Publicado: 03/11/2015 04:00
El 'caso Púnica' sigue avanzando a velocidad de crucero. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, prepara ya una nueva fase de la operación, la tercera, contra la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Granados y su amigo, el constructor David Marjaliza. En esta ocasión, la actuación judicial va dirigida contra el 'tentáculo' de la red que mayor cantidad de dinero defraudó al erario: la que supuestamente amañó los contratos de eficiencia energética de numerosos municipios a favor de la multinacional Cofely-GDF Suez. Serán una decena de consistorios los implicados, que se unirán a los otros nueve que fueron registrados en las dos anteriores fases de las pesquisas.
La mayoría de los nuevos consistorios salpicados son de la Comunidad de Madrid y estaban gobernados por el PP cuando se hicieron las adjudicaciones
Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, que detallan que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están en estos momentos elaborando los informes de cada uno de los municipios bajo sospecha para su próxima entrega al magistrado. No obstante, no se espera que el magistrado ordene la práctica de ninguna diligencia de entrada y registro ni la detención o imputación de supuestos implicados hasta después de las Elecciones Generales del próximo 20 de diciembre. Lo que también se mantiene en secreto son los municipios concretos afectados, aunque fuentes jurídicas aseguran que la mayoría son de la Comunidad de Madrid y gobernados por el PP cuando se produjeron los hechos, pese a que también los hay de otras regiones y otros partidos. Estas mismas fuentes también añaden que la ciudad de Madrid, cuyo consistorio ha iniciado una investigación sobre sus contratos con empresas de la Púnica, incluido uno de Cofely, no está entre ellas.
Con estas diez futuras intervenciones (ocho están confirmadas y otras dos están aún en fase de investigación) se elevará a 19 la cifra de ayuntamientos implicados en esta pieza de la investigación, la número seis de las doce en que el magistrado dividió recientemente el sumario. Es la parte del sumario que acumula mayor cuantía defraudada dada la condición de multimillonarios de todos los contratos supuestamente amañados, según resaltan las fuentes consultadas. En la primera fase de la investigación, fueron ocho los consistorios registrados por la Guardia Civil por las supuestas irregularidades en los contratos de eficiencia energética adjudicados a Cofely-GDF Suez, cuatro de cuyos directivos fueron entonces detenidos.
Ocho hace un año y otro en junio
En concreto, fueron los de Collado Villalba, Parla, Móstoles, Casarrubuelos, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y Almendralejo. El fraude en los tres primeros se produjo mientras la investigación estaba en marcha y sumaron 166 millones de euros (un contrato de 72 millones con el Ayuntamiento de Móstoles, otro de 54,6 millones con el Consistorio de Parla y uno más de cerca de 40 millones con el de Collado Villalba). Además, el de la localidad extremeña de Almendralejo, que era de 24 millones, estaba a punto de firmarse cuando se produjo la detención de los principales integrantes de la trama el 27 de octubre del año pasado. A estos ocho consistorios se sumó en junio un noveno, el de Moraleja de Enmedio.
Un auto del juez del pasado verano ya anticipaba la preparación de más "acciones operativas" en "nuevos ayuntamientos" por los contratos a Cofely
La tercera fase que se prepara ahora ya fue anticipada por el propio juez Velasco en un auto del pasado verano en el que prorrogaba el entonces aún vigente secreto de sumario. El magistrado destacaba en aquel escrito la preparación de más "acciones operativas" que afectarían a "nuevos Ayuntamientos". Según detallaba aquel texto, adelantado por este diario en exclusiva, esas nuevas pesquisas se sustentaban en el análisis realizado por la Guardia Civil de la abundante documentación intervenida durante los registros del 27 de octubre del año pasado, a la que se había sumado la aportada por numerosos funcionarios que, tras conocer las detenciones, habían decidido colaborar con la Justicia y destapar irregularidades aún no detectadas.
En aquel auto, el juez hacía mención expresa a las millonarias adjudicaciones a Cofely-GDF Suez y detallaba que "del análisis de las evidencias electrónicas, correos y mensajes" encontradas en los ordenadores de sus cuatros directivos arrestados se habían descubierto "nuevos regalos y favores a los ayuntamientos que contrataron con la citada multinacional". Se refería, en concreto, a "las peticiones de encuestas y otros favores prestados" que supuestamente recibían políticos y cargos públicos por parte de dicha compañía como pago por las adjudicaciones irregulares. De hecho, el juez Velasco interrogó insistentemente sobre el supuesto pago con sondeos de opinión política al que en octubre aún era regidor de Parla, el socialista José María Fraile, detenido también en aquella primera fase.
Elevadas comisiones
El juez recogía en dicho escrito lo que ya apuntaba un informe anterior de la UCO que poco antes ya alertaba de que la investigación de esta rama de la trama "excede en gran medida al que resultó afectado por las diligencias practicadas en octubre de 2014". En aquel momento, la Guardia Civil había encontrado ya "evidencias de contratación pública fraudulenta" en trece. "Esta parte de la investigación resulta de gran importancia no sólo por el número de ayuntamientos implicados, sino también por el importe de la contratación pública afectada y de las comisiones acordadas con cargos públicos por la adjudicación", señalaba dicho informe del Instituto armado, en el que se recalcaba que sólo en Parla los políticos implicados se iban a repartir comisiones por un valor de 2,7 millones de euros. Los agentes ya anunciaban que para llevar a buen puerto la investigación iba a ser "necesario practicar nuevos requerimientos de documentación, entradas y registros, tomas de declaración, etc. en buena parte de estas administraciones locales".
El magistrado destacaba la semana pasada que el fraude en los contratos energéticos incluía un "doble" quebranto porque parte de la 'mordida' se cargaba a las arcas públicas
En un auto mucho más reciente, en este caso del pasado 30 de octubre, el juez Velasco incide en esa idea de sobornos y regalos por parte de Cofely-GDF Suez a alcaldes. Ha sido en el escrito de respuesta a los que habían presentado tres imputados y la propia empresa de eficiencia energética en los que se le pedía que aclarase en qué pieza concretas de las doce en las que se había dividido la causa estaban ellos implicados. Así, señalaba al que era alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, y a su jefe de Gabinete, Alfredo Ovejero, cuando este municipio firmó el contrato bajo sospecha como presuntos receptores de "recompensas y dádivas" que la multinacional ofrecía para conseguir "contratos administrativos de muy elevadas partidas económicas". El escrito del magistrado destacaba además que el daño a las arcas públicas era "doble", ya que la trama procedía a "la sobrefacturación de ciertas partidas de los contratos adjudicados" para que algunas de las cantidades que servían de 'mordida' salieran también del erario.
La empresa del 2% de comisión
Cofely ha representado siempre una de las principales líneas de investigación de la 'Operación Púnica', sobre todo por la millonaria cuantía de los contratos de eficiencia energéticas que esta empresa firmó con numerosos ayuntamientos, en su mayoría de la Comunidad de Madrid. Para ello, la multinacional contaba con el apoyo del constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, y de su empresa Ruta Energética SL. Según detalló la Fiscalía Anticorrupción durante la declaración ante el juez Velasco de uno de los altos cargos de la compañía arrestados, los representantes de ésta acudían a los concursos públicos para ganar "con absoluta seguridad, ya que se infiltraban en los ayuntamientos y obtenían las valoraciones de las otras ofertas", incluidos los baremos económicos que ofrecían sus competidores. "Se hacían sugerencias en los pliegos y se exigía que se acomodaran a la oferta que iba a presentar Cofely".
En este sentido, una técnico del consistorio de Parla aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional que a ella le entregaron el pliego ya elaborado y que uno de los comerciales de la compañía, Pedro García, también detenido en octubre, acudía a las instalaciones municipales y se reunía con el propio alcalde y otros miembros de su equipo para añadir o quitar cláusulas al contrato. Una de éstas era la obligación de realizar una auditoría sobre la ejecución del contrato por parte de una empresa externa a la que el Ayuntamiento iba a abonar por ello un porcentaje del importe de la adjudicación. Esa era la mercantil de Marjaliza.
Según detalló la representante de Anticorrupción en sus preguntas a Fraile, dichos informes de auditoría, que eran realmente elaborados por un trabajador de Cofely que "luego le pone el logo de Ruta Energética", era con los que se camuflaba el pago de la 'mordida'. En sus preguntas a testigos e imputados, una de las fiscales del caso también detallaba el modo de actuar y de repartirse las supuestas comisiones entre los implicados. "Aquí cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tú, cobramos todos", se escucha decir en una intervención telefónica incorporada al sumario a uno de ellos tras amañar precisamente un falso informe de auditoría en el contrato de Parla por el que supuestamente se iban a embolsar el 2% de los 66 millones del importe total.
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