Publicado: 13/01/2015 04:00
Los Pujol afrontan un rosario de citas judiciales en las próximas semanas. El día 27 de enero, Jordi Pujol y Marta Ferrusola deben comparecer junto a tres de sus hijos, ante lo que han remitido ya un escrito al juez protestando por el “estigma social de la imputación” y porque los tribunales abran una investigación antes de que Hacienda concluya la suya.
"Cuando la Agencia Tributaria confirme, como lo hará, que la regularización es correcta el daño ya estará hecho", protestan los Pujol
En un escrito firmado por el abogado Cristóbal Martell, los Pujol aseguran que "el estigma social de la imputación está en manos de terceros que la pueden utilizar con finalidades espurias" y aseguran que "cuando la Agencia Tributaria confirme, como lo hará, que la regularización es correcta y completa, el daño ya estará hecho y el mensaje habrá calado". Los Pujol reclaman que se les retire la imputación dictada por los tribunales y se les mantenga el "estatus de investigado no imputado" argumentando que "la imputación misma se realizará sin el conocimiento imprescindible de si se regularizó bien o mal".
Comparación con el caso de la infanta
El argumento de la defensa de los Pujol establece sin mencionarlo explícitamente, un paralelismo claro con el caso de la infanta, a la que se refiere asegurando "que el juzgado resuelva la imputación por delito fiscal y blanqueo sin esperar a las conclusiones de la Agencia Tributaria nos parece no sólo disonante respecto a otros casos con igual relevancia mediática, sino que subvierte el modelo institucional de protección de los ingresos de la Hacienda Pública". El delito fiscal y el blanqueo son, exactamente, los mismos delitos que originalmente se imputaban a la hermana de rey.
El contraste entre ambos casos es, efectivamente, claro, ya que la Agencia Tributaria emitió hasta 2 informes de conclusiones diferentes en el caso de la hija del rey antes de que se dictara su imputación y uno más antes de que fuera formalmente acusada mientras que en el caso de la familia Pujol las únicas conclusiones públicas presentadas son las que pronunció Cristóbal Montoro ante el Congreso al asegurar que "Hacienda sería contundente" y al apuntar que "si Pujol creía que pidiendo perdón hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba".
"Las consideraciones efectuadas sobre la credibilidad o no de la versión dada por el Sr. Pujol i Soley resultan inanes", defiende Martell
El escrito argumenta que la investigación judicial perjudica en realidad a Hacienda porque "cala" la idea de que una regularización fiscal es sinónimo de delincuencia y pide a los tribunales que esperen a las conclusiones de Hacienda antes de sostener la imputación de los Pujol porque, de lo contrario, "los incentivos para el 'regreso a la legalidad tributaria' por parte de los contribuyentes están radicalmente comprometidos" y exhorta a la juez: "una imputación que se construye sobre el solo indicio del reconocimiento y regularización de fondos en el extranjero debe de ser rechazada por contraria al marco institucional y normativo diseñado por el legislador".
El "aval" de la amnistía fiscal
El escrito de los Pujol asegura que la familia del ex president cuenta con el aval y el blindaje que le garantizó la regularización tributaria del PP, a la que se refieren como "la amnistía fiscal de Montoro". Esa amnistía se diseñó bajo la premisa de que "la regularización hace desaparecer la ilicitud del hecho". Esa premisa --relatan los abogados de los Pujol-- "no se trata de una modificación involuntaria sino concienzudamente diseñada por el legislador para garantizar el éxito de la regularización extraordinaria" de Montoro.
Por ello, los abogados rematan asegurando que "las consideraciones efectuadas sobre la credibilidad o no de la versión dada por el Sr. Pujol i Soley resultan inanes". "Presumiendo aún que su versión no fuera cierta, no cabe presumir, que el patrimonio ahora aflorado se generara en ejercicios no prescritos".
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