LOS SECRETOS DEL SUMARIO

'Púnica' se valió de un discapacitado psíquico para destruir documentos comprometedores tras las detenciones

El juez Velasco imputa a una estrecha colaboradora de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro y a un policía local por hacer trizas papeles del archivo del consistorio sólo 24 horas después de los arrestos. La primera dio supuestamente la orden de hacerlo a tres conserjes municipales, entre ellos uno con una minusvalía.

Agentes de la Guardia Civil, en la sede del Ayuntamiento de Valdemoro durante el registro de octubre pasado.
Agentes de la Guardia Civil, en la sede del Ayuntamiento de Valdemoro durante el registro de octubre pasado. EFE

Sin escrúpulos hasta para borrar pruebas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, mantiene imputados desde el pasado mes de abril a dos trabajadores del Ayuntamiento de Valdemoro por la sospechosa destrucción de documentos del archivo municipal sólo 24 horas después de los primeros arrestos de la 'Operación Púnica'. Se trata, en concreto, de María del Carmen A.M., estrecha colaboradora de Francisco Granados mientras éste ocupó la alcaldía y, después, cuando fue consejero de la Comunidad, y un agente de la Policía Local. La primera está acusada de un delito contra la Administración de Justicia por ordenar presuntamente a varios trabajadores del consistorio, entre ellos un discapacitado psíquico, pasar por una trituradora de papel gran cantidad de escritos. El suceso, el segundo de esta naturaleza que se descubre en el caso, no fue conocido por los investigadores hasta el pasado 16 de abril, casi seis meses después de producirse.

La archivera denunció los hechos al día siguiente de producirse, pero su informe no llegó a la Guardia Civil hasta seis meses más tarde

Así aparece recogido en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluido en el sumario del 'caso Púnica' al que ha tenido acceso este diario. En el mismo, se señala que el 28 de octubre pasado, al día siguiente de los arresto, la archivera municipal, M.J.L.P., acudió sobre las 9:30 horas de la mañana al lugar donde se custodian los documentos oficiales del Ayuntamiento a recoger una información que se le había requerido precisamente desde la Audiencia Nacional. Al llegar al lugar,se encontró en el interior con dos conserjes, entre ellos uno que sufre una discapacidad psíquica, usando una máquina de destruir documentos. La trabajadora preguntó a sus compañeros qué hacían "sin su permiso" en el archivo y éstos le respondieron que otra empleada del consistorio, María del Carmen A.M., que durante muchos años fue la secretaria de Francisco Granados, les había ordenado "destruir" una serie de papeles.

Pese a que la archivera les hizo salir del lugar y cerró la puerta con llave, dos horas y medias después recibió un mensaje en su teléfono móvil en el que una compañera le alertaba de que habían vuelto a entrar, esta vez acompañados de la antigua colaboradora de Granados, que era la que había pedido la llave para hacerlo, y de un policía local vestido de uniforme, José Antonio H.L., yerno de esta última. Supuestamente, los 'intrusos' aprovecharon para trasladar la máquina trituradora de papeles a otra dependencia municipal, muy posiblemente un garaje, para continuar destruyendo documentos entre los dos conserjes que fueron 'pillados' por la archivera y un tercero que se les unió. Una empleada aseguraría más tarde que al día siguiente vio grandes bolsas repletas de papeles hechos trizas, lo que no era habitual.

Seis meses de retraso

El suceso fue denunciado por la responsable del archivo municipal al día siguiente, sin embargo, el hecho no llegó a conocimiento de los investigadores hasta casi seis meses después, el 16 de abril, cuando un responsable del consistorio remitió dicho documento a los investigadores. Éstos, que ya habían descubierto a otro imputado llevándose información en papel de un ayuntamiento, en este caso el entonces alcalde Serranillos del Valle, iniciaron inmediatamente una investigación que desembocó sólo una semana después con la imputación de María del Carmen A.M. y su yerno, a quienes citaron a declarar. En su comparecencia ante los agentes, ambos negaron cualquier relación de los documentos destruidos con las supuestas irregularidades en el consistorio de Valdemoro investigadas por el juez Velasco. De hecho, la primera aseguró que los papeles hechos trizas eran de los que los agentes que habían hecho el registro de las dependencias el 27 de octubre habían dejado tirados por los suelos, además de "envoltorios" de un establecimiento de comida rápida.

La Guardia Civil destaca en su informe que una de las personas implicadas es la secretaria durante años de Granados, muy vinculada al PP de Valdemoro

El informe de la Guardia Civil resta credibilidad a esta versión y, aunque reconoce que "no se puede determinar de qué tipo de documentos se trataba", si asegura que salieron del despacho de la propia colaboradora de Granados, que aún ocupa el cargo de jefa de Secretarias del Gabinete de la Alcaldía, y que algunos llevaba "el escudo del consistorio". Los agentes también resaltan en el escrito remitido al juez Velasco que "la premura en la destrucción de documentos, pocas horas después de la finalización de un registro practicado por esta Unidad" es un elemento sospechoso que se ve reforzado por "las irregularidades que se produjeron en los protocolos de acceso al archivo y destrucción de documentos sin el permiso de la archivera municipal".

La Guardia Civil también destacan las contradicciones detectadas en las declaraciones de los dos imputados y de los testigos (al único a quien no se interrogó fue al discapacitado psíquico), y el destacado puesto que ocupaba María del Carmen A.M. como "cargo de confianza" de Granados, además de su vinculación al PP, de cuya junta local formaba parte. Todo ello, insisten los agentes autores del informe, les hace sospechar que "los documentos destruidos pudieran tener relación" con las actividades de la trama Púnica en la localidad y que, dada su "relevancia procesal", hubiera sido supuestamente hechos desaparecer para "evitar así la incautación medios de prueba" por parte de los investigadores.

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