Un imputado por donaciones en B al PP transfirió 400.000 euros al ex alcalde de Toledo en 2013

El 26 de julio de 2013 Blasco y Alcalá Asociados SL transfiere 400.000 euros a la cuenta de Cristo de la Luz SL. La operación no tendría mayor trascendencia si no fuera por la especial identidad del emisor y del receptor de tal suma. La firma que abona tal dinero es la empresa personal de Camilo José Alcalá, presidente de la constructora Cyopsa/Sisocia, que ha testificado en Gürtel como supuesto autor de una donación de 150.000 euros a la caja b del Partido Popular que denunció controlar su ex gerente y ex tesorero, Luis Bárcenas, actualmente en prisión. Y la firma receptora era una sociedad familiar del excalde de Toledo del PP, José Manuel Molina, igualmente imputado en Gürtel, en concreto por la supuesta comisión ilegal de 200.000 euros por un contrato de dicho municipio firmado bajo su mandato con Sufi.

Tal dinero de dicho constructor tenía una misión clara: salvar a la firma de la esposa de Molina de una ejecución bancaria por un impago de una hipoteca del Banco Santander.

La explicación sobre tal transferencia es diversa. Fuentes del entorno de Molina aclaran que se trataba de una inyección de dinero denominada "anotación en cuenta" por la que su amigo constructor adquiría la ejecución de un crédito del banco Santander que pesaba con carácter ya de ejecución judicial sobre una sociedad (Sistemas Medioambientales el Tajo) que era propiedad de la esposa del exregidor (Pilar Moraleda) y de su cuñado (Justino Moraleda). Tal ayuda evitó que el banco ejecutase y embargase el patrimonio de la sociedad de la esposa y cuñado de Molina.

Por añadidura, según la esposa de Molina, Alcalá también desembolsó otros 300.000 o 400.000 euros para comprar las acciones de su cuñado, en pleno conflicto con su hermana y socia. Pero esto lo niega el aludido a través de personas de su confianza: "no se ha cobrado aún nada. Y lo que ha ocurrido es que con la ayuda de Camilo José Alcalá la empresa de Molina y de su esposa cancelaron la deuda con el Santander y se quedaron con un derecho de ejecución contra la empresa de los hermanos Moraleda".

Entre tales versiones familiares enfrentadas algo de luz arroja la escritura por la cual el Banco de Santander cedió el crédito que tenía contra Sistemas Medioambientales el Tajo (propiedad de la esposa y cuñado de Molina) en favor de Cristo de la Luz (perteneciente al exalcalde de Toledo y a su cónyuge). Este escrito se rubricó el 29 de julio de 2013,  nueve días después de la aportación de 400.000 euros del constructor amigo a la firma del exregidor manchego.

El escrito recuerda que Sistemas Mediombientales el Tajo le debía un millón de euros al Santander y que dicha firma incumplió sus obligaciones de pago, por lo que el banco dio el crédito por vencido, iniciando el correspondiente proceso judicial para su cobro. Por tanto, tras tal acto notarial, es la sociedad de Molina quien se queda con la ejecución del crédito contra la empresa de su esposa y cuñado. En dicha escritura no figura el constructor amigo pese a la suma aportada para supuestamente controlar tal crédito. Desde septiembre pasado, Molina ya no es socio de Cristo de la Luz. Cuando se produjeron los hechos la compartía al 50% con su esposa.

El escrito notarial revela una serie de pagos de tal deuda millonaria días después de recibirse la ayuda del imputado constructor. Justo tras la entrada de la transferencia de los 400.000 euros en Cristo de la Luz SL, la firma de Molina abona al Santander el resto del millón largo de euros prestados que áun debía: 642.345 euros. Pocos días antes había abonado otros 357.000 euros. Tras tal firma con el Santander, Molina a través de su empresa familiar queda subrogado en el procedimiento judicial que hasta ese momento pilotaba el banco contra la firma de su esposa. El matrimonio, de pronto, se convertía en acreedor y deudor del mismo crédito. 

Pero el cuñado se siente víctima de tal operación: su hermana puede reclamarle la parte que le toca de tal crédito empresarial. Por añadidura, Pilar Moraleda le acusa de apropiación indebida y falsedad documental. Sostiene que Justino Moraleda fabricó facturas falsas, parádojicamente a favor de Cyopsa, por valor de 200.000 euros desde su empresa compartida. Tal demanda ha sido admitida a trámite por la justicia y ya ha sido citado como imputado, mientras que a Molina, según su versión, no le ha sido notificada la denuncia opuesta de su cuñado, cuyas acusaciones rebate. Este diario solicitó sin éxito la versión del constructor amigo y el contrato o escrito por el que se formalizó su ayuda a Molina. Pilar Moraleda no aclaró si está aportación entrañaba algún tipo de interés o plazo: "No es un préstamo. Es una participación. Se le devolverá cuando la empresa tenga beneficios".

No es un donativo, ni un préstamo, es una anotación en cuenta por la que él adquiere una ejecución hipotecaria del Santander y por la que tiene una garantía sobre los 48.000 metros cuadrados del negocio familiar 

Desde el entorno de Molina se intenta disipar toda sospecha sobre dicha intervención del constructor: "No es un donativo, ni un préstamo, es una anotación en cuenta por la que él adquiere una ejecución hipotecaria del Santander y por la que tiene una garantía sobre los 48.000 metros cuadrados del negocio familiar". Tal entorno de Molina, inspector de Hacienda hoy destinado como canciller en la República Democrática del Congo, destaca que dicha operación fue declarada ante Hacienda. Personas próximas al ex alcalde de Toledo sostienen que como regidor nunca contrató a Cyopsa y que tal suma se recibió muchos años después de que hubiera abandonado dicha alcaldía.

No obstante, fuentes cercanas a Molina advierten que detrás de este asunto hay una serie de peleas intestinas que han intentado presentar este caso como una ramificación de Gürtel al abrigo de una "pura actuación chantajista" por pleitos económicos y familiares. Ocurre, sin embargo, que esta operación financiera sobrevuela sobre dos personajes, Alcalá y Molina, casualmente salpicados por el presunto tráfico de donaciones y comisiones en la presunta financiación ilegal del PP destapada en el caso Gürtel. Molina aparece en anotaciones de la agenda personal de Bárcenas como preludio a la supuesta comisión del contrato, pero el exalcalde toledano ha negado toda validez a tales apuntes. 

El pleito familiar que ha aflorado tales nexos ha llegado hasta el cruce de denuncias. En un escrito formulado por el cuñado de Molina acusa al exregidor de estafa y falsedad en documento público para intentar que se desviase a una cuenta distinta de la oficial el pago de 275.806 euros de una subvención de la Junta de Castilla-La Mancha que debía destinarse a amortizar el préstamo hipotecario. La esposa de Molina replicó a su hermano con una querella por apropiación indebida. Florentino Moraleda declinó dar su versión a este diario.

Su hermana, Pilar Moraleda, ratificó a este diario que la ayuda recibida del constructor se hizo por pura amistad y no responde a ninguna contratación de su esposo. Y se mostró confiada en que en breve será desimputado del caso Gürtel. No obstante, según la denuncia del cuñado del exregidor, quien realmente ha comprado la ejecución del impago hipotecario es la sociedad Cristo de la Luz de su hermana, firma en la que se ingresaron los citados 400.000 euros. Molina abandonó dicha firma en septiembre pasado. Lo llamativo es que, sumadas ambas sumas, el constructor amigo de Molina se hacía con una firma que en 2010 había presentado pérdidas y debía un millón de euros, si bien poseía un inmovilizado material de 1,6 millones. 

Cyopsa, la empresa del amigo de Molina, a tenor de la versión del entorno de Molina, nunca recibió contratos del Ayuntamiento de Toledo, pero sí ha recibido diversos contratos del Gobierno bajo mandato del PP, a tenor de las pesquisas judiciales en el caso Gürtel.

Contratos del Estado

Cuando Camilo José Alcalá compareció ante el instructor del caso Gürtel y del caso Bárcenas, el juez Pablo Ruz se le interrogó sobre la existencia de cinco contratos por un valor superior a los 130 millones de euros que le habían sido adjudicados en fechas inmediatamente anteriores o posteriores a las fechas que figuraban en los 'papeles de Bárcenas' como de entrega de los supuestos donativos al PP. En concreto, los contratos bajo sospecha judicial se situaban en torno a febrero y diciembre de 2003, las fechas en la que Camilo José Alcalá hizo supuestamente las donaciones. Así, tan sólo un mes antes de la primera de estas supuestas entregas de dinero a la caja 'B' del PP, el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Turismo de España, adjudicó a la mercantil bajo sospecha un contrato "negociado sin publicidad" de obras complementarias a la ejecución del nuevo Parador de Limpias, en Cantabria. Dos meses después, y cuando ya se había realizado supuestamente esa primera donación reflejada en los apuntes contables, la Secretaria de Estado de Infraestructura contrató con Cyopsa-Sisocia la ejecución del tramo entre Castellón y Teruel-Sarrión de la autovía Levante-Aragón-Somport. Este contrato tenía un importe de más de 71 millones de euros. Los otros tres contratos bajo sospecha se firmaron en fechas cercanas a la supuesta entrega de diciembre de 2003.

El primero fue la adjudicación en septiembre de quel año por parte Dirección General de Carreteras del contrato de obras para dos puntos kilométricos de la variante de Salas de los Infantes de la CN-234 que une Sagunto y Burgos. El importe fue de 4 millones de euros. En septiembre, este mismo organismo de la Secretaría de Estado de Infraestructura le concedió un nuevo contrato, en este caso en un tramo de la Autovía de Castilla a su paso por la provincia de Salamanca. Finalmente, la Dirección General de Obras Hidráulicas le adjudicó en noviembre las obras complementarias de reparación de un canal en Huesca. Unos trabajos que reportaron a la empresa un millón de euros.

El empresario reconoció la existencia de todos estos contratos, pero negó la existencia de las donaciones reflejadas en los 'papeles de Bárcenas'. De hecho, se escudó en el 'baile' de una letra en las anotaciones manuscritas del extesorero para asegurar que se trataba de un error y que no era él quien aparecía en dichos apuntes contables como donante de los 150.000 euros. "Es una casualidad cacofónica", afirmó aprovechando que en las anotaciones del político ahora encarcelado figuraba, junto a su nombre de pila, la denominación Sisovia y no Sisocia, la segunda parte del nombre comercial de su compañía. Una 'v' por una 'c' que convirtió en su principal defensa. Alcalá incluso negó conocer personalmente a Bárcenas, al otro extesorero imputado, Álvaro Lapuerta, o a ningún otro dirigente del PP. También negó haber estado nunca en la sede de la calle Génova.

Molina, en lo tocante a su imputación por una presunta comisión de 200.000 euros, también la refutó ante Ruz. "Nunca he adoptado un acuerdo ilegal ni cobrado una comisión". De este modo proclamó su inocencia sobre la presunta comisión tejida en torno al contrato de Sufi en 2007 adjudicado por el Ayuntamiento de Toledo por un monto de 6,1 millones anuales durante una década. Según Bárcenas, tal contrato, modificado al alza tras la salida de Molina de la alcaldía, tuvo un peaje de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de Dolores de Cospedal. Dicha dirigente y todo su equipo gestor de campaña negaron tal donación ilegal, nunca registrada en su contabilidad oficial. Bárcenas sostenía que Molina era mediador y Cospedal destinataria. La justicia no ha probado esto último, pero mantiene aún la sospecha sobre el exalcalde de Toledo.

El sistema de anotación en cuenta, vía supuestamente usada para ayudar a Molina por su amigo constructor, es una fórmula habitualmente bancaria. Las anotaciones en cuenta son registros contables informáticos donde quedan anotados los valores que representan la deuda pública española. Este registro lo realiza la Central de Anotaciones como registro central y las Entidades Gestoras, que llevan el registro de los valores de forma individualizada para cada uno de sus clientes.

Las Entidades Gestoras tienen entre sus funciones la de llevar las cuentas de quienes no están autorizados a operar a través de la Central de Anotaciones de forma directa (terceros) y, para ello, existe una cuenta general que debe constituir en todo momento la contrapartida exacta de las cuentas de terceros.

Desde su introducción en España, el sistema de anotaciones en cuenta ha ido cobrando cada vez mayor protagonismo e importancia. En la actualidad, la mayor parte de la deuda pública se registra siguiendo este procedimiento, ya que se evitan los inconvenientes de la compra-venta de los valores, así como la intervención de un fedatario público. De este modo, se facilita la posesión de los títulos y su transmisión en los mercados secundarios de la deuda pública, favoreciendo la financiación del Estado e introduciendo elementos que contribuyen a incrementar la eficiencia del mercado financiero, al tiempo que se mejora la gestión y se agiliza el tráfico de los activos financieros emitidos por el Estado.