Publicado: 18/04/2013 04:00
En el PP hay un sentimiento bastante extendido de que “la calle está incendiada” al ver desfilar por los informativos, en plena cresta de la crisis, continuos casos de corrupción y comprobar, al mismo tiempo, la pobre respuesta que se está dando desde los partidos a un problema que no solo está erosionando su crédito, sino que también está castigando la imagen de España en la escena internacional. Tanta es la preocupación, que el PP ha iniciado conversaciones con el PSOE para estudiar de qué forma pueden contener el desánimo ciudadano mediante medidas de regeneración que puedan aplicarse a los imputados de ambos bandos y aliviar así el malestar ciudadano.
El PP había iniciado conversaciones con los socialistas para estudiar la forma de contener el desánimo ciudadano ante tantos casos de corrupción
Entre las fórmulas barajadas para introducir algo de racionalidad en asunto tan pantanoso, ha figurado la posible creación de un comité de honor, que desempeñaría el papel de árbitro para decidir qué tipo de imputaciones deben implicar el abandono del escaño o del cargo público. “En estos casos, habría que fijar para todos los partidos la misma regla, pues se trata de alcanzar un pacto político con un protocolo que diga en qué casos se debe dejar la política. Es necesario enviar a la calle mensajes muy contundentes y trazar de forma muy clara cuáles deben ser las líneas rojas”, aseguran fuentes del PP.
El problema es que cuando este diálogo estaba ya encauzado, ha llegado la imputación de la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’ y su decisión de no renunciar, al menos de momento, a sus derechos dinásticos. “Esto nos ha roto los esquemas porque cabe preguntarse con qué autoridad podemos exigirle a cualquiera de nuestros imputados que deje el escaño o el cargo público cuando en la primera institución del país, la Monarquía, no se predica con el ejemplo”, aseguran fuentes del PP. En el PSOE se comparte una opinión muy parecida. “Si ya de por sí el acuerdo es difícil debido a la tradición de cada partido de lavar los trapos sucios en casa, el ejemplo dado por la infanta de no renunciar a sus derechos pese a ser imputada, complica todavía más cualquier tipo de regla compartida”, opinan fuentes socialistas.
"Nos ha roto los esquemas porque cabe preguntarse con qué autoridad podemos exigirle a cualquiera de nuestros imputados que deje el escaño o el cargo público", dicen en el PP
Abortado el diálogo para pactar la forma de meter en vereda a los imputados por delitos de corrupción, más de tres centenares repartidos por la geografía española y casi todas las formaciones políticas, el Gobierno puede acabar tirando por el atajo de colocar la pelota en el tejado de los jueces. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reiteró ayer en el Congreso que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que estos últimos puedan inhabilitar temporalmente y de forma provisional a los cargos públicos salpicados por un proceso judicial con el argumento de que puede evitarse con ello la reiteración de un delito que esté siendo investigado. Otra iniciativa de dudosa utilidad que incluirá la reforma será la de sustituir el término de “imputado” por el de “encausado” para, en opinión de Ruiz-Gallardón, evitar la connotación peyorativa de la primera palabra en la sociedad.
El debate interno sigue abierto, pues hay también quien opina tanto en el PP como en el PSOE que si la infanta renunciara a sus derechos dinásticos, siendo la séptima en la línea de sucesión, implicaría la aceptación de su culpabilidad por anticipado, como podría ocurrir también en el caso de cualquier responsable público que dejara la política. De momento, le legalidad les cobija para no mover un dedo aunque la Justicie actúe contra ellos.
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