Los 1.001 métodos utilizados por los Pujol para camuflar sus millonarias 'mordidas'

Uno, dos, tres... Cada operación supuestamente fraudulenta que se destapa en el transcurso de las múltiples investigaciones sobre los diferentes miembros del clan Pujol-Ferrusola es una nueva sorpresa. No parece haber una supuesta comisión fija. Tampoco un mecanismo determinado para cobrarla. Ni para ocultarla. Ni siquiera para repartirla. "Según destapamos un nuevo pufo nos encontramos con otro método, otra forma de actuar", señalan a este diario fuentes policiales. "Si descubrimos 1.000 casi seguro que nos encontraremos con 1.001 maneras distintas de operar", añaden otras, antes de insistir que aún queda mucho por descubrir, sobre todo a partir de la ingente documentación remitida por Andorra recientemente con los movimientos de las numerosas cuentas que la familia tenía en el Principado. "Esto no ha hecho nada más que empezar", insisten. Cobros por servicios inexistentes amparados en falsas facturas, compraventas de acciones con ingentes beneficios en tiempo récord, pelotazos urbanísticos inexplicables y más que sospechosos, y adjudicaciones de todo tipo son sólo algunas de las que ya han salido a la luz.

Las investigaciones han detectado hasta ahora desde cobros por servicios inexistentes amparados en falsas facturas a compraventas de acciones con ingentes beneficios en tiempo récord, sin olvidar pelotazos urbanísticos

Uno de los ejemplos que ponen las fuentes consultadas de esa variedad en la operativa del clan es el cobro en 2007 de 114.434 euros por parte de los hermanos Oleguer, Pere, Jordi y Josep Pujol Ferrusola del empresario hotelero José Manuel Solá. Según ha constatado la investigación, en este caso la que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, los cuatro miembros de la familia presuntamente intentaron camuflarlo con facturas falsas emitidas desde sus particulares empresas por conceptos totalmente diversos. En teoría, se les pagó dicha cantidad por las gestiones para encontrar un comprador para un inmueble en el Pirineo que, según un informe la Policía, ni siquiera parece existir ya que los agentes no habían sido capaces de localizarlo. Curiosamente, cada una de las mercantiles de los hermanos utilizó un concepto distinto en su albaranes.

Así, Pere recibió 15.486 euros a través de su empresa Balu Consultoría SL por una supuesta "asesoría en materia ambiental". Su hermano recibió idéntica cantidad por "búsqueda de emplazamiento" y facturó a través de su empresa Iniciatives Marketing i Inversions SA, una de las principales empresas de su trama. Mientras que Oleguer recibió también la misma cifra a través de Drago Real Estate Advisors SL por intermediar en la venta de un hotel. Por último, Josep Pujol Ferrusola, el único al que el empresario hotelero reconoce haber hecho el encargo, recibió 67.976 euros a través de la sociedad MT Tahat. Un dinero cuya recepción justificó con "servicios profesionales, análisis, estudios e informes en relación a la venta de un inmueble en Bagerge". Todo ello ha sido puesto en duda por la Policía, que en sus informes destaca que en aquella supuesta operación intervino otro intermediario que es el que finalmente consiguió la venta y por la que cobró 83.520 euros, curiosamente menos que los cuatro hermanos.

"El motivo real de dichos pagos"

Los agentes de la UDEF concluían en el informe elaborado el pasado verano sobre dicha operación que "no existe ningún tipo de negocio subyacente que legitime la concurrencia de los pagos expuestos". En aquel momento reconocían ignorar "el motivo real de realización de dichos pagos", pero ahora están convencidos que fueron el cobro de una supuesta 'mordida' por parte del empresario al clan. Los cuatro hermanos, sin embargo, han negado recientemente en un escrito presentado por su abogado en la Audiencia Nacional que el pago ocultara comisión alguna y justifican el mismo en una supuesta operación con la que Josep Ferrusola vendía al empresario hotelero su participación en una sociedad común, Hotel Chalet Bassibé SL, y con la devolución de un préstamo. Aseguran, de hecho, que fue Solá quien puso las condiciones de tan "especial" forma de pago, incluida la utilización de facturas con conceptos tan llamativos.

El juez De la Mata investiga cómo cuatro de los hermanos Pujol-Ferrusola consiguieron vender por 2,3 millones de euros un paquete de acciones que les había costado únicamente 42.000 euros

También ha despertado las sospechas de la Justicia un pelotazo en Bolsa que dieron los mismos cuatro hermanos. En este caso es el magistrado José de la Mata, que instruye el sumario contra Jordi Pujol Ferrusola y que fue quien ordenó el pasado martes la 'Operación Hades' que incluyó la entrada en el domicilio del expresidente de la Generalitat, quien investiga la venta por parte de Oleguer, Pere, Josep y Jordi de sendos paquetes de acciones de la empresa General Lab que habían adquirido por 42.000 euros y que vendieron por 2,3 millones de euros. La investigación del juez ha permitido concretar que Jordi y Pere adquirieron 100 acciones cada uno, mientras que Oleguer se hizo con 200 y Josep con 300. Todas ellas fueron adquiridas en 2005 a Proelec, una sociedad patrimonial de la familia Sumarroca, muy ligados sus miembros tanto a los Pujol como a Convergència y que era, en realidad, la propietaria de la empresa de análisis clínicos.

La pequeña inversión inicial de los cuatro hermanos terminó multiplicándose por 54 y dio un beneficio cercano a los 2,3 millones de euros. Un rendimiento que el juez José de la Mata, en un auto adelantado este jueves por el diario El País, ve injustificado. De hecho, el magistrado asegura que el precio de compra fue "significativamente inferior" al real que tenían las acciones de General Lab en aquel momento, por lo que concluye que Carles Sumarroca "favoreció [con dicha venta], sin que conste justificación, con un precio inferior al de mercado, la obtención de importantes beneficios" al primogénito y a "tres de sus hermanos". El juez De la Mata también considera sospechosa la operación porque "no consta el contrato de venta" ni "los medios de pago". De hecho, los investigadores trabajan con la hipótesis de que la ventajosa operación bursátil esconde presuntamente el pago de una comisión ilegal por parte de los Sumarroca a cambio de la adjudicación de obras públicas a sus empresas.

Terrenos y vertederos

Algo similar ocurre con la venta de terrenos a una constructora por parte de Mercè Gironés, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola. Según la documentación que maneja De la Mata, que tiene imputada a la antigua pareja del primogénito del expresidente de la Generalitat, ésta compró un terreno edificable en la localidad gerundense de Palamós por 217.000 euros para venderlo sólo tres años después por 4,8 millones de euros. Es decir, una plusvalía cercana al 2.000%. La empresa que lo compró por tan desorbitado precio, sobre todo porque junto a aquella parcela había en venta otras a precio muy inferior, fue Copisa, una de las constructoras bajo sospecha tanto en el 'caso Pujol' como en el del las comisiones del 3% a Convergència. La UDEF está convencida de que detrás del pelotazo urbanístico se escondía presuntamente una operación para encubrir el pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola por haber ejercido de 'conseguidor' para hacerse con numerosos contratos públicos de las diversas administraciones gobernadas por CiU.

El primogénito del expresidente de la Generalitat es el que más operaciones tiene bajo sospecha, algunas de ellas junto a su exmujer, la también imputada Mercè Gironés. Con ella creó varias "sociedades instrumentales" para cobrar comisiones

Al primogénito del expresidente también le relaciona la Justicia con otra inversión sospechosa. En este caso en el accionariado de una sociedad que se hizo con los derechos de explotación de un vertedero en Cataluña que posteriormente fue comprada por FCC. Jordi Junior entró y salió del capital de dicha compañía en menos de dos años con unas plusvalías también millonarias, ya que compró su paquete de participaciones por menos de 300.000 euros para venderlo posteriormente por 5,2 millones de euros poco antes de que FCC se hiciera con dicha mercantil. Los investigadores también llaman la atención sobre el hecho de que de esta última compañía se han detectado pagos en divisas a una empresa británica ligada al clan que la Policía considera en realidad pagos por comisiones.

Jordi Pujol Ferrusola, señalado por la investigación como el presunto cerebro de la trama, es al que más operaciones tienen bajo sospecha, según se desprende del auto del juez De la Mata del pasado martes por el que se autorizaba la entrada y registro de su domicilio. En dicho escrito, el magistrado detallaba que él y su exmujer, Mercè Gironés, habían creado varias "sociedades instrumentales" que "no producían valor real añadido alguno" y cuyo único fin era servir para canalizar presuntamente dinero negro en "inversiones y gastos en España y en el extranjero". Eran estas empresas (Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Translation e Inter Rosario Port Services) las que presuntamente recibían los pagos de "un conjunto de empresas que tiene como denominador común en su mayor parte que su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico". En total, asegura que todas ellas recibieron más de 11,5 millones de euros. Una elevada cantidad que incluye los pagos de empresas como Copisa, Isolux y EMTE. Para justificar dichas entregas de dinero, Pujol Ferrusola emitía facturas falsas por servicios inexistentes. Uno de los métodos más utilizados por el clan, pero no el único a la vista de los avances de la investigación.