Delito de terrorismo

La juez vincula la agresión de los guardias civiles de Alsasua con un movimiento apoyado por Bildu

La juez Lamela explica que los guardias civiles fueron agredidos en la localidad navarra "única y exclusivamente" por el hecho de ser miembros del Instituto Armado. Los presuntos responsables de las agresiones trataban de generar en los miembros de la Guardia Civil "una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad".

CONCENTRACION VECINOS DE ALSASUA
CONCENTRACION VECINOS DE ALSASUA Jesus Diges

La Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra han remitido sendos informes a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, la juez Carmen Lamela, donde identifican a doce personas como los responsables de la agresión sufrida en Alsasua por dos guardias civiles y sus parejas, un caso que se investiga como un presunto delito de terrorismo.

En un auto notificado este jueves a las partes, la juez Lamela donde explica que Jokin  Unamuno, Adur Ramírez, Aratz Urriola, Julem Goikotxea, Edurne Martínez, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Oihan Arnanz, Aitor Calleiras, Ainara Urquijo, Aritz Urdanagarin y Naia Bengoetxea como "las personas que protagonizaron las agresiones e insultos" que sobre las 2:30 horas del día 15 de octubre un teniente y  un sargento de la Guardia Civil sufrieron en el bar Koxka y, posteriormente, en la vía pública.

La magistrada explica que atendiendo al relato de hechos realizado por la asociación de víctimas del terrorismo Covite así como por los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado se puede concluir que los agentes fueron rodeados por "entre veinte y veinticinco personas" que comenzaron a insultarlos y amenazarles con expresiones tales como "esto os pasa por venir aquí", "perros", "putos pikoletos", "hijos de puta", etc. La instructora de la Audiencia Nacional argumenta que entre los agresores se hallaban las doce personas identificadas con anterioridad "que conocían la condición de guardia civiles del teniente y el sargento, siendo ésta la única y exclusiva causa por la que fueron insultados y golpeados".

Provocar sensación de "miedo continúo"

Carmen Lamela recoge en su resolución que "según se expone por los investigadores, los actos reflejados en el razonamiento anterior, se desarrollaron dentro del ambiente del movimiento Alde Hemenki (Fuera de Aquí) cuyo objetivo principal desde sus inicios (1998-1999), tal y como se explica en el atestado ampliatorio confeccionado por la UOPJ de la Guardia Civil de Navarra, es al negativa a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como las Fuerzas Armadas, en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco".

De la misma forma, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional añade "tal campaña fue en sus inicios promovida por la organización Gestoras Pro Amnistía y ha contado con el apoyo de Jarrai, Haika y Segi", consideradas organizaciones vinculadas a ETA, "persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical". Además, Lamela añade que estas plataformas cuentan con apoyo de Bildu, Sortu y Ernai.

La instructora sostiene que dichas plataformas "realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la actualidad fundamentalmente Guardia Civil, y las familias de éstas, buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad".

El movimiento Ospa

En concreto, en la localidad navarra de Alsasua se encuentra el movimiento "Ospa" que "ha venido realizando diferentes actividades e iniciativas, todas ellas encuadradas dentro de la campaña "Aloe Hemendik /Que se vayan/ Fuera de aquí" y "cuyos promotores son Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez".

Los objetivos de dicho movimiento son, por un lado, "influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil así como de sus familiares, (…) y de otro  crear un clima de miedo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar vínculo afectivo o simplemente de amistad o cortesía con los miembros de la Guardia Civil".

Por último, la juez Lamela sostiene que los hechos pueden constituir un delito de terrorismo por cuanto la actividad de los denunciados, teniendo en cuenta el ámbito en el que tuvieron lugar y las circunstancias que los rodearon, cumplen las previsiones legales, contenidas en el citado tipo legal del 573 del Código Penal, "al encontrarnos ante la comisión de un delito grave  contra la integridad física (lesiones) cometido con la finalidad de alterar la paz pública o contribuir a tal fin, atemorizando a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias, especialmente a la Guardia Civil, a fin de que abandonen los territorios del País vasco y de Navarra y, más concretamente en este caso, la localidad de Alsasua, así como provocar que el resto de ciudadanos entablen relación con aquellos provocando de esta forma su aislamiento social".



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