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España

El juez de Púnica imputa a un exalcalde del PSOE por 'lavar' 341.000 euros para Granados y Marjaliza

Marjaliza

La investigación de las 19 cuentas que Francisco Granados, David Marjaliza y las esposas de ambos tuvieron en bancos suizos siguen provocando imputaciones. La última, la del que fuera alcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid) entre 1987 y 1995, Florencio Campos Corona, según un reciente escrito judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli. En la documentación que en su día remitieron las autoridades de Berna y que permitieron iniciar el 'caso Púnica', ya se señalaba a este político actualmente jubilado como una de las personas con depósitos en entidades financieras del país helvética desde los que se hicieron transferencias a los del exsecretario general del PP madrileño y el constructor con el fin de blanquear dinero. En el caso del antiguo regidor, 341.000 euros para los que utilizó una fundación 'fantasma' llamada Algaba. Con él, ya son cinco los empresarios acusados de lavar fondos para la trama desde cuentas en el extranjero. Campos Corona, que llegó a ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en la época de Felipe González, ya se vio salpicado en 1998 en un escándalo de corrupción que le obligó a abandonar el partido, aunque finalmente aquella causa se cerró en 2004 sin juicio ni acusaciones. Este diario intentó ponerse este miércoles en contacto con él a través de su abogado, sin que este último respondiera a los requerimientos de información.

Anticorrupción ya citaba en un escrito de junio de 2014 al ex regidor como una de las personas que intervino "activamente" en el blanqueo de fondos para la trama

El nombre del antiguo alcalde socialista no es nuevo en el sumario. De hecho, el 11 de junio de 2014, más de cuatro meses antes de las primeras detenciones, la Fiscalía Anticorrupción ya lo incluyó en un escrito como el de una de las personas "físicas y jurídicas" que había "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas en Ginebra abiertas a nombre de David Marjaliza, Francisco Granados y una empresa 'pantalla', la costarricense Sheraton Trading SA. El Ministerio Público se refería entonces como fuente de la información a un fax que le había remitido el 21 de mayo anterior la Oficina Federal de la Justicia suiza en la que detallaba que uno de esos ingresos, en concreto de 341.000 euros, había partido de un depósito a nombre de la Fundación Algaba, cuyo titular real era supuestamente el exalcalde ahora investigado (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En aquel escrito, Anticorrupción ya recogía la sospecha de que dicho movimiento de fondos hacia las cuentas de Marjaliza y Granados, así como los realizados por otros cinco empresarios que aparecían mencionados en el mismo, estaban relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España. La Fiscalía encargó entonces a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase la posible vinculación de todos ellos con empresas de David Marjaliza. Un mes después, los agentes entregaban un informe en el que destacaban la participación de Florencio Campos en "los órganos de administración" de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares SA desde junio de 1993, cuando ya era alcalde. La Guardia Civil analizó entonces si Marjaliza o algunas de las sociedades de su entramado empresarial habían tenido relación con la misma, sin que encontrasen nada. Tampoco hallaron nada en las bases de datos policiales sobre investigaciones en las que apareciera el ex alcalde.

Petición al Banco de España

Las posteriores pesquisas sobre Campos Corona quedaron bajo secreto de sumario hasta que el pasado mes de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, remitió al Banco de España un escrito para que éste le detallase si el antiguo alcalde y otras once personas que detallaba habían declarado al fisco español tener cuentas en el extranjero. En aquella lista, junto al antiguo regidor de Alcalá de Henares, aparecían los otros cuatro empresarios citados por Anticorrupción en su informe de junio de 2014 y, además, otras siete personas, entre ellas Inés de Borbón y Borbón, prima del rey emérito Juan Carlos I. El magistrado reclamaba saber si entre 2005 y 2013 alguna de ellas había declarado tener dinero fuera de España, "con especial hincapié en Suiza". De hecho, reclamaba información sobre si habían presentado ante el fisco los "modelos DD1 y DD2" en los que se debe recoger "la apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior".

En septiembre, el juez Velasco ya pidió al Banco de España que le informara si Florencio Campos había declarado al fisco tener cuentas en el extranjero

De aquel listado, al menos otras dos personas ya se encuentra imputadas también acusadas de blanqueo. El primero fue Michael Trevor Langdon Sharman, un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en los depósitos bancarios en Ginebra de los dos presuntos cabecillas de la trama. La Guardia Civil llegó, incluso, a registrar su domicilio. A él se han sumado en las últimas semanas al menos otras tres personas. Dos de ellos, J.P.B. y M.G.Y, no figuraban ni en el escrito de Anticorrupción ni en la solicitud de información del juez Velasco al Banco de España. El tercero, sí. Se trataba del hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi. Todas las pesquisas sobre estos cuatro empresarios y el ex alcalde socialista se mantienen en la parte del sumario que el juez aún mantiene secreta. De hecho, en la providencia por la que el pasado mes de marzo acordaba prolongar éste durante un mes más ya destacaba, precisamente, que uno de los motivos para ello era proteger las pesquisas con las que que intentaba identificar a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo".

Acusado en 1998

El caso Púnica' no es la primera investigación sobre corrupción que salpica al exregidor alcalaíno. En 1998, cuando ya había abandonado la alcaldía, Campos Corona fue acusado por el grupo de IU en el consistorio de diversas irregularidades durante su mandato. En aquella denuncia se le señalaba como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y cohecho por, entre otros hechos, haber dividido un proyecto urbanístico en varios parciales para evitar que las obras tuvieran que ser adjudicadas mediante concurso público. También se le acusó de introducir modificaciones y mejoras en las obras del auditorio municipal sin tener en cuenta los requisitos formales. Además, al recién imputado en Púnica se le señaló entonces por el presunto pago de una serie de comisiones por valor de 134.000 euros a una empresa para que ésta realizara estudios de imagen.

En 2004, un juez de Alcalá de Henares sobreseyó la causa abierta contra el ex alcalde y otras cuatro personas por suspuestas irregularidades en adjudicaciones

Todos ello llevó al Ayuntamiento a abrir una comisión de investigación y a que su partido, entonces la Federación Socialista Madrileña (FSM), le suspendiera de militancia. Sin embargo, en septiembre de 2004, el titular de un juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares dictó un auto con el apoyo de la Fiscalía en el que decretaba el sobreseimiento del caso contra el regidor y las otras cuatro personas imputados al considerar que los hechos investigados no eran "constitutivos de infracción penal". Entonces, Campos dio una rueda de prensa acompañado de otros dirigentes locales del PSOE en el que destacó que la decisión de aquel magistrado demostraba "que mi proceder fue transparente y claro".

EL HOMBRE DE LEGUINA EN LA EJECUTIVA DEL PSOE

Catedrático de instituto, Florencio Campos Corona (Toledo, 1943) siempre ha presumido de haber llegado al PSOE con el arranque de la democracia de la mano del histórico Pablo Castellano. Alcalde entre 1987 y 1995 de Alcalá de Henares, la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid por número de habitantes, antes fue concejal de Educación y Hacienda durante cuatro años. En 1990 tocó su techo político al entrar como vocal en la Ejecutiva Federal socialista que entonces presidía Felipe González. Lo hizo a propuesta de Joaquín Leguina, máximo dirigente del partido en Madrid en aquellos años. De hecho, para muchos entraba en el máximo órgano de dirección del PSOE para ser el "espía" en Ferraz de su mentor, algo que él negó en una entrevista que concedió en noviembre de aquel año, tras su nombramiento, al diario El País. Él se autodefinió entonces como integrante del llamado 'Grupo de Chamartín'.

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