Publicado: 23/02/2015 14:57
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.
Así lo ha señalado este lunes el CGPJ en un comunicado en el que explica que la decisión se produce después de que Francisco Vieira haya informado de que la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de justicia para el desarrollo de esta herramienta y de que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ.
El promotor de la Acción Disciplinaria ha citado este martes al presidente del TSJ de Madrid en la sede del CGPJ. El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados está regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según precisa el Consejo.
Reunión de la Permanente
Por otro lado, la Comisión Permanente se ha reunido esta mañana para analizar la situación y ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del CGPJ para recabar la información necesaria para aclarar los hechos. Fuentes del sector progresista de los jueces han manifestado este lunes a Europa Press sus dudas de que las funciones realizadas por Vieira y otros magistrados estén exentas de permiso de compatibilidad, tal y como ha defendido el presidente del TSJM en un comunicado. Este mismo sector considera que los hechos son merecedores de una investigación formal por el Consejo.
Los pagos se han realizado a cambio de que los jueces y otros funcionarios colaborasen con Indra
El presidente del Alto Tribunal madrileño había explicado sobre la información publicada por el diario El País en un comunicado que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
Así, Vieira ha reconocido que se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y "como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema".
Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido "esencial" para dotar a los Juzgados y tribunales de las herramientas informáticas "adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración", y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.
También ha especificado que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo.
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