El PSOE quiere elevar la recaudación de Sociedades en 4.000 millones aunque no figure en el pacto con C's

El equipo económico de Pedro Sánchez se reunió el pasado miércoles con representantes de los técnicos del Ministerio de Hacienda para hablarles del acuerdo de gobierno que ha alcanzado con Ciudadanos, que incluye diversas medidas concretas en materia fiscal y una reforma en profundidad del sistema tributario para 2017.

Para conseguir el apoyo de la formación naranja, el PSOE se tuvo que dejar por el camino algunas de las propuestas de su programa electoral, aunque confía en mejorar ahora el texto para recortar el déficit recaudatorio que tiene España respecto a otros países de la UE, de entre 50.000 y 70.000 millones.

Fuentes presentes en la reunión han explicado a Vozpópuli que el PSOE quiere ir un poco más allá de lo pactado sobre el Impuesto de Sociedades. El acuerdo contempla una reforma en profundidad del tributo “para acercar los tipos efectivos a los nominales y aproximar la recaudación del impuesto a la media de la zona euro”, pero no especifica los cambios ni cuantifica su impacto.

Los socialistas quieren elevar la recaudación del impuesto en 4.000 millones a través de la revisión de las múltiples exenciones y bonificaciones. En su programa, apostaban también por establecer una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable de las grandes empresas que hayan tributado de forma efectiva en otro país, para que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.

También quiere mejorar los ingresos del IVA haciendo pagar a los que no pagan 

Además, ven cierto margen para aumentar los ingresos de IVA, pero no elevando los tipos, sino aumentando el control y haciendo que paguen los que ahora no lo hacen. De hecho, según los cálculos de los técnicos de Hacienda, España está a la cola de Europa en recaudación de IVA, por detrás de Grecia.

Sobre este impuesto, el acuerdo de PSOE y Ciudadanos solo contempla reducir el cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4% e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico. En el apartado de lucha contra el fraude, no se habla específicamente del IVA.

Pero estas no son las únicas diferencias entre el programa del PSOE y el acuerdo de gobierno de las dos formaciones. El programa incluía también la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), de base amplia y con el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados para desincentivara la especulación financiera. El acuerdo no recoge nada de esta figura.

Sobre los impuestos especiales, el pacto entre PSOE y Ciudadanos contempla una revisión para hacer de “unos auténticos impuestos medioambientales”. En concreto, se comprometen a eliminar el Impuesto de Matriculación y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.

El programa de Pedro Sánchez, en cambio, recogía la creación de varias figuras además del impuesto sobre las emisiones de CO2, como el impuesto sobre los óxidos nitrosos, el de las emisiones de los vehículos de motor (que fusionaba los actuales tributos de matriculación y circulación), un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos y uno sobre residuos de envases, embalajes y bolsas. Además, incluía la reforma del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el canon de vertidos.

Las peticiones de Gestha

Gestha, por su parte, aprovechó el encuentro para advertir al PSOE de que el Estatuto de Agencia Tributaria que ha pactado con Ciudadanos no evitará las injerencias políticas, y ha asegurado que lo que necesita el organismo es una estructura más horizontal para evitar que el poder se concentre en pocas manos.

Los técnicos han valorado positivamente la intención del PSOE de elevar la plantilla de la Agencia, pero recuerdan que los nuevos funcionarios podrían tardar unos tres años en incorporarse a sus puestos, por lo que consideran más práctico aumentar las competencias de los trabajadores actuales en la lucha contra el fraude fiscal, un objetivo capital para cualquier Gobierno.