IU y UPyD califican de “increíbles” las explicaciones del Rey y ERC pide inspecciones a Hacienda

“Incompletas”, “increíbles” o “amnesia selectiva”, ésa es la respuesta de los grupos parlamentarios como IU o UPyD a las explicaciones sobre la herencia del Rey que ha dado el Palacio de la Zarzuela. Cuatro meses después de publicarse las primeras informaciones, la Casa Real argumenta que no dispone de la documentación sobre la herencia y que no hay obligación de conservarla casi 20 años después de que se produjera.

Izquierda Unida ha adelantado ya que pedirá explicaciones parlamentarias en el Congreso porque no considera “creíble” que Hacienda no disponga de la documentación sobre las declaraciones del Rey de hace veinte años. Según el diputado de IU, Gaspar Llamazares, “el control y la transparencia en la Casa del Rey es urgente como el comer”.

“El control y la transparencia en la Casa del Rey es urgente como el comer”, afirma IU

UPyD, por su parte, considera que las explicaciones llegan “muy tarde” aunque no ha anunciado ninguna iniciativa parlamentaria al respecto.

Sí lo ha hecho Esquerra Republicana de Catalunya que ha planteado ya una batería de preguntas a Hacienda en las que pide que se aclare si el Monarca pagó o no impuestos por aquella herencia  y pide a Hacienda que investigue el destino del dinero que había en las cuentas suizas que el Rey mantuvo abiertas hasta el año 1995, según reconoció la propia Casa Real.

Pero la pregunta clave de Esquerra es su última cuestión dirigida al Gobierno: “¿Han sido vendidos los inmuebles que Juan de Borbón dejó en herencia? ¿Quién los ha vendido? ¿Se han pagado los impuestos correspondientes?” La pregunta es clave porque esas operaciones dejan rastro documental no sólo ante Hacienda sino también ante los notarios y registradores de la propiedad que procesaron la operación.

Hacienda no ha respondido a las pregunta sobre la declaración de la Infanta y la Diputación Permanente del Congreso –que no se reúne hasta el próximo día 11—previsiblemente no admitirá esas preguntas porque la Agencia Tributaria no puede informar sobre la situación de un contribuyente en concreto salvo mandato judicial, tal como establece el artículo 95 de la Ley General Tributaria.