Publicado: 24/11/2015 04:00
Las tramas de corrupción se vuelven a cruzar. En esta ocasión, de la mano de una de las útimas personas detenidas en el 'caso Púnica'. Se trata de María José Marijuán Alonso, presunta testaferro de Francisco Granados a quien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, acusa de haber ayudado al exdirigente del PP madrileño a ocultar parte de su supuesto patrimonio societario e inmobiliario. María José Marijuán, que está casada con Ignacio Palacios, también detenido y mano derecha de Granados durante años, fue la administradora de una sociedad, Match Golf Consulting SL, que en 2010 ya fue investigada en uno de los múltiples sumarios abiertos en los Juzgados de las Islas Baleares por la gestión del expresidente autonómico Jaume Matas. El nombre de esta mercantil también se vio salpicada por la polémica por sus contratos con otro dirigente del PP encarcelado, Carlos Fabra. Ahora, la Guardia Civil investiga si la misma empresa fue utilizada por la trama Púnica.
La sede de una de las empresas de María José Marijuán fue registrada en 2010 en el 'caso Ibatur' por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach
María José Marijuán fue arrestada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) el martes de la semana pasada junto a su marido, Ignacio Palacios. Tras declarar ante el juez Velasco, éste dictó la puesta en libertad bajo fianza de ambos acusados de los delitos de cohecho, blanqueo, fraude, tráfico de influencias y organización criminal. En el caso de la mujer, el magistrado detallaba en el auto en el que tomaba esta medida que la misma había servido supuestamente de instrumento para ocultar la presunta participación de Granados en tres empresas: Servicios Patrimoniales de Obras y Vías y dos filiales de ésta, Circuito de Prácticas Sur SL y Tuvalu Gestión SL. A través de esta última, el político poseía una vivienda unifamiliar en un pequeño pueblo de Ávila, Higuera de las Dueñas. El escrito judicial, y dado el carácter secreto de la pieza del sumario en el que se han incluido estas pesquisas, no detallaba la supuesta participación de otras empresas ligadas al matrimonio con la trama Púnica.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la investigación aseguran a Vozpópuli que también se ha puesto el punto de mira en las otras sociedades en las que María José Marijuán ha figurado en los últimos años con cargos directivos y que son, al menos, tres. Pero, sobre todo, en una: Match Golf Consulting SL, una sociedad creada en el verano de 1999 con el objeto social declarado de organizar torneos del deporte que lleva en su denominación, pero que más adelante lo amplió a "la producción, realización, montaje y dirección de todo tipo de obras audiovisuales y espectáculos". En la compañía, que en abril de 2013 entró en proceso de liquidación, han figurado como administradores junto a la mujer un hermano de ésta y una tercera persona. La Guardia Civil investiga ahora si la misma también fue utilizada antes de su disolución en algún 'pelotazo' de la trama y, más en concreto, en la realización de actos de inauguración y de colocación de primeras piedras en obras públicas financiadas por la Comunidad de Madrid, según aseguran a este diario fuentes cercanas a las pesquisas.
De Matas a Fabra
No sería, sin embargo, la primera vez que Match Golf Consulting SL se ve salpicada en un escándalo de corrupción. En 2010 sus oficinas en la madrileña calle de Doctor Fleming fueron registradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para recabar documentación sobre el llamado 'caso Ibatur', un sumario que investigaba el presunto desvío de fondos en el Gobierno balear en la última legislatura de multiimputado y ya condenado Jaume Matas. Bautizada como 'Operación Pasarela', los agentes y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, célebre por ejercer la acusación en el 'caso Nóos', buscaban pruebas de las supuestas irregularidades en el pago de 624.310 euros a esta empresa entre los años 2006 y 2010 por organizar un torneo de Golf, el Mallorca Classic, que se patrocinaba con fondos públicos. El mismo día que la Policía iba a la sede de la mercantil de la que era administradora María José Marijuán, también entraban en las oficinas de Over Comunicación, ligada a Over Marketing, una de las empresas de la trama Gürtel.
La empresa pública que gestiona el polémico aeropuerto de Castellón también contrató a Match Golf Consulting SL para organizar torneos
Poco después de aquel registro, de la Comunidad valenciana revelaba que Match Golf Consulting SL, de la que entonces se seguía desconociendo su estrecha relación con Granados, también había recibido importantes cantidades de fondos públicos en Castellón. En concreto, de Aerocas, la sociedad pública que gestiona el polémico aeropuerto de esta provincia y que entonces estaba presidida por Carlos Fabra, máximo responsable de la Diputación Provincial. Aerocas destinó cerca de 625.000 euros a organizar cinco torneos de golf en el campo de este deporte en el club de campo que también encabeza el político 'popular'. La destinataria de esos fondos, según la denuncia, fue precisamente la empresa de la testaferro del presunto cabecilla de la Púnica.
LAS OTRAS 'CONEXIONES'
La conexión del 'caso Púnica' con la corrupción de Jaume Matas y la polémica gestión de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón a través de la presunta testaferro de Francisco Granados no es el único vínculo de la trama con otros escándalos célebres. De hecho, desde hace meses, los dos últimos titulares del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz y su sucesor, José de la Mata, han dirigido parte de las pesquisas sobre la red Gürtel hacia uno de los personajes claves en el sumario que investiga su colega Eloy Velasco. Se trata, en concreto, de David Marjaliza, empresario y presunto cabecilla de la red de corrupción que la pasada primavera decidió tirar de la manta dejando a los pies de los caballos, precisamente, al que era su amigo, el exdirigente del PP Madrileño.
De hecho, De la Mata incorporó el pasado mes de octubre a la investigación sobre la trama de Francisco Correa los miles de folios que ocupan las diligencias previas que instruía un juez de Parla sobre un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido por Marjaliza y dos de sus hombres de confianza, José Luis Capita Gallardo y Miguel Tercedor Moreno. El magistrado había llegado hasta esa causa siguiendo el rastro de Vancouver Gestión SL, una de las mercantiles claves del entramado societario de Púnica sobre la que ya había iniciado pesquisas su antecesor Pablo Ruz. En mayo de 2013, este magistrado practicó diligencias para desentrañar un 'pelotazo' urbanístico de 15 millones de euros que esta sociedad de Marjaliza había dado en Las Zanjas Norte, uno de los ensanches de Valdemoro, la localidad del Sur de Madrid convertida en epicentro de la trama Púnica.
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