Los delitos de los que el juez acusa a la Infanta conllevan penas de hasta 11 años de cárcel

La Casa Real había pedido que terminara ya la instrucción del caso Noos y lo que describía como un “martirio”. El juez Castro ha puesto fin a lo primero pero no a lo segundo. El magistrado acusa a la hija del Rey de blanqueo de capitales, un delito que conlleva hasta 6 años de cárcel y de fraude fiscal que acarrea una condena de hasta 5 años más de prisión.

A lo largo de 227 páginas de auto, Castro apunta tanto al conocimiento directo de la Infanta en las irregularidades cometidas por Iñaki Urdangarín como a su participación indirecta. Desde el pasado mes de mayo, el juez Castro había recabado datos para despejar si hay indicios de cooperación en los delitos atribuidos a Iñaki Urdangarín por parte de la Infanta Cristina o no. Sus investigaciones apuntan a una posible imputación basada en varios elementos localizados a lo largo del proceso.

• Conocimiento de las actuación de Urdangarín: Frente al argumento de los abogados de la Infanta que sostienen que desconocía las cuentas de Aizoon y las actividades de su marido, el informe aporta los documentos del Registro Mercantil de Barcelona que reflejan que la hija del rey aprobó con su voto en nueve ocasiones, de 2004 a 2012, tanto las cuentas anuales de la empresa como el «informe de gestión» de Aizoon. Ese documento puede servir de base para la imputación.
  

• Coparticipación en la sociedad: La Infanta es socia al 50% de Aizoon. La legislación para esas “figuras de especial vinculación” también sugiere esa imputación puesto que la Ley del Impuesto de Sociedades en su artículo 16 menciona expresamente casos como este y la llamada NIC (Norma Internacional de Contabilidad) 20 en su artículo 3c también contempla la responsabilidad compartida de los movimientos. Por ello, el juez ha buscado pruebas que sugirieran la participación activa de la Infanta en la sociedad, algo de lo que pueden ser indicios el contrato de auto-alquiler que la hija del Rey firmó para ubicar la sede de la sociedad, los gastos que imputó a la Visa Oro de la empresa en la que ella tenía capacidad de visar sus propias compras y …, entre otras.

Tanto la actuación directa como el conocimiento indirecto de los actos de Aizoon son considerados “indicios” por parte del juez instructor para determinar la imputación, una medida que será previsiblemente recurrida de nuevo ante la Audiencia Provincial de Palma que podría anularla de nuevo.

Una imputación frenada por la maquinaria institucional

Castro dictó en mayo de 2013 la imputación de la hija del Rey porque apreciaba indicios de su participación en esos delitos basándose en las evidencias localizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). Desde entonces, la maquinaria de múltiples instituciones se ha movido para evitar esa imputación:

• La Audiencia Provincial de Palma anuló esa imputación y exigió al juez nuevas investigaciones que se han dilatado durante 8 meses,
• La Fiscalía ha remitido a iniciativa propia al juez y a la prensa informes en los que hace pública su oposición a que se planteen esos indicios,
• La Agencia Tributaria ha virado algunos de sus informes para evitar una imputación,
• La prensa más cercana a la Corona ha emprendido una campaña de desprestigio contra el juez y
• La Casa Real ha emitido varios comunicados en los que se muestra contraria a esa media, la última en una entrevista a TVE por parte del portavoz de la institución, Rafael Spottorno, en la que decía que “el señor magistrado entenderá que está ya en condiciones, así más o menos lo está anunciando a los medios de comunicación, de cerrar el sumario".

La línea de investigación del juez Castro

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