Consecuencias de la crisis: la nueva cárcel de Soria, cerrada y sin estrenar por falta de personal

Cuando Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias del primer Gobierno socialista de Zapatero, puso en marcha en 2007 un proyecto (ya ideado) de construcción de nuevas cárceles en España, la tasa de paro se situaba en el 8%, muy lejos del 22% de 2011, cuando el Ejecutivo popular aceptó el rescate financiero de la economía. No había entonces tantos problemas para convocar ofertas de empleo público ni para contratar funcionarios de prisiones.

Pero cuando el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en definitiva la troika, evaluaron el gasto del Estado y pusieron condiciones (entre ellas, recortes) para inyectar 100.000 millones de euros en el sistema bancario español, llegaron los problemas sobre la gestión de las nuevas cárceles que se estaban levantando.

El presupuesto para la contratación y pago de sueldo de 350 nuevos funcionarios para trabajar en la nueva cárcel de Soria corrían peligro. Y de hecho, según fuentes sindicales, ha terminado siendo la principal causa de que la prisión soriana levantada en La Laguna esté terminada, pero cerrada y sin fecha de apertura.

100 millones malgastados

Durante su mandato al frente de las cárceles españolas, Gallizo dio el visto bueno a la construcción de la cárcel de Soria, con capacidad para 648 reclusos, más del triple de la cantidad actual de presos en el centro penitenciario en funciones, que cuenta con 154 celdas ocupadas a día de hoy. Se adjudicó el contrato de obra, con un importe de 87,2 millones de euros, a la empresa Acciona. 

La falta de cálculo del alcance de la crisis hizo que se acometiera este faraónico proyecto, cuyo fin roza el ridículo: un ingente esfuerzo para construir la cárcel que luego termina vacía

El complejo empezó a construirse en 2010, con fecha de fin prevista para 2013. Por esas fechas, Gallizo había cambiado de puesto con la nueva legislatura, gobernada otra vez por Zapatero: fue nombrada subdelegada del Gobierno en la provincia soriana. Todavía se esperaba que la cárcel se inaugurara con normalidad.

Pero los acontecimientos económicos y electorales precipitaron los cambios. La tasa de paro y la prima de riesgo españolas crecían a ritmos preocupantes y Zapatero terminó convocando elecciones en 2011, que ganó por mayoría absoluta el PP. Una vez rescatado el sistema financiero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se plegó a las exigencias de reducción del gasto público de la troika. Y la contratación de funcionarios de prisiones quedó en suspenso.

Mientras tanto, las obras de la cárcel continuaron, ya que una vez aprobado el concurso, no se podía dar marcha atrás a la construcción del enorme complejo. En cambio, sí se ha retrasado la fecha de terminación dos años, hasta principio de curso de 2015. Los gastos han ascendido hasta alcanzar los 100 millones de euros, ya que, al no estar custodiada por Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha tenido que contratar un servicio de vigilancia privado.

No ha sido posible ponerse en contacto con Instituciones Penitenciarias ni con la subdelegada del Gobierno en Soria, Mª José Heredia, a pesar de que se les ha solicitado información sobre los hechos. En cualquier caso, se trata de uno de los desconcertantes casos de despilfarro y falta de previsión que ha dejado la crisis económica a su paso. Y a escasos meses de las elecciones generales.