Suiza da un portazo al caso Pujol: niega a España la información sobre las cuentas del clan

Suiza ha dicho no. Las autoridades de Berna han contestado con una rotunda negativa a la comisión rogatoria que les había enviado el pasado mes de agosto la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, para reclamar información sobre las cuentas que Jordi Pujol y su familia supuestamente tienen o han tenido en entidades bancarias del país helvético. En la misma, la Oficina Federal de Justicia del país centroeuropeo no sólo rechaza facilitar dichos datos a la magistrada española sino que además le reprocha que en la petición que le remitió "no se indican ni la infracción de blanqueo ni la infracción previa" de la que se acusa a los miembros del clan.

El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, también recalca que en la comisión rogatoria "no se facilita ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado". Por todo ello, concluye, "no se puede dar curso a la solicitud de colaboración española", aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro si se completa "en el sentido apuntado anteriormente". Es decir, que la misma se ajuste al "derecho suizo", en el que se exige que "la exposición de los hechos que se desprende de la solicitud de colaboración extranjera tiene que mencionar principalmente la fecha y el lugar de la comisión de los hechos, las personas implicadas y su función, el modo operativo",

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La respuesta de las autoridades suizas, que firma Florence Albertini, es especialmente dura con la magistrada española, a la que acusa de modo implícito de cortar y pegar la petición de información remitida a las autoridades andorranas también para reclamar a éstas los datos bancarios de Jordi Pujol y su familia. "La solicitud parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra", señala. No es la última 'chapuza' que destaca. Según el escrito de las autoridades suizas, en la comisión rogatoria "tampoco se pone de manifiesto ninguna relación con Suiza" de los investigados, otro elemento considerado clave por la Justicia del país helvético para acceder a recabar información bancaria para su posterior entrega.

Andorra, tampoco

Andorra tampoco ha contestado aún a la petición de información que le han solicitado, en este caso, dos juzgados españoles diferentes. Por un lado la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona y, por otro, su colega de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga las supuestas irregularidades en sus negocios de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat. La instructora del 'caso Pujol' en los tribunales del Principado, Àngels Moreno, había dado un plazo de un mes a los miembros del clan para que presentaran escritos oponiéndose a la entrega de dicha información. El plazo venció recientemente, pero la juez aún no se ha pronunciado si finalmente accederá a facilitar a España dichos datos o no. En caso afirmativo, la magistrada enviará un requerimiento a las entidades bancarias del pequeño paraíso fiscal en el que dará a éstas otro mes de plazo para remitir a su juzgado los movimientos de las cuentas. Por lo tanto, la hipotética llegada de los mismos a España aún se puede retrasar meses.

Fuentes jurídicas personadas en la causa dan por hecho que la justicia andorrana no dará toda la información que se le pide y la que llegue no se podrá usar para todo lo que se le pide, tal y como adelantó Vozpópuli. La instructora ya anunció en un auto del pasado 28 de agosto que los datos que remita no podrán ser utilizados para perseguir el delito fiscal o el blanqueo derivado de éste, figuras que la legislación andorrana no contempla. Pese a estas pegas, la Fiscalía Anticorrupción española sigue defendiendo la concreción de sus acusaciones contra los miembros del clan. De hecho, las comisiones rogatorias fueron dictadas por la juez Zita Hernández a petición suya. Según el representante del Ministerio Público en la causa, Alejandro Luzón, podría acusarse a los Pujol de, al menos, cuatro delitos, entre los que figurarían los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.