Más de 2.000 jueces y fiscales secundaron la huelga contra las reformas del ministro Gallardón

Un total de 2.553 de jueces y fiscales de toda España ha secundado este miércoles la jornada de huelga convocada por las asociaciones contra las reformas legislativas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo que representa un 62% de las Carreras, según ha recabado hasta el mediodía el Comité Nacional de Huelga. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra el seguimiento en un 40% y dice que de los 5.015 miembros de la carrera judicial, 2.072 comunicaron su decisión de sumarse a la protesta contra las reformas judiciales emprendidas por el Ministerio de Justicia.

Cientos de jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia se concentraron este miércoles ante las sedes judiciales para escenificar el malestar contra las políticas de Gallardón, en  particular, contra la falta de medios y la politización del CGPJ. "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero", ha sido uno de los gritos coreados ante la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Comité Nacional de Huelga, formado por cinco asociaciones de jueces y fiscales, ha informado que se han suspendido 10.000 juicios y señalamientos en toda España en protesta contra la baja inversión en Justicia y bajo la reivindicación de reforzar los juzgados, incrementar los medios en la lucha contra la corrupción, derogar las tasas, reformar la ley del indulto y retirar la reforma del CGPJ.

En los juzgados de Instrucción de la madrileña Plaza de Castilla, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha expuesto que la jornada de paro ha sido secundada en un 66% en Madrid, en un 56% en Cataluña, en un 74% en Extremadura y en un 79% en Andalucía.

Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.

Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.

Derecho de huelga en un vacío legal

No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.

Precisamente, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.

Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.

El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y recurrida ya por el Grupo Parlamentario Socialista.

"Improvisación" e "imposición"

Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.

Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación" frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la Carrera Judicial".

Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente, Pablo Llarena.

Precisamente, la APM, mayoritaria en la Carrera y de carácter conservadora, es la única que se ha descolgado de la convocatoria de huelga, junto con la Asociación de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura lamenta esta acción cuando existe una crisis que se proyecta en "tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente".

No obstante, la APM ha registrado una división entre sus asociados cuando ha consultado a las bases sobre la protesta. Entre otras, la Sección Territorial de Andalucía, que representa a la cuarta parte de la totalidad de la asociación, ha manifestado su adhesión a la huelga.

La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Además, ha contado con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. Con todo, estos colectivos han manifestado su disposición a dialogar y abrir la vía de negociación.