"Nos tienen como recaudadores; es una competición diabólica por no perder sueldo"

"Al analizar su actividad (...) se llega a la conclusión de que es ciertamente escasa. Teniendo en cuenta que afortunadamente no ha tenido usted que actuar en ningún accidente con heridos, ha tenido mucho más tiempo para dedicarse a otras labores fundamentales de todo componente de la Agrupación de Tráfico (...). Sorprende que siendo la vigilancia de carreteras un cometido fundamental que queda patente en la diversa normativa, y al que según sus papeletas de servicio usted ha dedicado mucho tiempo y ha recorrido muchos kilómetros, no haya observado ni una sola infracción". Éste es un fragmento de un escrito que recibió un agente de la Guardia Civil de Tráfico en el que su superior le alertaba de su "bajo rendimiento profesional" a juzgar por su escaso número de denuncias.

La situación no es nueva, pero no cambia. Desde hace años, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la agrupación mayoritaria del instituto armado, viene denunciando la excesiva valoración que se da a las denuncias por infracción de la Ley de Seguridad Vial en detrimento de otras actividades propias de la Agrupación de Tráfico, como pueden ser la prevención y el auxilio en carretera. Y no solo eso, sus quejas apuntan a supuestas presiones y amenazas para que los agentes sean más activos poniendo multas, en ocasiones hasta por escrito, como consta en el documento al que ha tenido acceso este medio. De lo contrario, podrían perder sus complementos por productividad funcional y seguridad vial, lo que supone cerca de unos 200 euros mensuales para un agente de la escala básica.

  

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La normativa faculta a los jefes para retirar los complementos por productividad para quienes queden por debajo de la media en puntuación, lo que a veces no significa denunciar poco, sino menos que el resto

"Hemos llegado a un punto en el que parece que nuestro trabajo es única y exclusivamente generar denuncias porque da dinero. Nos tienen como recaudadores", protesta un portavoz de la AUGC consultado por Vozpópuli. El temor al que se enfrentan todos los meses los agentes de muchos destacamentos de Tráfico radica en el RAI (Resumen de Actividades Individuales), un sistema que evalúa el trabajo que cada componente de cada especialidad realiza. El RAI, sistema que implantó el Gobierno socialista, establece unos parámetros según los cuales cada tipo de intervención tiene una puntuación y mensualmente, basándose en los datos de las actividades individuales de los componentes de la unidad, se hace una media global. Los agentes que queden por debajo de esa media pierden los mencionados complementos retributivos. "Es una competición diabólica porque nadie quiere quedar el último y perder parte del sueldo", aseguran desde la AUGC. Consideran que, por supuesto, hay que denunciar, porque hay que hacer cumplir la ley, pero ése no es el único cometido de la Guardia Civil.

Fuga de agentes de Tráfico a otras unidades

Así, se valoran con 4 puntos las denuncias de transportes, mientras las denuncias de seguridad vial reciben una asignación de entre 3 y 4 puntos (hasta 9 si se trata de sanciones en controles de alcoholemia) frente a 1 en el caso de los auxilios en carretera al ser considerados éstos "situaciones encontradas". Por eso, la sensación del colectivo de guardias civiles es que "el compromiso con la sociedad, que es lo que ha dado prestigio a la Guardia Civil y lo que hace años era el servicio estrella" sea lo menos valorado por los jefes. El problema -explican- es que no hay un tope máximo de denuncias, por lo que quedarse el último no significa haber denunciado poco, sino menos que el resto.  Lo que se fomenta con esto es que "sales a la calle buscando una presa". "Muchos de ellos son trabajadores que tienen que pagar una hipoteca", justifica el portavoz de la AUGC. Esta situación ha dado lugar a que muchos agentes de Tráfico quieran pasar a otras especialidades para no sufrir ese estrés. En los últimos tiempos, en Madrid ha abandonado la unidad el 30% de la plantilla, "buenos trabajadores con mucha experiencia en carretera".

En Madrid se ponen aproximadamente 25.000 multas al mes; en Cádiz, por ejemplo, uno de sus tres destacamentos de Tráfico ha aumentado un 400% el número de denuncias mensuales en dos años

Aunque en la primera mitad de 2013 la recaudación por multas de tráfico cayó 5,3 millones de euros y las denuncias disminuyeron en 32.728, hay provincias en las que la escalada no cesa. Madrid, donde la media ronda las 25.000 multas al mes (solo de Guardia Civil de Tráfico), es un buen ejemplo. En los cinco primeros meses de 2013, la capital registró 1.272 denuncias más respecto al mismo período de 2012 y a mediados de agosto la cifra ya superaba las 131.000 multas, lo que supone una recaudación de 8.358.000 euros, según datos oficiales expuestos en el Congreso. Otras como Cádiz, en solo uno de los tres destacamentos de Tráfico de la provincia, se pasó de las 300 multas en enero de 2011 a las aproximadamente 1.500 del mismo mes de este año, es decir, un aumento del 400% en dos años. En Valencia, se habían puesto 58.119 denuncias en ocho meses. Pese a que el número de multas en la primera mitad del año había descendido respecto a 2012 (3.624 menos), es una de las provincias que encabezan el ránking de multas puestas por la Guardia Civil. Resulta más revelador hacer una retrospectiva mayor y establecer una comparativa más amplia. En una década (entre 2003 y 2013) se ha producido un incremento del 60% en el número de sanciones al tiempo que se ha reducido el parque móvil en España. "Hay menos vehículos y más denuncias. ¿Acaso se conduce peor ahora que hace diez años?", se preguntan en la AUGC.

La retirada del 'plus' no es ilegal, pero depende de los jefes

Junto con Madrid, Canarias, Murcia, Valencia, Sevilla o Cádiz son otras provincias en las que en los últimos años se ha venido criticando estas prácticas. Sin embargo, si bien es un hecho conocido, no puede ser entendido como una práctica generalizada en todos los destacamentos. La experiencia de un mando de Tráfico de un destacamento de Cantabria con el que ha contactado Vozpópuli contrasta con las situaciones anteriormente descritas. "Aquí valoran todo, no solo las multas. Hay compañeros que están continuamente 'en rojo' (con puntuación por debajo de la media) y a nadie se le quita esa parte de sueldo". La Orden General sobre regulación del complemento de productividad y de retribución de los sobreesfuerzos realizados faculta a los jefes de unidad para sugerir la retirada de ese 'plus' en los casos en los que el rendimiento no se considere el adecuado, por lo que tanto las actitudes de intimidación como la eliminación de esa parte del sueldo depende de la flexibilidad y actitud de los altos mandos. "Esas cartas de apercibimiento existen. Todo depende de los jefes", reconoce.

En unidades donde esto sí sucede, se han creado una especie de 'bolsas solidarias' a las que llaman 'cajas de resistencia' a las que todos contribuyen con una aportación económica mensual para ayudar a los compañeros que ese mes no cobren el complemento y así puedan tener un desahogo. Saben que el próximo mes le puede tocar a cualquiera.

La Dirección de la Guardia Civil niega la mayor, pero una veintena de sentencias judiciales han dado la razón a los denunciantes y han obligado a devolver la parte sustraída a varios agentes

La Dirección General de la Guardia Civil niega que las multas tengan una relación directa con la retirada de la productividad asegurando que el RAI de cada agente está formado en un 75% por sus actividades profesionales, entre las que se encuentran las sanciones, pero también la realización de informes, atestados, oficios y auxilios en carretera, atestados judiciales. El otro 25% de la puntuación se basa en la opinión del mando sobre el rendimiento idóneo del agente, en relación con el de sus compañeros. Y es que al instituto armado no le gustan este tipo de acusaciones y ha expedientado a varios trabajadores por denunciar públicamente las "presiones" de las que se quejan. A su favor juegan una veintena de sentencias judiciales que les dan la razón. El RAI, calificado como "injusto" e "insolidario" por sus detractores, sí convence al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no tiene ninguna intención de retirarlo.