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Un ex concejal y un ingeniero de Lloret de Mar destaparon los pufos del 'rey de la basura'

La Guardia Civil registrando el Ayuntamiento de Lloret de Mar.

Los presuntos pufos en la adjudicación de servicios de basura en el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Gerona) y otros consistorios catalanes -mayoritariamente gobernados por CIU- en favor del empresario y propietario de GBI Services, Gustavo Buesa, fueron descubiertos gracias a la colaboración con la Guardia Civil de dos 'gargantas profundas'.

Según consta en el sumario de la operación Trueno, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes del Instituto Armado escucharon con detenimiento los testimonios del ex concejal de Obras Públicas y Medio Ambiente, Josep Teixidor, y el ingeniero de Medio Ambiente del Consistorio de Lloret de Mar, José Luis Díaz, antes de detener el pasado 13 de julio a los principales protagonistas de esta red de corrupción. Ambos testigos relataron a la Guardia Civil la multitud de irregularidades que rodeaban a las concesiones otorgadas al entramado empresario del conocido como 'rey de la basura'.

En concreto, el ingeniero José Luis Díaz explicó el 11 de febrero de 2015 que el interventor del Ayuntamiento de Lloret, Carlos Arbó -también investigado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Blanes- le impidió ejercer su trabajo y le sugirió cómo debían redactarse los pliegos relativos al servicio de basuras. En el momento en que el ingeniero se negó a redactar uno de esos pliegos siguiendo las directrices del citado interventor fue apartado y sustituido por una funcionaria en prácticas.

Anticorrupción sostiene que tras los amaños en la concesión de basuras pudieron cometerse delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude o exención ilegal

Además, el testigo explicó que Carlos Arbó le advirtió de que podría ser expedientado si continuaba facilitando datos de los servicios a adjudicar en el consistorio a la Diputación de Barcelona. El funcionario puso de manifiesto que elaboró un informe relacionado con los servicios de limpieza otorgados a las empresas del ex socio de Pujol, Gustavo Buesa, donde exponía que la "relación calidad precio distaba mucho de ser idónea para el servicio prestado, dado que el mismo se realizaba sin ningún rigor técnico que verdaderamente cuantificase los servicios a realizar y el consiguiente importe del mismo".

Por su parte, el ex edil independentista de Lloret, Josep Texeidor, compareció el 17 de junio de 2014 ante la Guardia Civil para detallar la influencia que ejercía el consejero delegado de GBI Service, Gustavo Buiesa, a la hora de lograr las adjudicaciones en el consistorio gerundense investigado. Por ejemplo, el que fuera concejal de Obras Públicas y Medio Ambiente entre los años 2003 y 2007 contó a los agentes que la concesión otorgada a GBI Serveis Sau para construir un Centro de Tratamiento de Residuos Municipal en Lloret de Mar se adjudicó por 29.356.990 euros más IVA a las empresas de Buesa cuando la filial de Sacyr, Sufi, mejoró su oferta en 500.000 euros y tenía además una amplia experiencia en el sector; algo de lo que carecía GBI Serveis Sau.

Estos amaños en contratación pública que desataron el estallido de la denominada operación Trueno el pasado mes de julio podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude o exención ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y tráfico de influencias, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción en la querella que dio lugar al presente procedimiento judicial.

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