El fiscal rechaza la oferta de Roca de declararse culpable en 120 casos

La Fiscalía General del Estado ha rechazado la propuesta del cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, de declararse culpable en más de 120 procedimientos para intentar conseguir disfrutar de beneficios penitenciarios. La propuesta ha sido estudiada y tramitada por la Fiscalía, que no ha aceptado un acuerdo global y ha planteado como alternativa "la conformidad en los distintos procedimientos que tiene pendiente", según han informado a Efe fuentes judiciales.

Este planteamiento conllevaría que la Fiscalía estudiase caso a caso cada uno de los 120 procedimientos en los que está encausado Roca, que lleva más de diez años en prisión. Roca ya está cumpliendo condena firme por los casos Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía, y Malaya y si se le aplica el cumplimiento del triple de la pena mayor (siete años por un delito blanqueo de capitales) tendría que cumplir 21 años.

Roca planteó declararse culpable y mostrar su conformidad en todos los procedimientos abiertos

En la propuesta ante la Fiscalía, Roca planteó declararse culpable y mostrar su conformidad, admitiendo los hechos, en todos los procedimientos abiertos, los que ya están pendientes de juicios y los que aún se están tramitando. La noticia fue bien acogida en el ámbito judicial porque ello podría suponer un ahorro económico y porque se implicaría directamente a otras personas, principalmente empresarios, que podrían haber cometido ciertos delitos, pero la fiscalía solo admite estudiar la conformidad caso a caso.

Todos los delitos por los que ha sido condenado Roca se referían a su etapa de gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, en el periodo comprendido entre los años 1991 y 2006. Roca siempre ha negado haber recibido dinero a cambio de irregularidades y ha mantenido que no hubo perjuicio a las arcas municipales. 

La Fiscalía malagueña ya llegó a un pacto con exconcejales del GIL de tres corporaciones consecutivas entre 1995 a 2006, cuando se destapó el caso Malaya, para no celebrar juicios urbanísticos. En dicho pacto entre la Fiscalía y los exediles se establecía una condena por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito.