Los jueces demandan al CGPJ y al Ministerio para conseguir más medios contra la corrupción
Las asociaciones de jueces reclaman al Ministerio de Justicia y al Consejo General más medios ante una avalancha de casos de corrupción y con tribunales que soportan un 150% de sobrecarga de trabajo.
Julián Muñoz a su salida de la Audiencia Nacional, tras prestar declaración por el Caso Malaya
EFE
Magistrados que mueren en sus banquillos. Ésa es la fotografía que dibujan los jueces con casos como el de Del Olmo cuya muerte en el tribunal el 8 de junio del año pasado le dejó con 19 señalamientos para ese mismo día y jornadas de 8 de la mañana a 10 de la noche en una semana laboral que iba de lunes a domingo, sin refuerzo alguno por haber sido excluido de la Sala de Gobierno.
Esa sobrecarga de trabajo destaca especialmente en los casos de corrupciónen los que cada tribunal tiene –según los datos del CGPJ— 2,1 casos entre manos. Esa misma sobrecarga se extiende al resto de tribunalesen los que el máximo órgano de gobierno de los jueces estima una sobrecarga del 150%. Sólo en las salas de la Audiencia Nacional se acumulan 17 macro-causas entre las que figuran algunas tan complejas como la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas o la trama de los Pujol, entre otros.
Los 5.018 jueces que componen la carrera judicial en España denuncian al Ministerio por exponerles a lo que definen como “riesgos laborales” y por desatender la “vigilancia de su salud” después de constatar que el último compromiso para reforzar sus efectivos y para crear una Comisión de Seguimiento del problema se ha saldado sin soluciones tres años más tarde, un periodo de tiempo en el que esa comisión ni siquiera se ha reunido nunca.
Los jueces llevan al Ministerio a los tribunales con un argumento jurídico: “la doctrina constitucional que exige una protección preventiva de la lesión del derecho y no a posteriori. Al mismo tiempo, bastará al titular del derecho poner de relieve un panorama indiciario de peligro concreto, no ya de daño, a la salud psicosocial, para que se tenga por exigible el que el empleador despliegue todos sus medios de protección, al margen de los daños concretos”.
Ese argumento de que la falta de recursos es perjudicial para la salud judicial se combina con una reclamación: los magistrados exigen al Ministerio de Justicia y al CGPJ que refuercen los tribunales y que elaboren "un nuevo Plan de prevención de riesgos laborales, incluidos los psicosociales, adecuado a los jueces y magistrados de los diferentes órganos judiciales de España".
Ese desequlibrio explica que el 26% de los españoles señalen a los políticos y a la corrupción, especialmente ubicada en los partidos políticos y en el Gobierno, como la segunda preocupación, por delante de la recuperación económica.
Más comentarios