El juez prepara la imputación de Urdangarin por un quinto delito de blanqueo de capitales

Los cuatro delitos por los que el juez pretendía acusar a Iñaki Urdangarin pueden convertirse en cinco. Según han revelado a Vozpópuli fuentes cercanas al magistrado, José Castro está investigando la posibilidad de acusar al duque de Palma de un quinto delito de blanqueo de capitales que conlleva penas de entre seis meses y seis años de cárcel, según el artículo 305 del Código Penal. La medida implica dinamitar cualquier posible negociación sobre un cumplimiento de penas voluntario ya que debería incrementar hasta en seis años de prisión el punto de partida de esa negociación a la que también deberían sumarse las acusaciones.

Castro analiza si Urdangarín actuó "para ocultar y encubrir el origen ilícito de sus fondos"

El magistrado investiga si Urdangarín actuó para “ocultar y encubrir el origen ilícito de sus fondos (…) y para ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los bienes o propiedad de los mismos”. El juez intenta determinar si –aunque la figura del blanqueo se introduce con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio—los fallos del Tribunal Supremo que ya habían fijado doctrina jurisprudencial antes de esa fecha permiten sostener la acusación de blanqueo de capitales".

Castro quiere analizar no sólo la jurisprudencia del Supremo sino también las pruebas que obtenga en la indagación que ha hecho en torno a ocho cuentas bancarias de Urdangarin. Castro tomará esa decisión tras el análisis de los movimientos bancarios que ha pedido que le remitan Caixabank, a la que ha solicitado información sobre cuatro cuentas y otras cuatro entidades: Banco Santander, Privat Bank Degroof, Caja Araba Eta Gazteiko Aurreski y Citibank.

Las penas crecen, las posibilidades de pacto disminuyen

La medida tiene una consecuencia jurídica inmediata: dinamita la posibilidad de que se alcance un acuerdo extrajudicial o pacto de conformidad en los términos negociados en 2013, que implicaban que Urdangaríi aceptaría una sanción inferior a los cuatro años de prisión. Ahora, en lugar de los 15 años de prisión que suman los otros cuatro delitos de los que se le acusa (prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos) Urdangarin se enfrentaría a sanciones de hasta 21 años de cárcel. Una rebaja de 16 años de pena sería inaceptable no sólo para la propia Fiscalía Anticorrupción sino también y, sobre todo, para las acusaciones populares cuyo visto bueno es imprescindible para ese acuerdo.

De hecho, la acusación popular ejercida por Manos Limpias ha sido, precisamente, la que pidió la imputación por el delito de blanqueo de capitales con el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es de perfecta adaptación, “no produciéndose una aplicación retroactiva de una ley penal desfavorable, toda vez que la reforma legal que introdujo dicha ley, lo que vino a hacer no fue otra cosa que confirmar la doctrina que jurisprudencialmente ya venía admitiéndose del autoblanqueo”, argumenta la abogada Virginia López Negrete en un escrito remitido al magistrado. 

el "quinto elemento" de la acusación

 

El "quinto elemento" en el que trabaja Castro por "blanqueo de capitales" se suma a los otros cuatro delitos a los que la Fiscalía Anticorrupción ha dado su apoyo. Esas cuatro figuras delictivas daban lugar a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Tanto el juez como el Fiscal respaldaban las siguientes acusaciones:

• Prevaricación: El juez y la fiscalía acusan a Urdangarin de negociar con los gobernantes del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana convenios de colaboración que violaron los procesos de adjudicación previstos por la ley y por los que el yerno del Rey ingresó a dedo 5,8 millones de euros. Esa adjudicación irregular convertiría a Urdangarín en corresponsable de esa prevaricación.
• Fraude a la Administración: Iñaki Urdangarín y Diego Torres facturaron presuntamente a través del instituto Noos trabajos ficticios para justificar esas adjudicaciones. Esa facturación de servicios inexistentes fundamenta la acusación.
• Falsedad documental. Los dos socios falsearon presuntamente contratos, fechas y servicios facturados al Instituto Nóos por empresas de su propiedad con las que traspasaron fondos de la compañía a sus cuentas particulares. La documentación del sumario avala la acusación de falsedad.
• Malversación de caudales públicos: Buena parte de los 5,8 millones de euros conseguidos fueron desviados a las cuentas particulares de Diego Torres e Iñaki Urdangarín. El enriquecimiento derivado de ese traspaso constituye, según la Fiscalía, el delito de “malversación de caudales públicos”.