Los jueces sospechan que la infanta Cristina pudo blanquear dinero con las obras de su casa

Los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que decidieron este martes, por dos votos contra uno, suspender "de momento" la imputación que pesaba sobre la infanta Cristina no han cerrado, ni mucho menos, la puerta a que la hija del rey tenga finalmente que comparecer ante su compañero José Castro, instructor del 'caso Nóos'. De hecho, los magistrados dedican buena parte del escrito a poner 'deberes' urgentes a la Agencia Tributaria para que completen su informe del pasado mes de enero en el que concluían que Aizoon SL, la empresa participada al 50% por Iñaki Urdangarin y su mujer, era en realidad una mercantil 'pantalla' utilizada por la pareja para defraudar a Hacienda y blanquear parte del dinero obtenido por el duque con las actividades presuntamente ilícitas de sus falsas ONG. Los jueces apuntan en varios momentos a los gastos de "la reforma de la vivienda familiar" como uno de los supuestos mecanismos utilizados por la pareja para lavar dinero.

El magistrados consideran que la infanta "debería saber y conocer" que Aizoon era "una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda"

El auto de los magistrados es, de hecho, un rapapolvo al informe de Hacienda y, sobre todo, a sus autores por empeñarse en considerar al duque de Palma como el único responsable de los posibles delitos cometidos a través de Aizoon SL. "Aunque Iñaki Urdangarin era el administrador de Aizoon [...], la infanta tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50% del capital social y por tal motivo podría estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008", destaca el escrito judicial. Los jueces, incluso, recalcan que el propio informe de Hacienda habla abiertamente de la existencia de "indicios de haberse cometido delito contra la Hacienda Pública" y que hace referencia a los "partícipes". "La cita es en plural y la sociedad sólo tiene dos socios, don Iñaki Urdangarin y su mujer, la infanta", recuerdan.

El auto se centra en marzo de 2006 como la fecha clave a partir de la cual investigar la supuesta implicación de la hija del rey en las actividades delictivas de Aizoon ya que fue entonces cuando ella abandonó la junta directiva del Instituto Nóos por indicación de la Casa Real. "La infanta debería saber y conocer que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda, tanto en el impuesto de sociedad [...] como en el de las personas físicas, y que se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos". Por ello, los jueces no entienden que el informe de la Agencia Tributaria "orille por completo toda consideración sobre la posible cooperación omisiva del socio no administrador en los delitos fiscales que atribuye a Urdangarin en Aizoon". En este sentido, lo magistrados inciden poco después en que en esa fecha la duquesa de Palma "ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".

"Gastos particulares"

Por todo ello, concluye que la empresa "y sus dos socios, desde marzo de 2006, se beneficiaron, al parecer, de ingresos provenientes de dinero público del Instituto Nóos y de dinero privado proveniente de la defraudación tributaria y de la malversación. Ese dinero, o parte del mismo, no se quedó en la cuenta de Aizoon sino que se destinó a gastos particulares ya con posible conocimiento del origen ilícito y delictivo", añaden. Entre estos gastos delictivos, los jueces destacan en tres momentos diferentes del auto los "gastos de reformas de la vivienda familiar" en la que residía la pareja y sus cuatro hijos en el barcelonés barrio de Pedralbes. Las obras costaron cerca de 3 millones de euros. En este punto, los jueces critican que los autores del informe de Hacienda sólo hicieran referencia a los gastos cargados por la pareja a las cuentas de su mercantil por el pago del servicio doméstico y que, sin embargo, omita "toda consideración" sobre los que supusieron la reforma del chalé y que ellos consideran como un posible "delito de blanqueo de capitales".

Los magistrados consideran "importante" conocer si los gastos de la reforma "se abonaron o no con dinero público o con dinero proveniente de la defraudación tributaria"

Por ello, los jueces piden a la Agencia Tributaria que en el nuevo informe deje claro con qué dinero hizo frente la pareja a "los gastos por obras y reformas de la vivienda familia de la infanta". "Es importate conocer si esos gastos se verificaron, en qué fechas, y si se abonaron o no con dinero público o con dinero proveniente de la defraudación tributaria", encargan los magistrados a los técnicos de Hacienda. También les pide que calculen exactamente las "cuotas defraudadas", que no había hecho en su anterior informe, y le recuerda que en éste reconocían que las mismas, que estonces calificaba de "mínimas", podían aumentar cuando se aclarasen algunos extremos sobre los "reales perceptores" del dinero procedente de las actividades delictivas y, sobre todo, la posible existencia de cuentas en el extranjero. En este sentido, el auto destaca  que aún se está pendiente de la respuesta que den a sendas comisiones rogatorias las autoridades de Luxemburgo y Suiza sobre la posible existencia de cuentas secretas de Urdangarin a nombre de testaferros.

Por todo ello, los miembros de la Sala consideran que "las zonas oscuras que nos suscita el informe de la Agencia Tributaria hace inviable, en este momento, emitir una opinión fundada sobre si la infanta ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública entre otras cosas porque este extremo, según resulta del informe, está todavía siendo objeto de investigación". Por ello, piden a su compañero José Castro que solicite a Hacienda un informe que dé "respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas al posible blanqueo de capitales" o, en su defecto, que "cite a sus autores para que den las oportunas explicaciones". Los magistrados consideran que "una vez aclaradas las cuestiones planteadas y después de que el juez conceda trámite de audiencia a las partes para que ofrezcan su opinión", será el momento en el que el juez instructor "deba decidir si procede recibir declaración a la infanta doña Cristina en calidad de imputada por haber podido participar en un delito contra la Hacienda Pública". La Audiencia Provincial de Palma, por tanto, suspende pero no elimina, ni mucho menos, la amenaza judicial para la hija del rey. Ahora todo queda en manos de Hacienda.