España

Sólo 2 de las 94 iniciativas legislativas populares presentadas desde 1983 se han convertido en ley

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es la única fórmula que tienen los ciudadanos de participar en la actividad legislativa de las Cortes. Para poder presentarla se requieren 500.000 firmas, que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos propone rebajar a la mitad, aunque la realidad confirma que prácticamente todas son rechazadas. Sólo 2 de las 94 presentadas desde 1983 se han convertido en leyes.

Presentación de una iniciativa legislativa popular en el Congreso.
Presentación de una iniciativa legislativa popular en el Congreso. EFE

La iniciativa legislativa popular está recogida en el artículo 87.3 de la Constitución, pero la ley orgánica que regula su ejercicio no fue aprobada hasta 1984, siendo Felipe González presidente del Gobierno. Desde entonces,  el número de ellas no ha dejado de crecer legislatura tras legislatura, hasta sumar 94 desde la II. En los poco más de dos meses transcurridos desde las elecciones del 20-D se han registrado ya 2, una de ellas sobre dación en pago, y se acumulan para su tramitación cuatro más del anterior periodo de sesiones.

La pasada legislatura, la X (2010-2015), registró 27 iniciativas, 16 la IX, 11 la VIII, 10 la VII, 8 la VI, 5 la V, 7 la IV, 1 la III y 2 la segunda, la primera en que se presentaron. La primera de ellas tenía como objetivo el mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM),  que fueron cerrados con la reconversión industrial en 1984. Ese mismo año se presentó otra iniciativa sobre “pensiones de jubilación para administradores familiares amas/os de casa”, igualmente “inadmitida a trámite en términos absolutos”.

La ILP es en nuestra democracia representativa el único instrumento de democracia directa, que permite a los ciudadanos la participación en el proceso de producción normativo, y es la única vía para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que no encuentra eco en los partidos políticos con representación parlamentaria.

37 iniciativas caducaron al no conseguir 500.000 firmas en plazo, y otras tantas fueron inadmitidas a trámite por la Mesa del Congreso

La pasada legislatura, la X, fue la que registró un mayor número de iniciativas populares de este tipo, las ya citadas 27. De ellas destaca una para la revisión y eliminación de distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos, que fue inadmitida a trámite en términos absolutos y que ahora, curiosamente, figura entre los acuerdos suscritos entre el PSOE y Ciudadanos. El mismo destino que corrió otra iniciativa sobre la eliminación de prebendas de la clase política cesada.

El ejercicio de la iniciativa legislativa popular requiere la presentación en el Congreso de un texto articulado de proposición de ley precedido de una exposición de motivos. La Mesa del Congreso examina la documentación y en el plazo máximo de 15 días se pronuncia sobre su admisión o no. A partir de ese momento los promotores disponen de nueve meses, prorrogables tres meses más, para recoger las 500.000 firmas necesarias para que continúe su tramitación. Una vez se presentan las firmas necesarias, la Mesa ordenará la publicación de la Proposición, que deberá ser incluida en el orden del día del pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.

Este requisito ha hecho fracasar 37 iniciativas, que caducaron al sobrepasarse los plazos sin lograr las adhesiones necesarias. Entre ellas estaba una “proposición de ley para crear seis millones de puestos de trabajo”, y otra para la modificación de diversas normas “para la prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de las familias por el crédito (ambas en la IX legislatura); otra para aumentar la baja por maternidad a seis meses, o “sobre cambio de la denominación de matrimonio entre homosexuales por la de homomonio", las dos durante la VIII Legislatura.

El mismo número de iniciativas, 37, fueron inadmitidas a trámite por la Mesa del Congreso , entre ellas una proposición de ley sobre elección de la forma de Estado y del Jefe de Estado de España, otra sobre protección y bienestar de los animales, o la que proponía crear una comisión para la averiguación y esclarecimiento de adopciones irregulares, sustracción y tráfico de recién nacidos y menores, que fue presentada en la IX legislatura, pasó a la X, y fue finalmente inadmitida.

Las dos únicas que se han convertido en ley son una relativa a la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, aprobada durante la pasada legislatura, y otra sobre la reclamación de deudas en comunidades de propietarios, que fue subsumida en otra iniciativa.

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