones investigadas en esta última provincia llama la atención la presencia de numerosos particulares como receptores de ayudas para la formación profesional ocupacional concedida en julio de 2010. Nada menos que nueve personas físicas fueron las que, sin el respaldo de una empresa, recibieron miles de euros por impartir cursos, algunas de una cuantía elevada. Es el caso de Jesús C.M., quien se hizo con dos, una de 105.750 euros y la segunda de 59.475 euros. En Granada también figuran al menos tres particulares como receptores, uno de ellos como representante de una asociación cultural, aunque la mayoría de los 24 beneficiados con las subvenciones investigados son mercantiles. No obstante, figuran tres asociaciones, una de mujeres y dos más "educativas", así como una fundación.

Huelva, Málaga, Cádiz y Sevilla

En Huelva, donde el importe del supuesto fraude investigado es el más elevado (2,85 millones de euros), destacan de entre las 26 empresas que recibieron subvenciones un hotel rural, un picadero de caballos, una brasería y la denominada Asociación para la Promoción y Desarrollo Tecnológico de la PYME Andaluza (APROPYME). Incluso aparece en la relación una Unión Temporal de Empresas denominada Cenoarte, que se embolsó 134.700 euros. En Málaga, las pesquisas se han centrado en sólo nueve empresas de las 30 que recibieron subvenciones en una adjudicación de noviembre de 2010. Entre estas figura una que recibió dos ayudas, Neox AJ 2010 SL, así como tres particulares. En Cádiz, la Policía analiza los 2,38 millones recibidos por 21 beneficiados gracias a una resolución de diciembre de 2010. En ella aparecen el Colegio Sagrado Corazón de Jérez y el mercado de abastos de la misma localidad así como dos particulares.

En Huelva, donde lo supuestamente defraudado supera los 2,85 millones, se investigan a 26 empresas, entre ellas un hotel rural y un picadero de caballos

Finalmente, en Sevilla, donde las pesquisas van más retrasadas ya que se iniciaron más tarde los interrogatorios a alumnos y docentes, la UDEF se ha centrado en una adjudicación de febrero de 2011 que repartió 3,7 millones de euros entre 37 beneficiados. De éstos últimos, 26 están siendo investigados. Entre ellos hay dos peluquerías, una asociación de promoción del caballo, una empresa agropecuaria, la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la delegación andaluza de la Unión Romaní y un laboratorio. Todos ellos recibieron ayudas para impartir cursos de formación profesional con compromiso de contratación. La Policía las investiga, como al resto de las 177 empresas, para saber si cumplieron con los requisitos que les marca la ley. En las próximas semanas llamaran a declarar a sus responsables.

LAS SIETE TRAMPAS

En la única adjudicación sobre estos cursos que había sido investigada hasta ahora en profundidad, la de Málaga que destapó el escándalo en abril, los agentes encontraron incumplimientos de ley de manera "sistemática", según reflejaban los informes policiales de aquella primera fase de la 'Operación Edu'. En concreto, la UDEF localizó hasta siete tipos de irregularidades graves. Así, algunas empresas habían cometido falsedad en la documentación que habían presentado junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.

En otras ocasiones aparecieron facturas falsas con las que algunas empresas investigadas justificaron gastos no realizados, que iban desde nóminas de algunos docentes hasta la "contratación o subcontratación de ciertos servicios". De hecho, "un altísimo porcentaje" de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran "familiares directos". También hubo falsedad en la adjudicación de contratos de las subcontrataciones declaradas ya que, pese a superaban los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres presupuestos. En otros casos, las otras dos ofertas eran realizadas por personas o empresas del entorno familiar del empresario.

También se detectaron falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos e, incluso, se dieron casos de suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia". La UDEF también descubrió que "en casi la totalidad de los expedientes se incumplía sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos" por ley. Para ello, se cometían una serie de irregularidades que iban desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tenían nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió "de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo".

Por último, los agentes detectaron falsedad en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones posteriores a la realización del curso, ya que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida "para la liquidación y justificación". Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban "después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido". De hecho, la Policía duda de la veracidad de parte de estos documentos. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las irregularidades detectadas en lo que se lleva de segunda fase de la 'Operación Edu' son idénticas a éstas.